Daniela Reyes

Votar por ellos significa apoyar una agenda fundamentalista cristiana, que promueve “la defensa de la vida”, lo que se traduce en esta en contra de los Derechos Sexuales de las Mujeres y niñas a decidir sobre su cuerpo y ser pro-parto.

También promueve “la defensa de la familia”, que se traduce en estar en contra del matrimonio igualitario, en contra de la legalización de la marihuana, en contra de la adopción por parejas del mismo sexo y contra la educación sexual integral.

Es decir, votar por el PES representa una regresión en materia de Derechos Humanos reconocidos internacional y nacionalmente, y algunos también a nivel estatal en BCS.

El Partido Encuentro Social (PES) obtuvo su registro en 2014 a nivel nacional, gracias a un fuerte trabajo de base en las iglesias cristianas.

En las elecciones federales de 2018, el PES formó parte de la Coalición Juntos Haremos Historia, junto con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT).

En esa ocasión también se llevaron a cabo las elecciones estatales en BCS donde se eligieron 21 diputados/as del Congreso del Estado de BCS y 5 ayuntamientos, compuestos por un presidente/a municipal y sus regidores/as en cada uno de los 5 municipios, electos por un periodo de 3 años.

Debido al arrastre de Andrés Manuel López Obrador, muchos de los/as candidatos/as por el PES resultaron electos, y desde entonces, tanto en los Ayuntamientos como en el Congreso de BCS han actuado en alianza con el partido más afín a su ideología conservadora, el Partido Acción Nacional, obstaculizando el avance de los Derechos Humanos de la comunidad LGBTTIQ y de las mujeres principalmente. Entre ellos destacan las polémicas figuras de los/as actuales diputados/as Perla Flores Leyva, Lorenia Lineth Montaño y Rigoberto Murillo.

En marzo de 2019 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la pérdida del registro del Partido Encuentro Social (PES) como fuerza política nacional, al no alcanzar cuando menos 3% de la votación en alguna de las elecciones federales de 2018.

Pero tan pronto como perdió el registro, reactivó los trabajos para volver a solicitarlo ante el INE, y fue en septiembre cuando el Consejo General del INE otorgó a su sucesor, Partido Encuentro Solidario (PES) su registro como partido político nacional de nuevo, por el cual está participando en las elecciones estatales de Baja California Sur 2021 en la que se renovará la gubernatura, las diputaciones locales y federales, así como los Ayuntamientos.

Hasta este momento ha trabajo muy de cerca con el Frente Nacional de la Familia BCS, con el que la gran mayoría de los/ candidatos/as del PES han firmado un pacto, a través del cual se comprometen a cumplir su agenda ultraconservadora en caso de llegar al poder, lo cual amenaza el principio de progresividad en Derechos Humanos.

El PES solo busca representar una ideología a un sector conservador de la población. NO QUIERE TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS. Y tampoco es un partido nuevo, pidiéndonos una oportunidad de demostrarnos lo que es capaz de hacer, porque ya sabemos de lo que es capaz. Ya ha estado en el poder, y en el caso de BCS, vimos a sus diputados/as aliarse con el PAN para congelar el Congreso del Estado de Baja California Sur, los/as vimos obstaculizar el avance de iniciativas de ley que referían al avance de los Derechos Sexuales y reproductivos de las mujeres, los/as vimos obstaculizar la aprobación del matrimonio igualitario y los discursos retrógradas, denigrantes y de odio en contra de la comunidad LGBTTIQ para defender sus posturas, y también los/as vimos promover la iniciativa ultraconservadora del PIN Parental, que representaba un retroceso en cuanto a educación sexual integral para todos/as, y por lo tanto, considerada inconstitucional y violatorio de los derechos de la niñez y las adolescencias por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por esto y más, por favor, no votes por el PES ni por ningún partido conservador, cuyo objetivo es quitar derechos ganados con tanto esfuerzo, negar derechos que ya son reconocidos nacional e internacionalmente, y promover discursos de odio contra la diversidad que habita Baja California Sur.