La SCJN instó a las entidades federativas a que iniciaran procesos de amnistía a favor de las mujeres que realizaron aborto

Existen 10 carpetas de investigación iniciadas en 2021 por aborto en Baja California Sur, a pesar de que Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización de este «delito» desde el pasado 7 de septiembre. Cabe señalar que dos de estas carpetas se han iniciado en esta nueva administración.

 La SCJN instó a las entidades federativas a que iniciaran procesos de amnistía a favor de las mujeres que realizaron aborto y por ellos habían sido investigadas o procesadas. Sin embargo, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) parece no reconocer el fallo de la SCJN, y al menos en lo que respecta al aborto, actúa como institución deslindada de la Suprema Corte, cuando debería estar aplicada ya la Ley de Amnistía para detener los procesos abiertos contra mujeres que son revictimizadas por un procedimiento judicial en su contra.

La amnistía significa el olvido oficial del delito y la abolición del proceso judicial y extinción de la responsabilidad penal, anulando las sentencias condenatorias respectivas, nada menos, y en este caso al ser dictaminado por la SCJN, su ejecución no es opcional para las procuradurías estatales, sino obligatoria. Pero para la PGJE ha sido letra muerta esa obligatoriedad, o se ha incurrido en la negligencia de no estar enterados.

La criminalización del aborto fue considerada por la propia Suprema Corte como «una vejación a los derechos de las mujeres».