La XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur ha emitido un exhorto a la Cámara de Senadores, instándola a dictaminar y aprobar una iniciativa que busca otorgar la administración de las áreas naturales protegidas (ANP´s) a los gobiernos locales, ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y organizaciones sociales y empresariales en lugar de entregarla a organismos extranjeros.
La diputada Gabriela Montoya Terrazas y el diputado Fernando Hoyos Aguilar presentaron esta proposición en respuesta a las demandas de ejidatarios de Baja California Sur, quienes expresaron sus preocupaciones durante mesas de trabajo sobre la nueva Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado. En estas mesas, se comprometieron a respaldar la iniciativa que reforma el Artículo 67 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, presentada por el Senador Ricardo Velázquez Meza.
La iniciativa propuesta por el Senador Velázquez busca que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pueda otorgar la administración de las ANP’s a los gobiernos estatales, municipales, ejidos, comunidades indígenas, entre otros.
Es importante destacar que la iniciativa pretende que la administración de estas áreas esté en manos de ciudadanos mexicanos, evitando así que sean administradas por organismos extranjeros.
Desde el Poder Legislativo de Baja California Sur, se hace un llamado a las senadoras por Baja California Sur Lucía Trasviña y Guadalupe Saldaña, así como al mismo Senador Ricardo Velázquez, para que impulsen y gestionen que la iniciativa sea dictaminada por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Además del respaldo a la iniciativa, los ejidatarios han planteado la necesidad urgente de preservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales. Han solicitado una adecuada coordinación de las políticas agrarias y agropecuarias con las forestales y ambientales, sin autorizar ningún proyecto económico, comercial o turístico que afecte el medio ambiente.