El Gobernador del Estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, ha vetado totalmente el Decreto 3023 que buscaba reformar varios artículos del Código Civil relacionados con la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la entidad.

Este veto se fundamenta en dos principales consideraciones emitidas por el Ejecutivo estatal. En primer lugar, se argumenta que la redacción del dictamen no abarca todos los tipos de familias existentes, lo cual podría propiciar situaciones de discriminación. Desde la perspectiva del gobierno, es fundamental que se reconozcan todas las formas de familia para evitar cualquier tipo de exclusión o vacíos legales que puedan afectar a terceros. En segundo término, se señala que no se realizó un análisis del impacto presupuestal de estas reformas.

El dictamen en cuestión fue elaborado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, siguiendo instrucciones de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Sin embargo, se omite lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que indica que la Mesa Directiva debe asegurar el cumplimiento oportuno de los encargos de las comisiones permanentes o especiales.

El Jefe del Ejecutivo destaca que no se involucraron las comisiones pertinentes en el tema, las cuales tendrían una mayor afinidad con el propósito de la reforma, que es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se mencionan como las más idóneas para emitir un dictamen las comisiones permanentes de Salud, Familia y Asistencia Pública, así como la Comisión de Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En respuesta al veto del Ejecutivo, el documento fue remitido nuevamente a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia en cumplimiento del numeral 60 de la Constitución Política de Baja California Sur. Será esta comisión la encargada de analizar y atender las observaciones planteadas por el Gobernador para proceder conforme a lo establecido por la ley.

La decisión del Ejecutivo de vetar estas reformas evidencia la importancia de garantizar una legislación inclusiva y bien fundamentada, especialmente en temas relacionados con la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.