El diputado Enrique Ríos Cruz, quien también es presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos expuso que existe un vacío legal en los procesos de adquisiciones, arrendamientos o contrataciones por parte de entidades públicas, por lo que propuso reducir el monto para efectuar licitaciones públicas por adjudicación directa.
Aseguró que este vacío legal puede ser utilizado a conveniencia por algún ente público al momento de adquirir, arrendar o contratar servicios, así como que dificulta la fiscalización del gasto público que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado.
Su propuesta es una reforma al artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, que tiene el objetivo de dar reglas jurídicas claras en materia de fiscalización y transparencia.
La modificación consiste en ampliar el monto mínino para efectuar licitaciones públicas por adjudicación directa, de 4 mil 700 veces a 12 mil 821 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a 2 mil 350 veces a 12 mil 821 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La nueva redacción quedaría de la siguiente manera: «Podrá contratarse por invitación a cuando menos a tres personas, cuando el monto sea superior al equivalente a la cantidad de 2350 y un veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización hasta el equivalente, a 12 mil 821 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo».
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos para su análisis y dictaminación.