Debido a que en el Congreso del Estado se discute la posibilidad de despenalizar el aborto, el titular de la Secretaría de Salud (SSA) en Baja California Sur (BCS), Víctor George Flores, comentó que el gobierno estatal “está en pro de la vida”, dejando ver que no está a favor del aborto, sin embargo, dijo, como institución pública, la dependencia a su cargo está obligada a cumplir la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, la cual señala que una mujer que ha sufrido violación sexual tiene derecho a utilizar los servicios públicos de salud para interrumpir su embarazo.

“Este gobierno está en pro de la vida, más vale prevenir”, indicó el funcionario. “Por eso hacemos campañas con adolescentes, para enseñarles la prevención, porque tenemos que ser realistas y tenemos que apostarle a la prevención, más que a otras medidas más dolorosas, incluso muy controvertidas”.

George Flores aseguró que la SSA sería respetuosa de la decisión que se tome en Congreso del Estado, “la tendremos que acatar”, señaló. No obstante, insistió en que el aborto “es una decisión que pone en riesgo la vida de la mujer si no se hace en las condiciones y en el tiempo debido”.

“La Secretaría de Salud sería muy respetuosa”, adelantó, “como lo está haciendo ahorita con la aplicación de la NOM 046, la cual dice que a una mujer violentada, violada, que exige su derecho a una interrupción del embarazo, se le aplica […], el Estado está obligado a proporcionárselo”. En este sentido, precisó que también se practican abortos en instituciones públicas “cuando los embarazos ponen en riesgo a la mujer por enfermedades, por ejemplo, cardiacas”.

Víctor George precisó que la SSA recibe en promedio “una mujer por año” para que se le practique un aborto, siendo el último caso “hace aproximadamente como mes y medio”. Una menor de edad, de 15 años, fue violada en el municipio de Los Cabos, en su propio domicilio, y solicitó la interrupción de su embarazo.

Cabe recordar que en 2015 la SSA fue obligada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a pedir disculpas públicas luego de no aplicar la NOM 046 a una mujer violada, quien tuvo que viajar a Ciudad de México (CDMX) para que se le reconociera su derecho de abortar.