En una actualización del juicio de las trabajadoras calamareras contra la empresa Hanjin Trading que lleva más de 20 años de litigio, los representantes legales de las trabajadoras informaron de nuevos actos ilegales tendientes a la compraventa de los terrenos embargados por la autoridad laboral a través de un ejercicio indebido de las funciones del Director del Registro Público de la Propiedad en el municipio de Mulegé.

En conferencia de prensa el profesor Gilberto Piñeda Bañuelos director del Cisslaboral y el abogado laborista Iván Castro Beltrán hicieron del conocimiento de la opinión pública de lo que denominaron una nueva vejación orquestada contra las trabajadoras en litigio por su despido injustificado por dos décadas.

“El director del registro público decreta el final del embargo, se suplantó en sus atribuciones y canceló el embargo, es un uso indebido de sus funciones”, expresó Castro Beltrán al actualizar sobre el caso.

“Están haciendo actos tendientes a la venta a dilapidar los bienes de la empresa para que ellas no puedan garantizar sus derechos, dieron aviso y solicitamos el secuestro de bienes en 2014, cuando la junta decretó a favor de las trabajadoras esas medidas”, contextualiza el abogado en calidad de representante legal de las trabajadoras.

A través de ese recurso, el abogado las trabajadoras en huelga desde hace 18 años, lograron el embargo de dos predios en zona marítimo terrestre en la capital del municipio de Mulegé. Se trata, informó del registro 380 y 381 de Santa Rosalía, los embargos que generan una inscripción registral ante el Registro Público de la Propiedad.

“Lo que implica esta inscripción es una limitación de dominio, una limitación al derecho de propiedad en este caso de la empresa Hanjin, por lo que no puede vender, ni trasladar los bienes porque se encuentran garantizando los derechos de las compañeras en el juicio laboral”.

Sin una autoridad laboral, la empresa solicitó directamente al registro público de la propiedad la cancelación del embargo, denunciaron.

“Ellos solicitan que se haga esa cancelación, de la inscripción, ellos tenían pleno conocimiento, son abogados, no pueden alegar ignorancia y de manera ventajosa […] violando sus atribuciones”.

El abogado responsabilizó al director del registro público de la propiedad en Mulegé, de alejarse de la legalidad y decretar el final de un embargo que es atribución exclusivamente de la autoridad laboral: “Eso es un delito es un ejercicio indebido de las atribuciones”, sentenció.  

“No solo lo cancelaron los liberaron y en esa ventanita que generaron hacen la venta del predio y venden esos predios que estaban garantizando el derecho de las trabajadoras” por lo que estimó que se hizo una simulación de actos jurídicos al mentirle al comprador del predio.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue enterada de estos actos el 31 de agosto pasado, la cual, en el ámbito de sus atribuciones deberán realizar las acciones para proteger los derechos de las trabajadoras.

Igualmente, afirmaron que en representación de las trabajadoras iniciarán un procedimiento ante la Contraloría del Estado para que se persiga el uso indebido de la función pública y una demanda civil para revertir la venta del patrimonio de las trabajadoras.

A su vez, GIlberto Piñeda Bañuelo consideró que estos elementos respaldan el llamado que han hecho las trabajadoras al gobierno federal a expropiar el predio a su favor, porque: “la responsabilidad fundamental de esto está en los gobiernos […[ desde las esferas más altas hasta el titular del Registro Público de Mulegé”, expresó.

El académico sudcaliforniano hizo un llamado al gobernador electo del estado: “sí Víctor Manuel Castro Cosíó, el día siguiente de que tome posesión, de que tome posesión no atiende este problema sería una aberración, una contradicción de lo que dice que se va a hacer contra la corrupción  y la impunidad”.