El proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local puede eliminar a las mineras, pero también puede regular mejor el uso de suelo y limitar a los megadesarrollos inmobiliarios.

@El_Organismo

En su estrategia legal para combatir el arribo de megaproyectos mineros en la paceña, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida confía en la aprobación de un nuevo Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), mismo que está detenido desde el gobierno de la priísta Esthela Ponce Beltrán y el panista Armando Martínez.

Desde un inicio los miembros de la movilización ciudadana en Los Cabos, Todos Santos y La Paz entendieron que su lucha era política. En 2011 el tema del agua y la minería a cielo abierto y en fondos marinos entró a la agenda en la gama de promesas de campaña y desde entonces no ha salido.

Cuando Morena gana el municipio de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez hace un compromiso de demostrar su rechazo a la minería a cielo abierto, dejó que los defensores del agua recomendaran personas para la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología de La Paz, los seleccionados fueron Ricardo Pergue para Desarrollo Urbano y la Dra. Elisa Jeanneth Armendáriz Villegas para Ecología.

La administración reinstala el comité y órganos técnico y ejecutivo para revisar el POEL, el cual es un instrumento de política ambiental para regularizar el uso de suelo y las actividades desarrolladas en determinado territorio. Todo marchaba hasta que unos días atrás surgió el rumor del cambio de la directora de Ecología, quien es la encargada del proceso.

 Inmediatamente se encendieron las alarmas en el frente. Y es que el programa permanece congelado al mismo tiempo que comienza el acelerado arribo de capitales inmobiliarios del extranjero a la ciudad. Este sector es uno de los más interesados en no ser afectados por quienes buscan un desarrollo ordenado y menos impactante socioambientalmente hablando.

La posible llegada de Ariadna Lizeth Pico Rojas, quien renunció a su encargo en la administración municipal de Los Cabos, en la que Jesús Armida Castro Guzmán es la alcaldesa. Medios de comunicación como El Mundo Digital informaron que uno de los aspectos que originaron su salida, era desinterés por proteger la reserva natural Estero de San José, una zona que desarrolladores inmobiliarios deseaban como los Sánchez Navarro, quienes ya llegaron a la capital de BCS: ¿A caso Muñoz Álvarez se alió con esta familia en su afán por conseguir financiamiento para su alocada carrera por la gubernatura?

#ENNUESTRAOPINIÓNDEMIERDA vemos con preocupación que el POEL se vea interrupción porque, de cumplirse el mitote, el cambio se daría otra vez por deseos de Leonel Cota Montaño, lo que daría carta abierta a los desarrolladores y especuladores de la tierras, en un municipio cada vez con menos agua y con más contaminación. Si Rubén Muñoz realiza el cambio no sólo abrirá la puerta a mineras sino a megadesarrollos, abrirá paso al caos: a la sanluquización de La Paz.

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