Debido a esta falta de transparencia y la presunta irregularidad que existe en torno en la licitación para entregar su concesión federal marítima entregada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la ciudadana Maribel Pérez Núñez interpuso el juicio de amparo 608/2021 para detener el proceso de licitación iniciado por Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur.
Se trata de la convocatoria pública APIBCS/02/20 lanzada por el director José López Soto, el pasado 16 de abril de 2020, para ceder la operación y administración de muelle de Usos Múltiples No 2 del puerto de Pichilingue, es decir, una superficie de 63,496.92 metros cuadrados. Allí una empresa podrá construir una terminal para recibir dos muelles para recibir a dos megacruceros al mismo tiempo. 1,200 millones de pesos costará la terminal.
“En la página anunciaron con bombo y platillo no han hecho público quién ganó el concurso. Es totalmente ilegal. Esto que está haciendo API BCS ni el gobierno federal puede hacerlo, esta empresa paraestatal del Gobierno de BCS tiene permisos para operar, para operación portuaria, dar otra concesión a una empresa extranjera totalmente privada, ya no para una operación portuaria sino turística”, explicó.
API BCS es una de las compañías creadas gracias a las reformas de 1993 a la Ley de Puertos emprendidas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) para fomentar la disminución del poder de la federación y permitir la entrada al sector privado en el manejo de estas zonas marítimas estratégicas.
“Justamente las omisiones y opacidad porque están lucrando con bienes de la nación y peor aún, se desconoce si tienen permisos ambientales, nosotros creemos que no”, añadió la denunciante.
“Al respecto se le informa que a la fecha el proceso concursal no ha concluido, por lo que, por el momento no se puede proporcionar la información solicitada, misma que podrá remitida una vez que este haya finalizado en su totalidad”.
Lo realmente preocupante en esta convocatoria, contrario a la respuesta de la paraestatal, justo hace un mes las empresas ITM Group y Carnival (corporativo de Princess Cruises que tiene cuatro cruceros fondeados en la Bahía de La Paz durante su inactividad por la pandemia) se declararon ganadoras del concurso.
