La propuesta busca sancionar a quienes condicionen la identidad sexual de menores de edad.
La propuesta busca sancionar a quienes condicionen la identidad sexual de menores de edad.
Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, junto con asesores y el iniciador de la propuesta, se reunieron para analizar una iniciativa ciudadana que busca modificar el Código Penal Estatal con el fin de sancionar la coacción de menores en relación a su identidad sexual.
La iniciativa, presentada por Rafael Loera Vázquez, presidente de la Asociación de la Familia Natural A.C., tiene como objetivo establecer sanciones severas para quienes sometan, condicionen, coaccionen, presionen o obliguen a menores de edad a cambiar o modificar su identidad sexual en contraposición a su sexo biológico.
El presidente de la Comisión, diputado José María Avilés Castro, junto con el secretario diputado Luis Armando Diaz y asesores, escucharon atentamente la exposición de Rafael Loera Vázquez, quien estuvo acompañado de Alejandro Avilés Ortega, asesor jurídico, y Cinthia Ormart López, representante de la Asociación de Padres de Familia.
La propuesta de modificación al Código Penal, denominada artículo 205 Ter, contempla penas de siete a 14 años de prisión y multas de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para aquellos que coaccionen a niñas, niños o adolescentes para cambiar o modificar su identidad sexual a través de cualquier mecanismo externo, terapéutico o similar.
El iniciador de la iniciativa señaló que su principal objetivo es proteger a la niñez y adolescencia, asegurando que no sean objeto de coacción en ningún sentido. Esta medida busca salvaguardar los derechos de los menores de edad en el estado de Baja California Sur.
Durante la reunión, la comisión propuso una modificación en la redacción, sugiriendo que se reemplace la referencia a “niña, niño o adolescente” por “menor de 18 años”, e incluyendo a “personas con discapacidad o que no tengan capacidad para comprender el hecho”. Esta propuesta fue aceptada por el iniciador de la iniciativa.
Además, se acordó llevar a cabo una próxima mesa de trabajo en colaboración con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, para continuar el análisis y perfeccionamiento de esta iniciativa ciudadana.