Por Daniela Reyes
Durante la administración del exgobernador Carlos Mendoza (2017-2021), alrededor de 31 millones de pesos se manejaron con irregularidad en un programa de Créditos para Emprendedoras Sudcalifornianas, que incumplió con las reglas de operación, no tenía presupuesto suficiente para su operatividad, carecía de supervisión y de indicadores de resultados; muchos de los créditos se entregaron a un grupo de la población que no era el objetivo, entre ellas funcionarias públicas estatales de acuerdo con testimonios, entrevistas a especialistas en políticas públicas y ex -funcionarios, así como solicitudes de información e información pública.
A Dorotea con sus 59 años y una discapacidad auditiva, le interesaba consolidar un negocio de venta de comida que instalaría en los tianguis donde ya trabajaba y vio en los Créditos a Emprendedoras que promocionaba el Gobierno del Estado de Baja California Sur, la oportunidad para materializarlo, platicó en una entrevista.
Tomó las capacitaciones, entregó documentación y solicitó la cantidad más alta, 40 mil pesos, pero en 2019 sólo le otorgaron la mitad del dinero. Esa cantidad no fue significativa para su negocio de comida y tampoco recibió acompañamiento por parte del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMujeres) para llevar a cabo su proyecto una vez que le entregaron el dinero, dijo.
A causa de eso, reconoció que no pudo llevar a cabo el proyecto que planteó ni devolver el dinero. Hoy se encuentra en la lista de deudoras, proporcionado por el ISMujeres vía transparencia, que no le permite acceder a ningún otro programa del gobierno de Baja California Sur.
El caso de Dorotea es un ejemplo de muchos que se repiten en Baja California Sur, un estado en el noroeste de México, con el Programa de Fortalecimiento a Mujeres Emprendedoras Sudcalifornianas (PEFMES), una iniciativa que se implementó durante el mandato del exgobernador panista Carlos Mendoza Davis (2015-2021).
La intención de ese proyecto era otorgar “créditos a la palabra”, con modalidad revolvente, de fácil acceso y sin intereses a mujeres que no podían acceder a créditos bancarios para que, de esta forma, pudieran fortalecer o iniciar un negocio.
Sin embargo, se detectaron varias irregularidades en la implementación del programa como que no contaba con presupuesto para operar, según informó el ISMujeres vía transparencia; no había un seguimiento a los créditos, y el único indicador para evaluar los resultados era el número de créditos otorgados que, en la opinión de Eunice Sánchez, especialista en programas sociales y consultora en Humint Mx, no es un indicador pertinente.
Además, la mayoría de los créditos fueron entregados a un grupo de la población que no era el objetivo del programa, entre ellas al menos ocho funcionarias públicas estatales, de acuerdo con un análisis hecho a partir del mapeo de las direcciones de las beneficiarias entregadas vía solicitud de información por el ISMujeres y consultando información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia.
A través de este mapeo de beneficiarias y de las áreas de rezago social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2020), la autora encontró que en el municipio de La Paz el PEFMES benefició mayoritariamente a mujeres paceñas de áreas urbanas (98 por ciento) y con un índice de rezago social bajo y muy bajo (98 por ciento) y no benefició a ninguna mujer de áreas urbanas con rezago social muy alto en todo el estado.
La mayoría de los créditos que, según las reglas de operación, debían entregarse a mujeres con bajos recursos, no fueron entregados a la población con mayor rezago social en La Paz.
Otras irregularidades reconocidas por el ISMujeres a través de una solicitud de información y que van en contra de las reglas de operación del programa, es que no hay evidencia de convocatorias del PEFMES en los años 2017 y 2018, mientras que la convocatoria 2019 no incluyó los objetivos del programa.
La institución también reconoció vía transparencia la falta de evidencia de las actas de sesiones del Comité Evaluador de Proyectos durante el 2017, pero no entregó las actas de 2018 a 2020 hasta el momento de esta publicación.
En conjunto, todas estas irregularidades van en contra de las reglas de operación y las obligaciones mínimas de transparencia, de acuerdo con Sánchez, la especialista en programas sociales.
De acuerdo con los presupuestos de egresos la Secretaría de Finanzas y Administración, el total del recurso asignado al programa fue de 31 millones 292 mil 859 pesos, de esta cantidad hubo un subejercicio de 9 millones 607 mil 80 pesos en 2017, 2020 y 2021; además de que otros 19 millones 552 mil 33 pesos corresponden a adeudos parte de las beneficiarias que recibieron un crédito, pues las autoridades han recuperado sólo un millón 820 mil 604 pesos de abonos y liquidaciones.
Al restar el recurso subejercido, los adeudos y el dinero recuperado al total de 31.2 millones, queda una diferencia presupuestal de 313 mil 142 pesos que ni la Secretaría de Finanzas y Administración Pública ni el ISMujeres lograron justificar vía transparencia.
Todas estas irregularidades atraviesan la experiencia de las beneficiarias de PEFMES, que como Dorotea la resume con un: “Eso es mejor que no recibir nada”. Desilusionada de los programas de gobierno, insistió en que: “Al final terminan beneficiando a otras personas”.
Para esta investigación la periodista analizó los 615 casos de 2017 a 2021 en el municipio de La Paz, la capital del estado, de acuerdo con una base de datos de beneficiarias en el estado, proporcionada por el ISMujeres a través de una solicitud de información.
Con el objetivo de profundizar en la experiencia de las beneficiadas con el programa, se visitaron 15 domicilios, se levantaron ocho encuestas y un grupo de cuatro personas ofrecieron sus testimonios para esta investigación, que solicitaron no ser identificadas debido a que temen represalias al participar en futuros programas gubernamentales.
PEFMES, un programa sin planeación y medición de resultados
Cristina Herrera fue invitada a dirigir el ISMujeres de 2015 a 2017 y en entrevista comentó que junto al gobernador de BCS, surgió la idea de replicar un esquema de préstamos a la palabra, como el Crédito a la Palabra de la Mujer en Aguascalientes, con la intención de que fueran entregados por primera vez en el marco del 8 de marzo de 2017.
“El gobernador me dice: ‘Oye Cristina, ¿qué vas a hacer para el 8 de marzo? Ponte a pensar realmente cómo podemos apoyar a las mujeres’. Entonces él me enseñó un modelo de programa de créditos que se replicaba en otras entidades y me dice: ‘Estúdialo y si tú crees que es conveniente en Baja California Sur implementarlo, lo lanzamos’”, contó Herrera.
Así, en 2017 inició el PEFMES como un crédito dirigido a mujeres emprendedoras con un presupuesto inicial estatal de 7 millones 500 mil pesos y operado por el ISMujeres e inscrito en el Programa Sectorial de Igualdad entre hombres y mujeres, cuyo objetivo era “incentivar la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones”.
Para participar en el PEFMES, las solicitantes acudían a una capacitaciones y presentaban un proyecto para crear o fortalecer un negocio que posteriormente era valorado por el Comité de Selección de Proyectos del ISMujeres, responsable de seleccionar a las beneficiarias, dar seguimiento a los financiamientos, emitir las reglas de organización y funcionamiento, y de elaborar un plan de trabajo y un calendario de sesiones del comité.
Este comité era integrado por la directora y coordinadora administrativa del ISMujeres; y representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Finanzas y Administración y de la Contraloría General del Estado, según las reglas de operación.
Una vez seleccionadas, la Secretaría de Finanzas y Administración entregaba el recurso a las beneficiarias en cheques y estas firmaban un plan de pago en el que, de acuerdo con las reglas de operación, se comprometían a abonar mensualmente hasta devolver por completo el monto, con el incentivo de que si lo hacían serían consideradas para recibir una cantidad mayor en su próximo crédito.
De 2017 a 2020 se benefició a mil 93 mujeres en Baja California Sur según una base de datos obtenida por solicitud de información, y que representan el 0.78 por ciento de las 138 mil 699 mujeres consideradas como población ocupada por la Encuesta Nacional de Empleo (INEGI, 2015).
Este programa tenía como objetivo contribuir a la creación y permanencia de los proyectos productivos, fomentar el autoempleo de las mujeres y contribuir a la generación de empleos, de acuerdo a las convocatorias del programa lanzadas en 2020 y 2021.
Para lograrlo, tenía como única meta otorgar 700 créditos de 2017 a 2021 para evaluar su éxito, según el Programa Sectorial de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2015-2021 para la entidad, misma que fue rebasada.
Sánchez afirmó que un indicador más adecuado para este programa sería medir qué tanto aumentaron los ingresos de las beneficiarias y los empleos generados, ya que el número de beneficiarias sólo es un indicador de gestión, pero no de impacto.
En 2019, el gobierno estatal redujo el 26 por ciento del presupuesto anual del programa que, más el millón 26 mil pesos que había sido devuelto por las beneficiarias hasta ese momento, sumó un presupuesto final de 6 millones 456 mil 953 con el que el ISMujeres entregó 430 créditos, el triple de la meta asignada para ese año, de acuerdo con Carlos Iván Chaidez, quien fue coordinador del PEFMES de 2019 a 2021 y contestó un cuestionario para este reportaje.
Los demás coordinadores/as confirmados vía transparencia por el ISMujeres, Rafael Ramos Rodríguez (2017) y María de Lourdes Mendoza (2018-19), no fueron entrevistados para esta investigación. El primero porque no respondió la comunicación vía mensajes y la segunda porque no pudo ser localizada.
Ante este ejemplo de 2019, Sánchez, la experta en programas sociales, opinó que “en realidad se están creando como changarros con poca probabilidad de éxito, y con los montos pequeños es muy poco probable que sean negocios formales; entonces, lo que se genera es más informalidad y también es precariedad en el empleo”.
Las reglas de operación señalan que los apoyos pueden ir de 3 mil hasta 40 mil pesos, pero aunque la mediana del monto solicitado es de 39 mil 900 pesos, la mediana de lo que las beneficiarias recibieron es de 20 mil pesos, de acuerdo a la base de datos proporcionada por el ISMujeres.
Con 20 mil pesos, por ejemplo, Dorotea, compró insumos para vender tamales en el tianguis que tuvo que vender ante los embates de la pandemia que paralizó la economía.
“Lo que sí recuerdo es que no fue el dinero completo pero como ya no nos iban a dar nada, quedé contenta porque nos sirvió para seguir trabajando. Pero llegó el Covid y como yo hago tamales y cosas así, mucho del insumo se consumió de manera personal y otras latas se fueron quedando y las compartí porque se iban a echar a perder”, platicó en entrevista.
Cristina Herrera, exdirectora del ISMujeres en 2017, explicó que el crédito consistía en ayudarles a empezar un negocio pero no a poner una gran empresa y que a quienes se les dio más dinero era porque el proyecto presentado lo ameritaba por su viabilidad.
“Les dimos talleres de contabilidad básica, desarrollo profesional y humano. Es decir, que tuvieran herramientas porque de pronto es gente muy sencilla o muy humilde que necesita ese pequeño empujoncito para que si sale con su carrito de hot dog, una estética o uñas, no le vaya mal y que se sepa administrar. Esos eran créditos. O sea, tampoco les ibas a dar para que pusieran una gran empresa, pero es empezar por algo”, explicó Herrera.
Juliana, otra beneficiaria, solicitó 40 mil pesos y recibió 17 mil que no le alcanzaron para llevar a cabo el proyecto que había propuesto y sólo compró un poco de herramienta que necesitaba, lo liquidó y lo consideró como “una pequeña ayuda”.
“Para mí fue una buena forma de tener un poquito más de capital. Fue satisfactorio, pero si hubiera sido un poquito más de dinero hubiera sido aún mejor”, dijo.
Mercedes Maciel, ex diputada local (2018-2021) por el Partido del Trabajo y actual representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la entidad, consideró el PEFMES como un buen programa pero enfatizó en la necesidad de un mayor seguimiento no sólo para la devolución de los créditos, sino en el acompañamiento para que consoliden sus negocios y cumplir el objetivo.
“Es un recurso que proviene de los impuestos de todas y de todos, y el que este recurso les sirva para mejorar realmente su economía es en beneficio de la sociedad. Cuando no hay seguimiento, el fracaso de un proyecto le da zozobra a la persona y es una pérdida para la economía gubernamental porque fue un recurso que se dio y no abonó al objetivo que tenía planteado”, opinó Maciel.
Créditos que no benefician a la población que debería privilegia
Herrera, ex directora del ISMujeres, señaló que desde la creación del programa la idea era beneficiar principalmente a mujeres que vivían en zonas consideradas de alta marginalidad, con la intención de sacarlas de un círculo de violencia económica y así quedó instituido en las reglas de operación que indicaban que se debía favorecer de forma prioritaria a quienes “residan en zona rural y urbana, regiones o sectores en condiciones de mayor rezago social”.
Pero en un análisis de las beneficiarias en La Paz desde 2017 a 2020 realizado para esta investigación, se identificó que sólo el 2.2 por ciento de las beneficiarias vivían en entornos rurales y de las que vivían en entornos urbanos, sólo el 4.8 por ciento se encontraban en condiciones de rezago social medio o alto.
Para esta investigación, se elaboró un mapa interactivo con los datos de grado de rezago social del 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y sobre esto, se mapeó la ubicación de los negocios beneficiados,lo que permitió el análisis del rezago social de las beneficiarias del PEFMES.
Debido a que el Coneval sólo posee información sobre el grado de rezago social de las Áreas Geoestadísticas Básicas (Ageb) urbanas, una unidad de medida que subdivide un municipio, se excluyó del análisis a 13 mujeres beneficiarias de La Paz (2.2 por ciento) que se ubican en Agebs rurales.
Algunos de los criterios que Coneval tomó en cuenta para establecer los índices de rezago social son el acceso a computadora, internet y celular, contexto de deserción escolar y de analfabetismo.
La difusión y el acompañamiento son papeles fundamentales para que mujeres que se encuentran en zonas consideradas rezagadas en la ruralidad y en la ciudad, puedan acceder a estos beneficios en igualdad de condiciones, de acuerdo con la experiencia de Maciel quien acompañó a mujeres solicitantes del PEFMES cuando era diputada.
Herrera, ex directora del ISMujeres, señaló que le hubiera gustado redireccionar más recursos en su gestión (2017) para la operatividad del programa y, de esta forma, poder dispersar los créditos territorialmente en toda la geografía estatal.
Servidoras públicas beneficiarias
“No estar desempeñando cargo alguno como servidora pública en el ámbito estatal, federal o municipal”, fue uno de los requisitos establecidos en las reglas de operación de 2020.
Herrera Infante aseguró que al seleccionar los proyectos solicitaban a recursos humanos el listado de servidoras públicas para no beneficiarlas. Montaño, por su parte, explicó que en su administración incluso se hacían tres filtros y el primero era corroborar que no fuera funcionaria.
Sin embargo, al revisar a las beneficiarias con los montos más altos (más de 30 mil pesos) de 2017 a 2020 en la información pública sobre sueldos en la Plataforma Nacional de Transparencia, se identificó que al menos ocho eran servidoras públicas de base cuando recibieron el crédito.
A este grupo de mujeres se les buscó en los domicilios de la base de datos de beneficiarias proporcionado por el ISMujeres vía transparencia; sin embargo, cinco no pudieron ser localizadas debido a que el domicilio era inexistente o incompleto; en el domicilio expresaron que nunca había vivido esa persona ahí; o nadie atendió. Mientras que las dos que pudieron ser contactadas, expresaron no querer colaborar con la investigación y una más fue evasiva, al explicar el motivo de contactarla colgó la llamada, bloqueó el número y no respondió por mensajes hasta el cierre de esta edición.
También se detectaron al menos cuatro beneficiarias retiradas como trabajadoras del estado y siete beneficiarias afiliadas al Partido Acción Nacional (PAN) previo a ser beneficiarias o en el año de recibirlo.
Al respecto, Herrera señaló que como directora no era autónoma en sus decisiones, ya que arriba del organigrama estaba el consejo consultivo y en el caso de selección de proyectos, es responsabilidad de todo el Comité de Selección de Proyectos.
Cuentas que no cuadran
Respecto a los 313 mil 142 pesos de los que no se conoce su destino, Carlos Iván Chaidez, quien fue coordinador del PEFMES de 2019 a 2021, y Herrera Infante, afirmaron que ese recurso lo administraba la Secretaría de Finanzas y Administración, y lo repartía a las beneficiarias y no el ISMujeres.
Esta última institución estaba a cargo de Isidro Jordán Moyrón, quien en 2023 fue vinculado a proceso por presumiblemente cometer los delitos de atribuciones y facultades entre el 2015 y 2021, proceso por el cual se le negó un amparo.
“El ISMujeres no recibe ni administra en sus cuentas bancarias el dinero aprobado y asignado para el otorgamiento de créditos. La Secretaría, previo un proceso administrativo, realiza la entrega de cheques al ISMujeres para que realice la entrega de los mismos a las mujeres que sean beneficiarias del programa”, señaló Chaidez, excoordinador del PEFMES.
Aunque el ISMujeres era un organismo descentralizado, estaba sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, que en 2018 cambió a Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social (STDS), que se encargaba de orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público del ISMujeres por estar bajo su coordinación, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Esto es considerado por Imelda Montaño, exdirectora del ISMujeres (2020-21) como violencia política, “porque se supone que un instituto es un organismo descentralizado” pero era sólo “de papel”, señaló. De esta forma, el Instituto no usaba sus recursos directamente sino que “todo el manejo tenía que ser a través de Desarrollo Social”, que, a su vez, gestionaba los gastos mensuales ante la Secretaría de Finanzas y Administración.
“Operativamente no tenía la capacidad de manejar su propio presupuesto y siempre estaba en Finanzas. Yo le pasaba a Finanzas documentalmente todo lo que acreditara el gasto que se ejerció, pero con el visto bueno de la Secretaría de Desarrollo Social”, aclaró Herrera.
Montaño, quien fue directora del ISMujeres en dichos años, insistió en que al no poder manejar sus propios recursos, el gobierno del Estado disponía de éstos, y al Instituto sólo le tocó “apechugar” cuando redireccionaron casi la totalidad de su presupuesto como sucedió en 2020 y 2021 cuando se reorientaron recursos para atender necesidades surgidas por la pandemia por Covid-19, según la cuenta pública.
En el caso del presupuesto de 2017 y 2018, la Secretaría no detalla el por qué de la diferencia entre lo asignado y lo ejercido; sólo hace una justificación muy general de la variación presupuestal en las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, grupo al cual pertenece el presupuesto del PEFMES.
Herrera Infante mencionó que ella no recuerda que haya habido una diferencia presupuestal en el PEFMES durante su gestión en 2017, pero no cuenta con documentos que prueben lo opuesto.
Para aclarar el recurso no ejercido o no reportado, la periodista solicitó entrevista a la Unidad de Asistencia Administrativa y Contable del ISMujeres a través de mensajes de texto con el área de comunicación, quien respondió que debido a que también se había hecho la solicitud a la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur a través de un oficio entregado en sus oficinas, esta última sería la autorizada para responder a la información.
Sin embargo, la Secretaría no respondió hasta el cierre de la edición, sino que fue el área de comunicación del ISMujeres quien respondió un mes y medio después de la solicitud las preguntas que eran dirigidas a la Secretaría, pero no dio cuenta del manejo del dinero por esta última.
La ex directora del ISMujeres Gisela Paes (2018-19) fue contactada a través de comunicación personal y rechazó la entrevista, ya que ha decidido mantenerse alejada de la vida pública.
Sin convocatoria y actas del Comité
Si bien no existe evidencia de una convocatoria para el PEFMES en 2017 y 2018 ni actas de las sesiones del Comité de Selección de Proyectos, Herrera Infante, ex directora aseguró que sí existieron; sin embargo, reconoció que no cuenta con pruebas documentales debido a que “cuando sales de una institución tú no te llevas nada” y que probablemente al personal de transparencia “les da flojera buscarlas”.
“Si algo se caracterizaba el gobierno de Carlos Mendoza, es que éramos muy metódicos… jamás me hubieran permitido lanzar un programa en el que tuviera que ver recursos, sin una convocatoria, sin un comité evaluador”, afirmó.
El Comité debía contar con un calendario de sesiones en donde se tomarían los acuerdos, mismos que debían ser registrados por la Secretaría Técnica del Comité, que era la coordinadora administrativa del ISMujeres, en actas y/o minutas de las sesiones.
Estas irregularidades indican las fallas a las obligaciones mínimas de transparencia que tienen los gobiernos estatales. En este caso, genera discrecionalidad en el otorgamiento de los créditos, puede prestarse a clientelismo político y no queda claro cuál es la problemática que atiende y cómo el programa aporta a su resolución, señaló Sánchez, la experta en programas sociales.
“Además genera desconfianza (…) y perder la confianza en la autoridad pues también puede generar hasta crisis de gobernabilidad”, añadió.
La falta de estas obligaciones mínimas incluso pueden derivar en faltas administrativas, debido a que probablemente hay un incumplimiento de funciones por parte de los servidores públicos encargados, señaló la especialista, citando la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur en su artículo 49.
“En las reglas de operación casi siempre viene quién es la autoridad ejecutora y quién es la autoridad normativa, entonces cuando entra algo en las facultades no las cumplen pues el incumplimiento de sus funciones”, sentenció Sánchez.
Un programa sin gastos operativos es igual a fondo perdido
Dorotea recibió una capacitación previa obligatoria para solicitar el crédito; sin embargo, una vez que lo recibió no tuvo seguimiento de parte del ISMujeres ni para orientarla para la devolución del dinero.
La Red de Apoyo al Emprendedor del Sistema Estatal DIF colaboraba institucionalmente con el ISMujeres y brindaba unas capacitaciones a cargo de Nhalley Meza, que tenía como objetivo apoyar a las solicitantes en la elaboración de un proyecto de negocio.
Meza dotó de herramientas financieras a 6 mil 136 mujeres interesadas y les acompañó en todo su proceso, pero indicó en entrevista que su trabajo llegaba hasta el momento en el que eran aceptadas como beneficiarias.
El seguimiento era responsabilidad del ISMujeres, que de acuerdo con las reglas de operación 2020, es encargado de contar con un fondo para llevar a cabo la planeación, operación, supervisión, seguimiento, contraloría social, capacitación y recuperación de créditos. Para esto determinaba que “se podrá destinar recursos de hasta el 5 por ciento del presupuesto asignado al programa”.
Montaño reconoció que el programa se quedaba a la mitad, cuando en realidad debería acompañar antes, durante y después de otorgar el crédito y encaminar a las beneficiarias hasta su registro en Hacienda.
“Sí se ocupa un acompañamiento, no nada más entregar el recurso y que la gente lo use para bien o para mal, porque a lo mejor no tiene las suficientes herramientas (…) porque es un recurso de todas y de todos y queremos que tenga éxito, no que sea nada más para resolver de manera temporal un problema”, expresó Maciel.
A través de una solicitud de información el ISMujeres manifestó que de 2017 a 2021 no contó con recursos financieros para ejercer gastos de operación dentro de su presupuesto para dar seguimiento, tanto para comprobar el éxito de los créditos como para la cobranza.
“Al no contar con recurso financiero el programa para gastos operativos, ya que todo el dinero fue destinado para la entrega de créditos, lo requerido por el programa fue cubierto por el ISMujeres en sus partidas dentro de su presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal”, explicó Chaidez.
Herrera, la ex directora del ISMujeres, afirmó que en 2017 sí contó con una partida para gastos operativos que usó para contratar a dos personas y consolidar un equipo de cuatro personas exclusivamente para atender al programa. Sin embargo, esta información se contrapone a la respuesta de la solicitud de información y al testimonio de Imelda Montaño.
“Lo que nosotros hacíamos era meterlo (los gastos operativos) en lo que ya teníamos para la institución. En el rubro de promoción, ahí metíamos todos los programas de la institución”, aclaró Montaño.
El ISMujeres aseguró visa transparencia que realizó llamadas telefónicas y visitas domiciliarias como parte de las acciones de cobranza que se le atribuyen en las reglas de operación, pero Chaidez señaló que, al menos en 2019 cuando fue coordinador, fue complicado localizar a las beneficiarias debido a que habían cambiado su número de contacto.
Sánchez señaló que puede que esto vaya más allá de la falta de medios de contacto con las beneficiarias.
“Es muy probable que los negocios no estén funcionando y que no estén generando los ingresos que permitan devolver los créditos. Además, de que no haya acompañamiento para la instalación de los negocios. Alguien así, de la nada, no puede crear un negocio sin alguna orientación técnica que les ayude a que su negocio tenga éxito. También indica que no hay mecanismos de supervisión”. Y añadió que no contar con una partida para operatividad no justifica las fallas en el seguimiento de los créditos.
Pese a que las beneficiarias estuvieron inconformes con lo recibido, señalaron estar satisfechas, ya que se les dio un crédito sin intereses que eventualmente se convirtió en un apoyo a fondo perdido, pues nunca se los solicitaron de vuelta, como fue el caso de las beneficiarias entrevistadas.
EL PEFMES sigue vigente
En 2022, la nueva administración estatal, encabezada por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, retomó los créditos, pero bajo el nombre de Programa de Apoyo al Bienestar de Mujeres Emprendedoras 2022 (PABME) y que funciona muy similar al PEFMES, de acuerdo con sus reglas de operación.
También comparte los objetivos: empoderar a las mujeres emprendedoras y generar empleos. Tiene al frente como coordinadora a Karla Chiquete, quien aseguró que muchas de las fallas operativas han sido corregidas; por ejemplo, ahora cuenta con un presupuesto bien definido para gastos operativos, con un plan de seguimiento de los créditos y no se les brinda capacitación ni se les solicita un proyecto de negocios tan estructurado a las solicitantes para que esto no sea una barrera en el acceso.
Sin embargo, Mercedes Maciel insistió en que aún en la actualidad se debe trabajar en que estos programas tengan mayor difusión y alcancen a mujeres de zonas marginadas, pero sobre todo que sean programas que operen correctamente y cumplan su objetivo debido a que lo que está en juego es la autonomía de las mujeres.
“Al final de cuentas es la única manera que tenemos nosotros realmente de ser autónomas, mientras no haya una mujer que tenga asegurada su vida económica va a estar supeditada a muchas situaciones”, dijo. Y agregó que se necesitan programas que no sean sólo “buenos intentos pero que no van a la raíz”.