La Paz, B.C.S. – 20 de octubre de 2023

En una decisión histórica, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por mayoría eliminar el requisito de procedibilidad que exigía la declaración previa de la Contraloría General del Estado en casos de enriquecimiento ilícito. La medida, que busca agilizar los procesos judiciales y garantizar que los presuntos responsables no queden impunes, fue respaldada tras el análisis de una iniciativa presentada por la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto.

La propuesta, que fue dictaminada por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, planteaba inicialmente la derogación del artículo 288 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur, trasladando la punibilidad al artículo 287. Sin embargo, la comisión consideró innecesario este cambio y, en su lugar, propuso reformar el artículo 288 para eliminar el requisito de la declaración previa de la Contraloría.

La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, autora de la iniciativa, buscaba no solo simplificar los procedimientos legales, sino también aumentar las penas para el delito de enriquecimiento ilícito de tres a nueve años de prisión. Sin embargo, la comisión dictaminadora, presidida por el diputado José María Avilés Castro, la diputada Paz Ochoa Amador y el diputado Luis Armando Díaz, concluyó que no se proporcionaron elementos que justificaran la insuficiencia de las penas actuales para cumplir con los objetivos de reinserción social.

La modificación al artículo 288 establece ahora: “Punibilidad. Al autor de este delito se le impondrá de dos a nueve años de prisión y el decomiso, en favor del Estado, de los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditar”. Esta nueva redacción busca mantener un equilibrio entre la sanción del delito y la posibilidad de reinserción social de los presuntos responsables.

Es importante destacar que la eliminación de la declaración previa de la Contraloría General del Estado como requisito de procedibilidad tiene como objetivo evitar exclusiones en la investigación de servidores públicos de los poderes Judicial y Legislativo, así como de los ayuntamientos y órganos autónomos.

Con esta aprobación, Baja California Sur se suma a las entidades que buscan fortalecer su marco legal en la lucha contra la corrupción, garantizando un proceso más eficiente y transparente en casos de enriquecimiento ilícito.