La iniciativa con Proyecto de Decreto para la Nueva Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Baja California Sur ha sido pospuesta para el próximo periodo de sesiones que inicia el próximo 15 de marzo y termina el próximo 30 de junio.
La razón principal por la que se ha pospuesto hasta el próximo año es que representantes de organizaciones civiles han señalado muchas debilidades del proyecto de decreto, así como lo que consideran una falta a los acuerdos de Escazú a los que México se haya adherido, en los que se determina que la mejor manera de abordar estas decisiones ambientales es con la participación de la gente.
Por lo tanto, los diputados del Partido del Trabajo, Gabriela Montoya y Fernando Hoyos han tenido que aplazarla para el próximo año.
Esta ley daría facultades al gobernador del estado para decretar Áreas Naturales Protegidas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que actualmente ocupa como titular Carmen Gutiérrez Cannet.
Así mismo, el acuerdo de Escazú establece la participación pública y el derecho a la información ambiental, así como legal, cooperación, enfocados a contribuir «a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible».
El diputado Fernando Hoyos negó que se tratara de una reforma que se pretendiera aprobar «fast track», y que más bien se trata de adecuar la ley a las condiciones actuales de la entidad.
Por otra parte, asoma nuevamente a este respecto la polémica de convertir en Áreas Naturales Protegidas a la sierra La Giganta y Guadalupe, cuya aprobación no ha sido bien recibida por algunos sectores de dichas zonas.
La reforma implicaría, además, restricciones en cuanto a explotación, extracción, exploración de los terrenos –lo que incluye a la minería–, así como la observación en cuanto a instalaciones para captación de agua, plantas de potabilización, entre otros.