El Congreso del Estado de Baja California Sur ha aprobado por mayoría de votos un enérgico llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se agilicen las investigaciones y procesos en trámite relacionados con el feminicidio de la doctora Alí Jasel en el municipio de Los Cabos. Además, se insta a que se apliquen las penas previstas en la legislación local a los responsables de este agravante crimen.

La solicitud de exhorto fue presentada por la diputada Eda María Palacios Márquez, quien también exige al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMujeres) la creación de un Programa Preventivo de Actos de Violencia con un enfoque especial en Los Cabos. Este programa busca que las instituciones encargadas de prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas cumplan con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ambas del Estado de Baja California Sur.

Además, se plantea la creación de una Unidad Táctica Policial Estatal especializada en la atención y prevención de la violencia familiar y de género en cada municipio, la incorporación de una clave operativa al número de emergencia 911, conocida como “Código Naranja,” destinada a atender a las víctimas de violencia hacia las mujeres, y la creación de un Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres.

Otra medida importante propuesta en este exhorto es la aplicación de órdenes de restricción a quienes perpetren violencia contra las mujeres, con un seguimiento y control estricto del cumplimiento de estas medidas. Además, se aboga por un cambio en las normas sociales, formas de pensamiento y conductas para prevenir la violencia, especialmente a nivel comunitario, con la participación activa de sindicatos de trabajadores del ámbito público y privado, instituciones educativas, asociaciones de mujeres y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres y niñas.

El diputado Luis Armando Díaz enfatizó la importancia de que las autoridades actúen de acuerdo a protocolos establecidos para identificar las conductas que causaron la muerte de la víctima. Además, exigió que se verifique plenamente la existencia de motivos o razones de género que expliquen la muerte violenta, se preserven evidencias, no se haga pública la escena del crimen y se realicen todas las pruebas periciales necesarias para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia.

En su discurso, el diputado Díaz expresó su respeto por el dolor que embarga a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima y se sumó a la exigencia pública de justicia pronta y expedita. Hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas públicas que fomenten una mayor cultura de denuncia por razones de género, para evitar que hechos tan lamentables sigan ocurriendo.

La diputada Marbella González Díaz también se pronunció en favor de acelerar las investigaciones y procesamientos de los presuntos responsables de feminicidios. Abogó por erradicar la impunidad en el estado y promovió un diálogo permanente entre la sociedad civil y la política para que todos los días del año, las comunidades estén alertas ante cualquier acto de violencia contra las mujeres y denuncien estos incidentes. Además, instó a la formación de un “Yo Colectivo” que se enfoque en condenar y combatir la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Con este exhorto, el Congreso del Estado de Baja California Sur busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de abordar con determinación y urgencia el problema del feminicidio y la violencia de género, y tomar medidas concretas para prevenirlos y castigar a los responsables, en especial en la región de Los Cabos.