Este artículo fue originalmente publicado por Causa Natura Media
Por Daniela Reyes / Causa Natura Media
Conforme salen los primeros rayos de sol en la playa empiezan las maniobras de los pescadores en sus carros 4×4 que remolcan sus pangas bien equipadas para dos días sumergidos en el mar. De noviembre a febrero es temporada baja para los pescadores de Agua Verde, una comunidad remota en el norte de Baja California Sur: Hoy cesó el viento y no podían desaprovechar el día para salir a pescar.
La pesca ilegal en la zona con sus artes de pesca no permitidas estresan a los peces y estos no regresan a esos lugares, lo que provoca que los pescadores de Agua Verde cada vez tengan que invertir más tiempo en ir más lejos para poder pescar, comenta Jesús Humberto Castro o Beto, como le dicen sus compañeros de la Cooperativa Playas del Puertito.
Agua Verde, junto con San Evaristo, es la comunidad más grande dentro del Corredor San Cosme – Punta Coyote, conformado por 12 comunidades con 579 personas, cuyo sustento principal es la pesca y que para 2020 contaba con nueve sociedades cooperativas de producción pesquera, 225 pescadores y 112 embarcaciones.
En 2012 estas comunidades acordaron establecer la primera Red de Zonas de Refugio Pesquero (ZRP) en México, un tipo especial de áreas marinas reservadas y protegidas en donde se prohíbe la extracción de recursos pesqueros total o parcialmente para proteger el hábitat de especies comerciales reguladas por la ley.
La red de zonas de refugio pesquero de San Cosme-Punta Coyote, actualmente, incluye 12 polígonos de 71 km2 en superficie total que representa el 21.6% del total de zona de pesca en el corredor, cuyas principales especies de importancia son el huachinango, cabrilla, pargo, jurel, pierna y cochito.
Cuidar lo nuestro, para que lo pesquen otros
Desde la primera solicitud para establecer la red de refugios en 2010, era notable que el reto más grande para el establecimiento de la red de zona de refugios sería la vigilancia. Los 107 pescadores que firmaron el acuerdo en ese tiempo apuntaron a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca):
“Para que funcionen estas zonas es necesario un manejo pesquero más completo que incluya un plan de manejo pesquero y estrategias de inspección y vigilancia en lo cual estamos dispuestos a colaborar”.
En aras de cuidar las especies que sustentan sus días en esta árida región, en 2012 los socios de las dos cooperativas pesqueras en Agua Verde donaron una embarcación y con el apoyo de la organización civil Sociedad de Historia Natural Niparajá, echaron a andar una vigilancia comunitaria en las zonas de refugio pesquero La Brecha, San Marcial, San Mateo y Tembabiche.
Aunque la vigilancia ha sido intermitente, desde hace cuatro años Enrique León levantó la mano para relevar al anterior vigilante comunitario de la Cooperativa Islote de Agua Verde y, junto a Rodrigo Rodríguez de la Cooperativa Playas del Puertito, sale ocho veces al mes a hacer recorridos.
Cuando salen de noche es más fácil identificar si hay pesca ilegal porque ante la completa oscuridad del mar es notoria la luz de las embarcaciones y les toma unas tres horas recorrer toda el área. En cambio de día los recorridos pueden extenderse de tres a seis horas.
“Todo el año hay pesca ilegal, esos no dejan de trabajar”, dice Betito al compartir su experiencia como vigilante comunitario hace unos años, cuando por lo menos una vez a la semana recibía reportes de pesca ilegal, que usualmente sucedían en la noche por pescadores de Ensenada Blanca, una comunidad a 40 minutos por mar.
Por esta labor las cooperativas apoyan económicamente a los vigilantes con 3 mil pesos mensuales a cada uno, y aunque Enrique dice que él lo hace por cuidar a la comunidad reconoce que deja de pescar y hace otras actividades que le generan ingresos para dedicarse a la vigilancia.
Los vigilantes comunitarios Enrique y Rodrigo se adentran en el mar sin más respaldo que radios, una cámara y su bitácora, así ponen el cuerpo para defender sus recursos.
El único protocolo a seguir es acercarse a las embarcaciones que se encuentran pescando en zonas restringidas para intentar dialogar, a riesgo de que puedan reaccionar de forma agresiva.
Ya antes los han amenazado quienes hacen pesca furtiva con sus arpones y pistolas, útiles para pescar, pero también armas letales. El año pasado Enrique recuerda que en un operativo con la Secretaría de Marina (Semar) y Conapesca aseguró equipo de buceo y redes, y fue amenazado por los pescadores furtivos.
Pero cuando las autoridades no están presentes, los vigilantes comunitarios no tienen ni el equipo ni la autoridad para hacer más que informar, toman fotografías y los datos de la embarcación para interponer una denuncia ante la Conapesca. Ésta tarda hasta 3 días en atenderla, ya que el único inspector está en Loreto, a dos horas y media de la comunidad.
Además, entre los socios de las cooperativas hay una percepción de que hay corrupción entre las autoridades y pescadores ilegales, ya que aunque haya denuncias, difícilmente proceden o los pescadores furtivos no se hacen presentes cuando hay recorridos de la Semar y Conapesca, señala León.
Disminuye el apoyo al proyecto de Zonas de Refugio Pesquero
En una docena de entrevistas realizadas por Causa Natura Media a los pescadores en Agua Verde el sentimiento que predomina es el de la impotencia.
La disposición inicial para apoyar el proyecto y la vigilancia ha empezado a decaer, principalmente, por la falta de presencia de las autoridades de la Semar y de la Conapesca, señala Salvador Rodríguez Van Dyck, coordinador del programa de pesca sustentable en Niparajá y a quien le ha tocado ver todo el proceso de la red de refugios pesqueros en el corredor.
Las Zonas de Refugios Pesqueros en el corredor se han establecido de forma temporal por cinco años para que en este periodo puedan evaluarse los resultados.
Al inicio, el proyecto fue firmado por el 64% de los pescadores, ya que el resto no pudo firmar o lo rechazaba porque creía que nunca más podrían volver a pescar en esas zonas, pese a que los refugios son temporales. Usualmente tienen una vigencia de cinco años y si no se renueva queda sin vigencia; y al renovarse puede ampliarse o disminuirse el área protegida.
El 90% de los pescadores firmó a favor de la renovación en 2017 por los resultados ecológicos positivos, pero para la renovación de 2022 firmó nuevamente el 64%. Según Rodríguez Van Dyck, la comunidad percibe que ante la ausencia del Estado, lo que ellos cuidan durante todo el año, los pescadores furtivos se lo llevan en una noche y sin consecuencia alguna.
El corredor fue el primero en establecer zonas de refugio pesquero en México, pero actualmente hay al menos 14 refugios pesqueros más que se encuentran vigentes y en una situación similar.
De acuerdo con el informe Pescando Datos de la Unidad de Datos de Causa Natura, de 2013 a 2018 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) otorgó subsidios para actividades de ordenamiento pesquero (97%) y para acciones de inspección y vigilancia (3%) en las zonas de refugio pesquero. Después de esta fecha dejó de asignar presupuesto y esta responsabilidad terminó por recaer en las comunidades y organizaciones civiles.
“Hubo apoyo muy concreto entre 2015 y 2018 por parte de la Conapesca enfocada en esta zona. Tuvo su época dorada pero de poca duración. Después empezó a descender la atención. Y con fines de no dejar ese hueco, los roles de la organización de la sociedad civil, en este caso Niparajá, ha tratado de mantener de alguna manera estas acciones que puedan complementar y estén dentro de los campos de acción y jurisdicción”.
Salvador Rodríguez
En 2011 Niparajá hizo un estudio para evaluar el impacto que tendría el establecimiento de la red de refugios pesqueros, y estimó que se necesitaba un presupuesto anual mínimo de 600 mil pesos y máximo de 960 mil pesos para establecer un programa de vigilancia que fuera efectivo.
De 2013 a 2018, el corredor San Cosme-Punta Coyote recibió un millón 600 mil pesos anuales a través de subsidios de la Sader que fueron utilizados en inspección y vigilancia (27%) y en ordenamiento pesquero (73%).
Sin embargo, desde que se suspendieron estos apoyos los pescadores reciben únicamente el Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (Bienpesca) por parte de la Sader, un apoyo económico anual de siete mil 200 pesos a todos los pescadores que de ninguna forma alcanza para algo que no sea alimento para las familias de los pescadores, menciona Francisco González, presidente de la Cooperativa Playas del Puertito.
Desde 2019 el corredor no recibe apoyos para estas actividades y sostiene su vigilancia comunitaria a partir de la voluntad de las cooperativas que apoyan económicamente a los vigilantes y de la organización civil Niparajá que aporta la gasolina para los recorridos.
Agua Verde arrancará temporada alta sin vigilancia comunitaria
Marzo marca el inicio de la temporada alta para los pescadores de Agua Verde. Al menos 10 embarcaciones diarias por cada cooperativa saldrán a pescar hasta 25 días de cada mes hasta octubre.
Es entonces cuando pescan los resultados de respetar las zonas de refugios pesqueros, en donde hay una tendencia de peces comerciales en aumento según el monitoreo submarino de Niparajá, que asegura que desde 2012 a 2021 la abundancia aumentó en 298%, la biomasa en un 630% y las tallas en un 22%.
Estas cifras son muy altas, menciona Salvador, y Niparajá se encuentra cotejando estos datos haciendo una verificación. Señala que hay otros refugios dónde especies severamente explotadas tienden a mostrar aumentos significativos en las reservas marinas con incrementos de hasta 1,000% en biomasa.
En una jornada pescan durante todo un día o dos para capturar aproximadamente 200 kilos de productos pesqueros con un costo total de 4 mil 400 pesos. Restando los gastos operativos, les queda una ganancia de 2 mil 500 a 3 mil pesos, que usualmente se reparte entre dos o tres pescadores que van en la embarcación, es decir, cada uno gana entre 700 y mil pesos por jornada.
Este año iniciarán la temporada de pesca sin vigilancia comunitaria debido a que la embarcación está descompuesta por la inactividad en la que estuvo durante la pandemia.
Aunque, Alejandro Romero, tesorero de la Cooperativa Islote Agua Verde señala que ingresan entre 100 y 150 mil pesos anuales de las aportaciones económicas de los socios, los gastos operativos y el desánimo de no ver resultados de la vigilancia han mantenido el refugio durante los últimos cuatro meses sin vigilancia comunitaria.
Sin embargo, Agua Verde es la única comunidad que mantiene un sistema de vigilancia organizado, mientras que en El Pardito hay dos pescadores que vigilan su zona de refugio pesquero de forma voluntaria y con sus propios recursos, según comenta uno de ellos, Juan Cuevas.
Estas dos comunidades vigilan siete de las zonas de refugios pesqueros, mientras que en las cinco restantes no existe ningún tipo de vigilancia comunitaria.
Surgen proyectos para la sostenibilidad de los refugios
Pese al desánimo y pugnas en torno a que se abra la zona a la pesca, hay quienes actualmente ven en la zona de refugio pesquero una oportunidad para impulsar nuevos proyectos compatibles con los refugios, que pueden ayudar a que se mantengan y fortalezcan.
Por ejemplo, en San Evaristo, El Pardito y San Cosme han comenzado a desarrollar el ecoturismo, el turismo de aventura y de investigación a través de paseos en veleros o a caballo, senderismo, kayak y buceo, en colaboración con organizaciones y universidades.
En Agua Verde, la comunidad no quiere que llegue el turismo porque creen que atentaría contra sus recursos pesqueros, señala Enrique y en su lugar le están apostando a una pesca sustentable.
La cooperativa Islote Agua Verde inició en 2022 un proyecto piloto con SmartFish, una comercializadora de pescados y mariscos sustentables proveniente de pesca artesanal en el que utilizaron Ikejime, una técnica que reduce el sufrimiento animal y ayuda a mantener la calidad de la carne del pescado con la que lograron duplicar el valor de 300 kilos de jurel que capturaron.
Este año formalizaron la relación comercial con SmartFish y esperan que pescando menos y con una mejor calidad, puedan recibir mejores ingresos y seguir construyendo esa relación de respeto con el mar, señala Edgar Murillo, presidente de la cooperativa Islote Agua Verde.
Enrique León, vigilante comunitario en Agua Verde, propone que el corredor voltee a ver los modelos de vigilancia que se implementan en las cooperativas del norte del estado como en Bahía Tortugas o Isla Natividad, donde todos los socios hacen la vigilancia de forma rotativa y sin retribución, y de esta forma tanto los costos, la responsabilidad y el riesgo es más llevadero para todos.
A 10 años de la instalación de las primeras zonas de refugio en el Corredor San Cosme-Punta Coyote, Edgar Murillo, presidente de la cooperativa Islote Agua Verde considera que es una herramienta efectiva y que como comunidad hacen su parte vigilando, sin embargo las autoridades fallan al no dar seguimiento a sus denuncias ni tener presencia en la zona para desincentivar la pesca ilegal.