Sandino Gámez
Mientras no existan megacruceros eléctricos, un muelle de megacruceros en Pichilingue contradice toda la inversión pública y privada que se ha realizado en el último lustro en ese puerto y las termoeléctricas de Punta Prieta para mejorar la calidad de aire en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. También contradice todos los principios de la Cuarta Transformación, las acciones y discursos del presidente de la república y el discurso de campaña del actual gobernador del estado.
¿Por qué las autoridades federales están siquiera considerando este proyecto que pertenece a lo más rancio del modelo neoliberal por socializar las pérdidas y privatizar las ganancias del turismo náutico que llega a Baja California Sur?
¿Por qué ninguno de los amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador o de los medios de comunicación que aplaudieron sus palabras y acciones en el caso del histórico puerto de Veracruz y su API no le informan que en Pichilingue se quiere realizar una acción idéntica? Se quiere entregar a empresas transnacionales el uso, manejo y destino de un bien público estratégico durante las próximas tres o cuatro generaciones.
Pichilingue es un puerto federal concesionado a la empresa del gobierno sudcaliforniano, la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS). Ésta se encuentra presidida en su consejo de administración por el gobernador del estado y está dirigida por un funcionario público designado por él. De ahí su responsabilidad directa en este caso.
Esta empresa pública, propiedad del pueblo sudcaliforniano, trasladó la concesión federal a un particular: la persona moral que hoy quiere construir un muelle de megacruceros. El proyecto se encuentra en valoración por la autoridad ambiental federal.
Esto lo hizo el anterior gobierno estatal, ¿lo puede deshacer el actual? Por supuesto, utilizando los mismos argumentos que el presidente para el caso del puerto de Veracruz y el apoyo del pueblo sudcaliforniano, primeramente: el paceño.
También lo puede detener el propio presidente AMLO. Si no lo hacen ellos lo hará, por supuesto, el propio pueblo: en este momento su parte más enterada del caso, académicas, científicas, estudiantes y artistas, ya logró ampliar el periodo de consulta pública sobre la manifestación de impacto ambiental del particular que promueve el proyecto. También está exponiendo a las autoridades federales y estatales, por si no se han enterado, la gravedad del caso.
Nosotros decimos: ¿por qué no se prohíbe este proyecto contaminante e innecesario y se redirige la inversión público-privada a crear una planta municipal de tratamiento de residuos sólidos?
Porque cuando hipotéticamente esté en marcha el muelle de megacruceros habrá muchos días similares a los del reciente incendio del “relleno sanitario” de La Paz.
Los muelles de megacruceros podrán ser un excelente negocio para sus particulares promoventes, pero son un mal negocio público porque afectan la salud de la población local. Comparado con estos costos, los beneficios económicos son ínfimos. Además que se concentran, los beneficios, en unas pocas manos, mientras los perjuicios a la salud caen sobre todos los habitantes de la ciudad, sin importar su edad, actividad económica o condición social.
La decisión del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío está en transformar un proyecto dañino en uno que se requiere de forma urgente, como hemos advertido todas luego del enorme incendio reciente en la capital del estado.
Porque, amigas y amigos empresarios: ¿qué ciudad quieren ofrecer a sus clientes? ¿Una llena de humo? ¿O una ciudad que invierte en la salud de sus pobladores y visitantes?
Nosotras queremos gobernantes y funcionarios que defiendan la salud y la vida, no gobernantes y funcionarios que defiendan el interés económico de unos particulares.
Sí al turismo responsable, amigable y no contaminante. Sí al desarrollo económico con equidad y justicia social. Sí a la transformación política de Baja California Sur.