Entre las acusaciones está la falta de aclaración de casi medio millón de pesos del presupuesto 2023 de la CEDH.

La Paz, Baja California Sur.- La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, Charlene Ramos Hernández, enfrenta acusaciones graves por parte del personal de la institución, desatando una crisis interna a solo siete meses de su nombramiento.

El pasado 3 de enero Abraham Eliezer Manríquez Ramírez, coordinador administrativo de la CEDH, presentó un oficio ante la comisión de derechos humanos del Congreso estatal. En el documento, Manríquez Ramírez señala que, por órdenes de la presidenta, se realizaron pagos irregulares, incluyendo 43 mil pesos sin justificación, lo que podría constituir un delito grave conocido como “malversación de fondos del erario”.

Además, a las denuncias por malversación hechas por Manríquez Ramírez se suman el cambio de contraseñas y claves de acceso a diversos portales de uso de la dirección, el bloqueo de instrumentos de bancarios e institucionales, la “toma” de la oficina de la Dirección de Administración y Finanzas así como acoso laboral y abuso de poder.

En los 7 meses que tiene como presidenta del organismo, Charlene Ramos Hernández, despidió de manera injustificada a 10 trabajadores, lo que constituye a la mitad de la plantilla laboral de la Comisión, y otros empleados de la CEDH también han denunciado trato degradante, cruel, amenazas, intimidación, abuso de poder y violencia de género.

Esta situación laboral llevó a los trabajadores a iniciar una huelga laboral que inició este lunes 8 de enero evidenciada por banderas rojinegras y un candado que impedía el acceso a las oficinas de la CEDH.

Por su parte, Charlene Ramos Hernández acudió a las oficinas de la CEDH y comentó que la expresión de los trabajadores “no es un paro laboral, no es un procedimiento legal […] lamentablemente sabemos es ilegal y va a tener sus consecuencias correspondientes”.

La gravedad de las acusaciones ha también llevado a los trabajadores de la CEDH a solicitar la intervención urgente del Congreso del Estado y de la diputada local Eufrosina López Velasco, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, buscando la destitución definitiva de Charlene Ramos Hernández y el inicio de investigaciones exhaustivas sobre el presunto mal uso de fondos públicos.