En una votación unánime, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos para la expedición de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado y Municipios de Baja California Sur. Esta propuesta fue realizada por la Diputada Eda María Palacios Márquez del Partido de la Revolución Sudcaliforniana (PRS).
El objetivo fundamental de esta ley es establecer los principios, bases generales, procedimientos e instrumentos necesarios para promover la eficiencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, con el fin de reducir los tiempos y costos económicos, así como eliminar la discrecionalidad, duplicidad de requerimientos y trámites, y la opacidad administrativa tanto para los ciudadanos como para las empresas. Con la aprobación de esta ley, el Congreso estatal cumple su compromiso de armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria en el estado, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución federal, la Constitución del Estado y la Ley General de Mejora Regulatoria, tomando como base las mejores prácticas internacionales.
La Diputada Paz Ochoa Amador, integrante de la comisión dictaminadora, destacó que se incluyó en la ley la participación de la titular del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres en el Consejo Estatal, con el objetivo de asegurar que las políticas de mejora regulatoria y gestión empresarial se realicen desde una perspectiva de género. Asimismo, se enfatizó la necesidad de que las regulaciones, trámites y servicios cumplan con estándares mínimos de no discriminación, fácil acceso e impartición de justicia equitativa para hombres y mujeres, promoviendo la igualdad sustantiva entre ambos géneros. Se espera que, con la aplicación de esta ley, se puedan establecer pronto ventanillas de trámites específicas para mujeres.
Por su parte, la Diputada Eda María Palacios Márquez, impulsora de esta nueva ley, resaltó en su intervención que uno de los objetivos principales es fomentar una cultura que coloque a las personas en el centro de la gestión gubernamental, facilitando el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. La ley está diseñada tanto para los ciudadanos en general como para quienes dirigen pequeñas, medianas o grandes empresas. También destacó la implementación de un expediente electrónico único asociado a personas físicas o morales, el cual podrá ser utilizado por cualquier autoridad competente para resolver trámites y servicios. Esto evitará que los ciudadanos y empresarios deban presentar los mismos documentos en cada dependencia cuando realicen un trámite, reduciendo así la carga administrativa que implica obtener copias de documentos como la identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CURP, entre otros.
La ley también fortalece la figura de la protesta ciudadana, que permitirá a cualquier ciudadano o persona moral presentar quejas formales, ya sea de manera presencial o electrónica, cuando los funcionarios incurran en prácticas que no se ajusten a los plazos y requisitos establecidos para cada trámite, o cuando se soliciten requisitos adicionales no especificados. Además, se busca fortalecer a los ayuntamientos para que, dentro de su autonomía, apliquen políticas de mejora regulatoria sin apartarse de las estrategias estatales y nacionales en esta materia.
“Con este nuevo marco jurídico, estamos sentando las bases para implementar y desarrollar políticas regulatorias que simplifiquen y agilicen los trámites administrativos para ciudadanos y empresas, facilitando la prestación de servicios. Además, impulsaremos el desarrollo económico del estado con la creación de nuevos y mejores empleos, así como con la simplificación administrativa para la apertura de comercios y la lucha contra la corrupción, asegurando una total transparencia en los trámites para su establecimiento y puesta en funcionamiento”, señaló el Diputado Enrique Ríos Cruz durante el debate.
El Diputado Luis Armando Díaz, al intervenir a favor del dictamen, resaltó que la nueva ley incluye disposiciones innovadoras para garantizar que las regulaciones, trámites y servicios sean accesibles para personas con discapacidad e indígenas. Se hace especial hincapié en el uso de un lenguaje accesible y adecuado para personas con discapacidad visual y auditiva, como el sistema Braille y la Lengua de Señas Mexicana. Además, se contempla la participación del titular del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial.
Con la aprobación y posterior publicación de esta nueva Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el Estado y Municipios de Baja California Sur, se deroga la ley anterior y sus disposiciones transitorias, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 31 de julio de 2016.