@AlekzAguila

Siguiendo con la serie de lecciones que se pueden aprender del paso de Rubén Gregorio Muñoz Álvarez cómo alcalde del XVI Ayuntamiento de La Paz, hoy escribo sobre el Falso Desarrollo que tomó cómo estandarte de gobierno durante sus tres años de gestión.

¿Cómo olvidar que en noviembre del 2020, el edil dijo que de ser electo gobernador de Baja California Sur, convertiría a esta tierra en la Suiza de América Latina? ¿O su última frase trillada al afirmar ​​que “no nos debe dar miedo el desarrollo de La Paz, porque La Paz está destinada a ser una ciudad grande“?

No cabe duda de que el rumbo de las políticas públicas en materia de gobernanza y crecimiento adoptadas por el todavía munícipe, encaja de manera perfecta a lo que Eduardo Galeano se refería al escribir sobre “la civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo.” siendo sumamente preocupante que un supuesto representante del pueblo se atreva a sentirse poseedor de la inequívoca verdad en cuanto al destino de una ciudad entera; sobre todo cuando la mayoría de los gobernados no se sienten representados por él, especialmente a partir de la segunda mitad de su mandato.

Pero esto tampoco es una sorpresa si sabemos que Rubén se ha dedicado al negocio inmobiliario desde antes de ser candidato a la alcaldía, ya que por mucho tiempo tuvo la concesión de la compañía trasnacional Century 21 para operar en La Paz, asunto que es muy importante para entender el desarrollo de esta gestión municipal.

Prueba del compromiso de Muñoz Álvarez con el gremio que impulsa un falso desarrollo, está su cercanía con la familia Sánchez Navarro, vieja conocida en tierras sudcalifornianas por ser los artífices del modelo de la sanluquización -mote derivado del modelo hotelero en Cabo San Lucas-; característico por acabar con el entorno natural para cimentar proyectos inmobiliarios que muestran el falso oro de las oportunidades laborales, pero que realmente son sumamente precarias y terminan generando que personas desesperadas por trabajo se trasladen a centros de población incapaces de recibirles -por el pésimo desarrollo de la ciudad- y, que a la postre forman asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo terminando por perderlo todo en una de las cada vez más manifestaciones de la crisis climática.

Ha sido tan estrecha esta relación, que el actual alcalde gestionó incluso más vuelos que llegan a visitar la ciudad de La Paz con la promesa de que la capacidad de hospedaje estaría incrementándose de la mano del grupo inmobiliario de Miguel Sánchez Navarro; por lo que en aras de cumplir este compromiso -haciendo uso de la influencia para que un grupo de regidorxs votara todas sus propuestas sin un ápice de análisis-, logró que el cabildo otorgara ilegalmente el permiso de construcción del hotel Hampton Inn, aun y cuando éste viola los lineamientos del Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad.

Pero eso no es todo, ya que la masa crítica controlada por Rubén Muñoz en el cabildo, también aprobó de manera ilegal la venta de un predio para que Al Mar Residencial, desarrollo de lujo ubicado a una cuadra de un barrio sumamente olvidado –El Manglito-, no se viera obligado a apegarse al Art. 74 de la Ley de Desarrollo Urbano de BCS y, en lugar de donar un espacio para disfrute público, recibió una cantidad de dinero mucho menor a su valor de mercado.

Con este movimiento operó un paliativo para la comunidad que ha estado defendiendo sus intereses por contar con un parque, y recibió una donación por parte de la SEMAR -que cabe señalar fue gestionada por el comité vecinal del barrio- en el cual se está construyendo una obra que corre el riesgo de desaparecer en cualquier momento tal y cómo sucedió con la unidad deportiva de Rangel y 5 de febrero, en decisiones apresuradas y noticiosas de invertir dinero municipal en terrenos que no pertenecen a la ciudad y sin respetar en su totalidad la decisión de la comunidad.

Y si este relato no fuera lo suficientemente gris, la cereza del pastel llega con Punta Norte, este proyecto -de los ex-socios de Rubén: Century 21- tapizado de corrupción, irregularidades y simulaciones que demuestran una falta de vergüenza por parte de la mayoría del cabildo, de tal proporción que incurrieron en un delito penal cómo lo es la autorización en el cambio de uso de suelo ante la falta de atribuciones, con tal de aprobar antes de terminar la gestión municipal, un desarrollo inmobiliario que traerá más problemas a una ciudad ya sumamente mal planeada. 

Vemos pues, cómo es que el supuesto desarrollo que impulsa Rubén Muñoz no es más que un espejismo que termina por beneficiar a los grandes empresarios que se desentienden de cumplir sus obligaciones cómo empleadores y siguen disminuyendo la calidad de vida de quienes llegan a la Baja a buscar un empleo digno y bien remunerado. No se está viendo que los supuestos beneficios que han traído las políticas públicas desarrollistas estén mejorando la calidad de vida de pescadores, trabajadorxs de hoteles o prestadores de servicios; sino que los ricos son quienes cada vez son más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres en el estado.

Y también es una realidad que las arcas municipales están quebradas, endeudadas y sin capacidad próxima de mejoría. Es por eso que el gobierno entrante tiene el gran reto de regular el suelo, fortalecer su sistema de catastro y comenzar con una mejor estrategia de recaudación de ingresos sobre todo a partir del impuesto predial. Aunque no sea un tema popular, la próxima alcaldesa -Milena Paola Quiroga, electa por el partido MORENA- tiene la obligación de implementar acciones que incentiven el pago de este derecho a la ciudad para poder entonces costear servicios tan básicos como los municipales.

Se debe asignar una mucho mayor cantidad de financiamiento a la inversión social, a fomentar las capacidades de los barrios y comunidades para fortalecer sus economías internas y circulares; así como escucharles y poner en marcha una reestructuración de valores catastrales para predios que deben pagar mucho menos predial, y que además son poseídos por familias que están dispuestas a hacer estos pagos, siempre y cuando sean justos. También el municipio tiene la obligación de dialogar con el entrante equipo legislativo estatal para modificar el impuesto turístico que ha sido un gran catalizador para un estado como Quintana Roo que, si bien presume incluso peores prácticas de falso desarrollo, ha logrado aprovechar este ingreso para encontrar vías alternas a impuestos cargados a la población local; y que bien estructurados deben ser cubiertos por los magnates hoteleros y no trasladados a lxs viajerxs, evitando así la desincentivación o encarecimiento de las visitas a la capital.

Una de las grandes obligaciones que tiene Milena, es reflexionar qué es lo que tiene que hacer su administración para mejorar las actuales condiciones de vida de quienes ya habitamos La Paz; para entonces comenzar a visibilizar cambios positivos en la actual mancha urbana. Primero es necesario resolver temas de recolección de basura, alumbrado público, infraestructura segura para traslados en cualquier vehículo o a pie, vincular a una verdadera policía de proximidad y dar seguridad a los barrios donde opera de manera impune el crimen; antes de siquiera pensar en acrecentar el mapa de la ciudad.

Está en manos de la municipalidad en mancuerna con gobiernos de otros órdenes, poner un freno a la indiscriminada eliminación de vivienda asequible a costa de modernos modelos de hospedaje que terminan por gentrificar barrios o por tener el centro de la ciudad en las condiciones en las que está, completamente desolado y sometido a una burbuja inmobiliaria que debe ser atendida con suficiente autoridad.

Finalmente, haciendo uso de su limitado alcance en este tema, la alcaldía entrante de ser realmente progresista y con miras a combatir la desigualdad, debe entorpecer en lo máximo posible la transición que busca el gobierno actual para transformar a La Paz en un puerto dedicado a los mega cruceros, ya que este modelo no beneficiaría de ninguna manera a la población, algo comprobado en otras ciudades del país.

Es por eso que la entrante administración será sumamente observada y sometida a escrutinio de estos temas, que son los que actualmente tienen mayor importancia y logran movilizar a una ciudadanía cada vez más crítica e informada.

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