Daniela Reyes
El 7 de enero de 2021, Analuisa Gutiérrez, secretaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, fue víctima de feminicidio. A dos años de los hechos su familia y colectivas feministas denuncian impunidad por parte de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur a través de mantas en diversos puntos de la ciudad.
En el Palacio de Gobierno, en el Centro de Justicia Penal y en los puentes peatonales fueron colocadas mantas con mensajes exigiendo justicia no solo en el caso de Analuisa sino de todas las víctimas de feminicidio en la entidad.
Las autoridades reportaron el asesinato de Analuisa como un robo con violencia y lo clasificaron como homicidio, a pesar de que el delito contaba con las características para ser tipificado como feminicidio por tratarse de la muerte violenta de una mujer, como lo indica el Protocolo de Investigación por el delito de feminicidio con perspectiva de género.
Analuisa fue uno de los 10 feminicidios que se registraron en total durante el 2021 que corresponden a los casos de Andrea, Marycarmen, una mujer sin identificar, Annel, Ana Laura, Nayeli, Rocío, Leticia y Gabriela, de las cuales solo se reconocen oficialmente 7, los demás fueron clasificados como homicidios o ni siquiera se inició un proceso penal.
De los 10 casos, la Procuraduría ha logrado dos sentencias, un fallo condenatorio, una persona más está en prisión preventiva y otra se suicidó, sin embargo los otros cinco casos restantes no tienen avances significativos, como el de Analuisa en el que no hay personas vinculadas por el delito.
A las víctimas del 2021 se suman 8 feminicidios registrados en 2022 y de años anteriores, como los casos emblemáticos de Daniela Lino y Aolanis Sánchez por las que también se exige un alto a la impunidad y pronta justicia y reparación del daño.
