En el contexto del «Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer» la diputada María Luisa Ojeda González pidió al Ejecutivo Estatal que publique los decretos pendientes desde la XV Legislatura (decreto 2770, 2719, 2736, 2759) para que se hagan efectivas las disposiciones federales en contra de la violencia de género desde un nivel legislativo, efectivo, a favor de las mujeres.
El diputado Christian Agúndez Gómez también hizo alusión al «trabajo tangible» necesario para incidir realmente contra la violencia hacia las mujeres. Hizo un llamado al Gobierno del Estado, a la sociedad civil, al sector privado, a medios de comunicación y a los ciudadanos en general para hacer también un trabajo propio en acciones que eliminen la normalización de la violencia feminicida.
Es importante mencionar dos cosas: La violencia contra las mujeres aumentó un 24 por ciento durante la pandemia, quedando el 90 por ciento de los delitos impunes, protocolos sin buenos resultados y ninguna disminución en feminicidios, según el Informe Anual de los Riesgos a la Gobernabilidad 2021, elaborado por la Unidad de Política Interior y Análisis de Información (UPIAN).
El segundo asunto digno de mención es que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sigue criminalizando el aborto. Existen 10 carpetas de investigación iniciadas en 2021 por aborto en Baja California Sur, a pesar de que Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización de este «delito» desde el pasado 7 de septiembre. Dos de estas carpetas se han iniciado en esta nueva administración. Sin embargo, la PGJE parece no reconocer el fallo de la SCJN, y al menos en lo que respecta al aborto, actúa como institución deslindada.