En la ciudad de La Paz, la privatización de las playas sigue siendo una problemática latente que afecta a la comunidad. En este año 2023, se han reportado al menos dos casos de playas que han sido cercadas y privadas de su acceso al público, generando la indignación y el descontento de los paceños.

La primera playa afectada es conocida como Playa Las Tortugas, ubicada en las cercanías de El Caimancito. Desde hace más de 10 años, se cerró el acceso a la playa y se edificó una zona de condominios de lujo, impidiendo que la comunidad pudiera disfrutar de este espacio público. A pesar de que se ha denunciado esta situación en diversas ocasiones, las autoridades no han tomado ninguna medida para garantizar el acceso público a la playa.

El segundo caso es una extensión de playa ubicada detrás de un cerro, al lado de Playa El Tesoro, que ha sido cercada con una malla perimetral desde hace al menos 10 años. Actualmente, se está construyendo un complejo hotelero y residencial de lujo en el lugar, impidiendo el acceso a la comunidad. Se cuenta con rumores de que los dueños de Baja Ferries compraron la playa para su uso privado.

La falta de acceso a las playas públicas ha generado una gran molestia entre los paceños, quienes han expresado su descontento en las redes sociales como Facebook y Twitter. Muchos se quejan de la privatización de estos espacios naturales y la falta de intervención por parte de las autoridades para proteger los derechos de la comunidad.

Ante esta situación, es necesario que las autoridades correspondientes tomen medidas para garantizar el acceso público a estas playas y protegerlas de la privatización. Los habitantes de La Paz consideran que la costa es un recurso valioso para el turismo y que la privatización de las playas puede tener un impacto negativo en la economía local.

Es importante recordar que el gobernador del estado ha manifestado su compromiso de proteger las playas del estado y garantizar el acceso público a estos espacios naturales. Por ello, es necesario que los ciudadanos hagan los llamados de atención necesarios para que las autoridades correspondientes puedan actuar en consecuencia y evitar la privatización de las playas.

La comunidad paceña espera que se tomen acciones efectivas para recuperar el acceso a estas playas, que son parte del patrimonio natural del estado de Baja California Sur y que deben estar al alcance de todos.