La Paz, Baja California Sur.- En una sesión legislativa trascendental, el pleno de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la Diputada Guadalupe Vázquez Jacinto para incorporar a nivel de ley tres áreas administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Estas áreas, que han estado en operación y funcionamiento durante más de tres años, fueron creadas mediante acuerdos administrativos expedidos por el Procurador.

La propuesta de reforma, derogación y adición de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la PGJE de Baja California Sur fue presentada el pasado martes 21 de febrero del año en curso por la Diputada Vázquez Jacinto. La iniciativa busca consolidar legalmente tres áreas administrativas clave de la Procuraduría: la Dirección de Evaluación y Planeación, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres y la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Económica.

La legisladora explicó que, con la reciente inclusión en la Carta Magna de un catálogo de delitos que garantizan diversos bienes jurídicos tutelados por la ley penal, es imperativo contar con un Ministerio Público especializado en la materia. Este Ministerio Público será responsable de emprender las acciones de extinción de dominio. En este contexto, la armonización de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado se vuelve esencial para incluir legalmente la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Económica.

La propuesta también contempla la derogación de las fracciones XIX y XX del artículo 28, así como la modificación de la fracción XXVI del numeral 79 quinquies de la Ley Orgánica de la Procuraduría. Estos cambios, según la Diputada Vázquez Jacinto, son fundamentales para adaptar la legislación a las necesidades actuales y fortalecer las acciones del Ministerio Público en la persecución de delitos.

La comisión dictaminadora de Asuntos Fiscales y Administrativos evaluó la iniciativa de manera positiva, concluyendo que las modificaciones propuestas otorgarán mayor solidez jurídica a las áreas administrativas de la PGJE. Al incorporarlas en la estructura orgánica prevista en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, se establecerá a nivel de ley lo relativo a sus catálogos de atribuciones, proporcionando un marco legal más robusto para el ejercicio de sus funciones.

Con esta aprobación unánime, el Congreso del Estado de Baja California Sur da un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento de la Procuraduría General de Justicia, garantizando una mayor eficacia en la persecución y prevención del delito en la entidad.