El pasado martes 05 de septiembre, la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur remitió a las comisiones unidas permanentes de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública de la XVI Legislatura, una iniciativa ciudadana que busca la derogación del artículo 168 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur en materia de salud sexual. Esta iniciativa, presentada por Sasha Ceseña Guilins, José Raúl Pérez Aguilar, Ángel Fabián Gaxiola Infante y Gonzalo Agustín Eliosa Martínez, ha desencadenado un proceso de análisis y debate en el Congreso estatal.
En una mesa de trabajo llevada a cabo recientemente, las comisiones en cuestión dialogaron con asesores, diputadas y diputados, así como con los promotores de la iniciativa, para explorar en detalle sus implicaciones. El diputado José María Avilés Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, destacó la importancia de abordar el tema desde una perspectiva que considere las connotaciones de discriminación, la confidencialidad de datos personales y los derechos humanos.
El Dr. Ángel Fabián Gaxiola subrayó algunas de las justificaciones sociales detrás de la iniciativa, haciendo hincapié en la discriminación que enfrentan las personas que viven con VIH. También aclaró que esta iniciativa no es exclusiva de la comunidad LGBTIQ+; es un asunto de salud pública mundial que afecta a un amplio espectro de la población, incluyendo a niños, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
José Raúl Pérez Aguilar agregó que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es promover la igualdad y prevenir la discriminación, garantizando que los derechos humanos no sean vulnerados y poniendo fin a la estigmatización de las personas VIH positivas.
Sasha Ceseña expresó su preocupación y se sumó a las opiniones de sus colegas al señalar que la discriminación laboral, médica y social, así como los estigmas asociados a la falta de información sobre el VIH, han agravado el problema en la sociedad.
Gonzalo Eliosa concluyó la discusión argumentando que es esencial ser más conscientes y abrir un espacio para el debate y la discusión, en lugar de cerrar puertas que perpetúen los estigmas en torno al VIH.
Finalmente, las comisiones unidas acordaron llevar a cabo mesas de trabajo consecutivas para profundizar en el análisis de la iniciativa ciudadana, reconociendo la importancia de abordar esta cuestión de salud pública y derechos humanos de manera exhaustiva y equitativa. El proceso de análisis y deliberación continuará en el Congreso del Estado de Baja California Sur.
El artículo 168 “Peligro de contagio” impone penas de hasta 4 años de cárcel a quien “con conocimiento de que padece una enfermedad grave y transmisible, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre que la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia. Si la enfermedad fuera incurable se le impondrá al sujeto hasta 10 años de prisión.
Aunque el delito se persique por querella el gobierno de Carlos Mendoza Davis persiguió de oficio este delito como parte de las medidas contra el COVID-19 en 2020.