La ciudadanía puede solicitar mesa informativa y presentar información que haya omitido la empresa promovente

Recién se ha publicado en página de SEMARNAT que el proyecto de megracruceros en Pichilingue deberá ser sometido a una consulta pública, antes de que se emita un dictamen de autorización, suspensión o negación de la solicitud, debido a la magnitud de los trabajos que implicaría hacer en la zona y el posible impacto ambiental que causaría dicho proyecto.

El proyecto se ha sometido a un procedimiento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero el documento presentado por la empresa promovente «Aquamayan Adventure» adolece de ciertas características, como omisión de datos imprescindibles para realizar un análisis objetivo de dicho proyecto.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de su reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental, con fecha 9 de diciembre, se iniciará un proceso de consulta pública del proyecto «Ampliación del muelle API-BCS del puerto Pichilingue».

Para ello se pondrá a disposición del público la MIA del proyecto, unas 600 páginas, que tendrán que ser analizadas en un periodo que va del 9 de diciembre del presente año al 20 de enero de 2022.

Durante ese proceso será posible también agregar las observaciones que consideren pertinentes los interesados y consignar la resolución que se emita, la consulta pública y los resultados y propuestas, haciéndolas llegar a la SEMARNAT a través de semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/consultas.html.

Este sometimiento a consulta pública no ha surgido por generación espontánea u ocurrencia de la SEMARNAT. Hay que señalar que es el resultado, en parte, de una serie de solicitudes (y reclamos) por parte de los ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil, que acudieron a la dependencia federal para que se concediera la consulta pública.

Hay que aclarar que existen dos modalidades de evaluación ambiental, particular y regional. Este caso es de modalidad regional, lo que significa que el tipo o la naturaleza de los impactos que se generen en el sistema no son de gran escala pero que podrán verse incrementados por el establecimiento del proyecto. Y que no se olvide que este para este proyecto se ha pedido 19 años para su construcción y 70 años más para su desarrollo.

La ciudadanía puede solicitar una reunión informativa a las autoridades –aunque no estaría de más que se leyeran las 600 páginas– donde el promovente debería exponer con lujo de detalle el proyecto y en la que la ciudadanía puede contraatacar con información adicional para que no se acepte su construcción, o para que se tenga en cuenta y con ello se modifique el proyecto para su menor impacto ambiental.