La controversia en torno al terreno en El Cajete, en San Juan de la Costa, continúa. José Amador Vizcaíno Estrada citó a una rueda de prensa, en la que dio información acerca de lo que él consideró un abuso de poder, daño a la naturaleza y un despojo en su contra. Al mismo sitio, minutos más tarde, llegó el ejidatario Javier Mendoza quien se dijo propietario y encargado de los trabajos que se llevan en el lugar.

La llegada de Mendoza no fue casualidad. José presentó la más reciente denuncia en Contraloría Municipal de La Paz, “a quién corresponda”, aunque más tarde aclaró que era dirigida al director de Obras Públicas, Carlos Jordán, quien es apoderado legal del Grupo Constructor Terracons, empresa encargada de la obra en el terreno en disputa.

Javier comentó que el dueño, integrante del núcleo ejidal Alfredo V. Bonfil, negoció en un primer momento 10 mil dólares con José. El pactó se selló en un recibo de compra-venta notariado y firmado hace 10 años. Supuestamente le quedó debiendo 2 mil dólares. Esta sería una de las razones que el terrateniente se decidió por un nuevo trato. El antiguo posesionario y vendedor no estuvo presente.

Al ser descubierto por José, luego de un par de denuncias en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el nuevo propietario y su equipo ofrecieron a José un pago de 110 mil pesos para terminar con el conflicto. Después intentaron darle 300 mil, según las palabras de Javier, pero tampoco los quiso.

El caso es uno más de los que suceden en Baja California Sur por la posesión de la tierra. La franja costera de San Juan de la Costa ha incrementado su valor debido al intenso crecimiento, originado por la política pública estatal y municipal que apuestan al turismo, pero que abren la puerta a medianos y grandes desarrollos inmobiliarios.

“Le conté de mi problema sobre el terreno y de un atropello que fui víctima por parte de la policía municipal (…) El viernes 13 de noviembre me llamó Ricardo Pergue (titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología) para avisarme que estaba por mandar oficio y sellos de clausura para la suspensión de la obra en construcción”.

Relató en un documento en el que relató el acercamiento que tuvo con Rubén Muñoz Álvarez.

En la reunión, explicó José, el alcalde ordenó a Pergue la cancelación de la obra, le pidió una disculpa al afectado por cómo los trató la Policía Municipal de La Paz. Hasta el momento los trabajos continúan gracias a una argucia legal que tiene que ver con el artículo 87 de la Ley Agraria para justificar su inacción, es decir, es necesaria una incorporación de los predios ejidales sujetándose a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos.

José envió una carta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para denunciar el daño ambiental de un sistema de dunas costeras y la falta de permisos (no sólo municipales, sino estatales y federales). La respuesta de la dependencia municipal consta en el oficio DGUyE-1101/408/20 emitido el 23 de octubre de 2020:

“(…) Se detectó que el terreno no se trata de un terreno privado, sino de un terreno ejidal, en consecuencia no fue posible detectar ese terreno toda vez que no tiene asignada una clave catastral”.

Sin duda, el valor de esta tierra aumentó. El núcleo ejidal adquiere personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que la autoridad municipal no podría solicitar una licencia de construcción, sin embargo, esta laguna está siendo usada para edificar grandes y lujosas casas que al final serán vendidas por alguna bienes y raíces.

Por cierto, el director de Obras Públicas de La Paz trabajó antes en Catastro durante el periodo de la priísta Esthela Ponce Beltrán.

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