La Paz, Baja California Sur – El diputado Christian Agúndez Gómez ha presentado una propuesta de reforma legislativa para acelerar el proceso de sanción de las faltas administrativas y combatir problemas graves como la corrupción. La iniciativa plantea modificaciones a varias secciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, con el objetivo de garantizar una “Justicia Pronta y Expedita” para los ciudadanos.
El diputado Agúndez Gómez ha destacado que los Órganos Internos de Control de los municipios, entidades descentralizadas, organismos estatales descentralizados y organismos constitucionales autónomos, así como la Contraloría General del Estado, suelen no informar sobre la cantidad de expedientes que resuelven en materia de faltas administrativas. Esto deja a la ciudadanía desconocedora de la apertura de expedientes presentados cada año, la eficiencia en el proceso y las razones detrás de las demoras o retrasos injustificados en la emisión de resoluciones.
Por lo tanto, el diputado propone la adición de un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que establezca un plazo máximo de un año para resolver los procedimientos por faltas no graves, contado a partir de la fecha de radicación del expediente de presunta responsabilidad administrativa. Tanto la autoridad investigadora como la autoridad substanciadora deberán resolver dentro de este plazo, salvo en casos de fuerza mayor, complejidad del asunto o impedimento legal. De manera similar, la propuesta modifica y añade un primer párrafo al artículo 11 para que la Auditoría Superior del Estado también esté sujeta a esta disposición.
El diputado Agúndez Gómez ha enfatizado que estas reformas brindarán mayor certeza a las partes involucradas en los procedimientos administrativos relacionados con faltas graves y no graves. Todos los asuntos deberán resolverse con prontitud, al menos dentro de un año para las faltas no graves, y las faltas graves deberán ser remitidas en ese mismo plazo al Tribunal de Justicia Administrativa para el desahogo de pruebas y la emisión de la sentencia correspondiente. Estas medidas buscan fomentar una “cultura de legalidad”, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del servicio público por parte de todos los órganos de gobierno.
Se espera que estas reformas legislativas impulsen una mayor cantidad de resoluciones de casos relacionados con faltas administrativas en un tiempo reducido, a cargo de las autoridades competentes. Esta iniciativa busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia administrativa y promover la eficiencia en la lucha contra la corrupción y otras irregularidades en la gestión pública.