Alekz Aguila

El lunes escuchamos al alcalde decir para el noticiero de Meganoticias La Paz que “existe el compromiso de AMLO, y los recursos, para que en un esquema de asociación público-privada (APP) resolvamos el problema de agua de la ciudad de La Paz”. Dichas palabras son un claro contexto de la estrategia que está siendo empleada para que personas empresarias se encarguen de una parte -o todo- el sector del agua potable del municipio.

El munícipe y su equipo de trabajo han tenido constante acercamiento con personal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para buscar la obtención de recursos y asesorías que mejoren servicios de la administración y justo ahora se trabaja en un estudio de eficiencia energética para solventar parte de la problemática de la distribución del agua en la ciudad.

Sin embargo, aprendizajes de experiencias para que las APP operen este tipo de servicio han demostrado que en Latinoamérica el modelo cuenta con resultados tan diversos como lo han sido sus intentos y diversas configuraciones. Si bien se pueden enlistar una importante cantidad de éxitos alcanzados a través de proyectos de largo aliento, también se debe de tener en cuenta que en México se han presentado casos tan oscuros como el de Aguascalientes, mediante un título de concesión de servicios de agua y saneamiento fue entregada en bandeja de plata a la empresa ICA en conjunto con una filial francesa en condiciones de clara ventaja para la iniciativa privada: no hubo licitación, rendición pública de cuentas, ni términos de acuerdo transparentes; además de claras garantías para que la empresa líder de construcción en sexenios panistas no tuviera pérdidas económicas en su inversión.

Prácticas como las que se realizaron en el centro norte del país se tradujeron en pésimos servicios, constantes quejas de usuarias y usuarios, así como completa opacidad en la rendición de cuentas sobre los ingresos recaudados, así como aumentos de las tarifas de un 300% en solamente tres años; mientras que para este último rubro, los modelos que han dado resultados favorables hacia las necesidades de ciudadanía, rentabilidad para inversionistas e ingresos redituables a las arcas de los municipios, se han dado en porcentajes menores durante procesos de dos lustros.

La discusión sobre la posible o no incorporación de las APP para el manejo hídrico de la ciudad no puede ser dicotómica, ya que casos alrededor del mundo y Latinoamérica nos demuestran que se puede tener una gestión exitosa si la estrategia responde a necesidades puntuales, celebración de contratos resilientes a los cambios de administración y efervescencia política del país, consenso con la sociedad civil organizada, claros sistemas de transparencia y rendición de cuentas, así como la elaboración de proyectos de largo plazo que permitan que el elemento más importante que mantiene en frío a este flamable coctel -la participación ciudadana, garantice que todas las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta y no se trate solo uno más de los proyectos electoreros que comienzan a emerger en estas épocas que ya huelen a elección.

Sin embargo, hoy que se cumple un año desde que entró el equipo de la alcaldía, el panorama no es muy esperanzador, ya que el diseño de política pública durante este tiempo no podría calificarse de excelente debido a la premura con la que se actúa en varios rubros. Habrá que cuestionar este proyecto perteneciente a la dupla XVI Ayuntamiento-BID, así como el lugar que tienen en la ecuación los intereses extranjeros sobre el agua, que son común denominador en Baja California Sur. Las personas esperamos certidumbre y rumbo seguro hacia un horizonte para el que estamos a tiempo de sentar las bases para ser una ciudad modelo, pero no a costo de la hegemonía partidista ni los intereses personales; y mucho menos en donde se ponga en juego el acceso al líquido vital para todas las personas que habitamos el municipio.

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