¿El Gobierno de Baja California Sur ha cumplido en materia ambiental? La Sociedad de Historia Natural Niparajá elaboró un diagnóstico a la agenda ambiental del gobierno estatal encontrando opacidad e inconexión entre las propuesta del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2018, lo que hace imposible dar seguimiento al plan sectorial medioambiental.
De acuerdo con la información hecha pública por la organización de la sociedad civil, la gestión de Carlos Mendoza Davis en materia ambiental quedó a deber respecto a las metas planteadas hace seis años. Tras un análisis del programa estatal de desarrollo, el Plan Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los informes de gobierno de Mendoza Davis, Niparajá realizó una serie de documentos de divulgación sobre los resultados.
En un informativo divulgado por Niparajá, recuerdan que la política ambiental implementada por la administración estatal se basó en ocho estrategias: actualizar el marco legal, vinculación internacional e intersectorial, promoverla educación ambiental y divulgación, promover el turismo sustentable, adaptación al cambio climático, fortalecer la capacidad de gestión, promover la transparencia de la gestión del capital natural y seguimiento al desempeño.
La evaluación reveló que más allá de una herramienta de conservación del patrimonio natural, se dio “un acomodo jurídico administrativo para fortalecer la inversión económica extranjera”, la otra mitad de las estrategias fueron desarrolladas de manera “subjetiva y dispersa”.
“Las propuestas y resultados no son congruentes y carecen de transparencia y claridad, las acciones no están conectadas a una estrategia específica, y su diseño no permite medir el nivel de avance (…) La discrepancia entre lo planeado y lo reportado deja claro el incumplimiento de las estrategias”.
Por ejemplo, en la estrategia “mitigación al cambio climático”, en lo que va de gobierno sólo registró un taller en los seis años de gobierno, vinculado al cumplimiento de las metas planteadas.
El diagnóstico destaca que la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, no fue actualizada en seis años, y su texto es vigente desde hace 30 años y tampoco se cumple la estrategia de actualización del marco normativo.
“La política ambiental del estado debería estar dirigida a la conservación del patrimonio natural y del medio ambiente, no subordinada a políticas de desarrollo económico” concluye el análisis.
A partir de él, la organización plantea una serie de permisos para adecuar la política ambiental sudcaliforniana para mejorar su adecuación a las necesidades de su sociedad entre las que destacan la evaluación de resultados, divulgar información y generar espacios de participación ciudadana y generar propuestas de acciones que beneficien la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, terminan.
En breve, la asociación civil y el posgrado divulgarán de manera íntegra a opinión pública el contenido extenso de este análisis.