Tulio Ortíz/La Tijereta
En los próximos días un grupo de regidores del Cabildo de La Paz, miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), estarían presentando una denuncia por probables actos de corrupción, derivados de un contrato de servicios otorgado por disposición del presidente municipal a la empresa MNC Recursos Humanos SA de CV, por 9 millones 300 mil pesos.
En el documento, con número MLP/RECURSOS PROPIOS/ZFT/01-2019, (una copia obra en poder de esta revista), firmado el pasado 1 de marzo por el munícipe Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, el secretario general Alejandro Iván Mota Trasviña y el apoderado legal de la empresa, se pactaron los “servicios de outsourcing (intermediación) para limpieza de playas en la zona federal marítimo terrestre” (Zofemat), del municipio de La Paz, y se acordó una contraprestación para la sociedad de 10 pagos mensuales de 930 mil pesos cada uno. El acuerdo venció este 31 de diciembre.
El contrato se otorgó mediante adjudicación directa a esa compañía que tiene su sede fiscal en Ensenada, Baja California, y aunque en el contrato se consigna que ésta dio como domicilio la calle Miguel López de Legaspy número 1630 colonia Los Olivos en la ciudad de La Paz, en una visita al lugar, propiedad MVA Business Center, a finales de noviembre, negaron que MNC Recursos Humanos arrendara oficinas ahí.
Entrevistado por este medio, el Tercer Regidor del Cabildo, José María Avilés Castro, dijo que “es inaudito” que el municipio haya contratado a una empresa foránea para limpiar 11 playas, y citó el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, que establece que las entidades autorizadas “optarán en igualdad de condiciones” por “los bienes o servicios propios de la región, que sean ofertados por proveedores locales, con domicilio fiscal y residencia permanente de una antigüedad no menor a 12 meses y que cuente con licencia municipal”.
Pero más sorprendente, agregó, es que un presidente municipal que llegó al poder por un partido que busca transformar las condiciones de vida de los mexicanos, haya recurrido a la subcontratación, una práctica abusiva en términos de evasión fiscal y pérdida de derechos de los trabajadores. Existen tres documentos que son parte integrante del contrato: una cotización del proveedor; un dictamen donde se justifica la exclusión de la licitación emitido por María Teresa Ruiz Soto, Oficial Mayor del Ayuntamiento y un dictamen de adjudicación directa, elaborado por Miguel Alfonso Meza Osuna, director de Adquisiciones y Servicios Generales.
El regidor Avilés Castro dijo que María Teresa Ruiz Soto, separada de su cargo “por pérdida de confianza” en octubre pasado por indicaciones de Muñoz Álvarez, le informó que ella no había firmado el dictamen de exclusión de la licitación. Para corroborar su dicho, el grupo de regidores de Morena pidió el 16 de diciembre pasado, mediante solicitud de información con número de folio 00606119 a la contralora municipal, Azucena Meza Gómez, copia de los dictámenes.
Sin embargo el 28 de enero, mediante el oficio CM/0137/2020, aquélla negó la entrega de los documentos, aduciendo que “con fecha 10 de enero de 2019 (sic), se aperturó la carpeta de Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa CM/EPRA/001/2020, por lo que los documentos solicitados forman parte de un expediente de investigación a fin de resolver si existe probable (sic) irregularidades administrativas”.
Con esto queda claro, dice con ironía Avilés Castro, que dicha “investigación” va a terminar en septiembre del 2021, sin responsabilidad para nadie por algunas “irregularidades administrativas”, cuando que el centro del asunto es el gasto millonario para “limpieza de playas”.
Con la cotización del proveedor los regidores estarían en posibilidad de revisar los gastos de la empresa, ya que el contrato establece en su cláusula segunda que aquélla proporcionará “los insumos necesarios para la ejecución de las actividades del personal operativo (herramientas menores, consumo de agua potable purificada, ropa de trabajo y seguridad).
Sin embargo en un oficio de fecha 11 de noviembre de 2019, el tesorero del Ayuntamiento, Rafael González Villa, informó a los regidores del Cabildo, en respuesta a la solicitud de información con folio 00536919, que de enero a septiembre se habían erogado en el departamento de Zofemat un millón 267 mil 923 pesos por servicios personales, 368 mil 576 por materiales y suministros y 7 millones 595 mil 262 pesos por “servicios generales”.
De acuerdo con el clasificador (capítulo 3000) por objeto del gasto que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del sector público, los servicios generales son tales como: “servicio postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua y conducción de señales; arrendamientos; asesorías, capacitación, estudios e investigaciones; comercial y bancario; mantenimiento, conservación e instalación; difusión e información; así como otros servicios oficiales y especiales para el desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas”; es decir, ninguno de ellos corresponde a las actividades de “limpieza de playas”.
Víctor Martínez de Escobar, quien fungió poco más de un año como jefe del Departamento de la Zofemat, y que también fue destituido por “pérdida de confianza” por el edil paceño en octubre pasado, dice que no se entiende cómo hubo un gasto tan alto por servicios personales si la encargada de pagar era la empresa contratada; y menos se entiende, dice, que se hayan gastado más de siete millones en servicios generales.
Martínez de Escobar ha reiterado que demandará a Muñoz Álvarez por daño moral, ya que éste dijo a medios de comunicación el pasado 9 de diciembre que él había contratado a la empresa MNC Recursos Humanos, cuando que esa facultad sólo corresponde al presidente municipal, y más recientemente informó al diario El Independiente que Víctor Martínez era el responsable por haber contratado a Manuel Francisco Álvarez, primo hermano del presidente, al cual nombraron como coordinador del Programa Playas Limpias de Zofemat.
“No hay corrupción en el municipio y si lo hubiera pediría que se hicieran los señalamientos ante los órganos competentes. En todo caso la responsabilidad la tiene nuestro ex titular de la Zofemat porque si se contrató (al primo) fue responsabilidad de él y no la de su servidor”, expresó el presidente Municipal.
Además, dice Martínez de Escobar, “querían obligarme a firmar recibos de nómina por 900 mil pesos mensuales, a lo cual desde luego yo no me presté”.
Testimonios
Aunque el “outsourcing” es una figura prevista en Ley Federal del Trabajo para intermediar o subcontratar a personal bajo ciertas condiciones, una de ellas es que “los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento”.
Sin embargo esto no fue así. Existen varios testimonios de trabajadores, quienes se quejan de las condiciones en que laboraron para esta administración municipal.
Blas Geraldo Castro, quien laboró los tres años de Armando Martínez y que incluso alcanzó el puesto de supervisor, relata que al llegar Rubén Muñoz, este les pidió a él y a otras 14 personas ocuparse de septiembre a noviembre del 2018 como voluntarios , “para hacer méritos”, sin percibir ningún salario.
Al iniciar 2019, fueron contratados de forma irregular, “nos hacían un contrato por uno o dos meses del cual no nos daban copia -relata Geraldo Castro-, y luego otro mes sin contrato, con un salario de 2 mil 600 a la quincena, y así nos la fuimos llevando hasta octubre pasado en que nos liquidaron, aunque no de forma completa, pues nos adeudan una semana de trabajo y otra de vacaciones”. Agrega que nunca les dieron Seguro Social, y continuamente tenían que cooperarse para la gasolina de la camioneta que transportaba la basura y comprar bolsas de plástico; además nunca les pagaron las horas extras, ya que incluso había días que doblaban turno. Les pagaban con un recibo de papelería sin sello, firma o razón social. En ocasiones les pagaban en abonos. Aunque les daban gorras, ellos pagaban los 80 pesos del bordado y si el vehículo asignado sufría una descompostura o llanta ponchada, lo pagaban de su bolsa.
Otros despedidos y que no se les respetaron sus derechos fueron: Abraham Hernández Camacho, un operativo que laboró 10 meses y que aportó su equipo de soldadura para reparar el remolque de la basura. Le quedaron a deber 2 mil pesos por concepto de gasolina; Guadalupe Hirales Jordán, jefa de almacén, ocho meses; Olga María Miranda Lucero, cinco años laborando, le hablaron por teléfono para notificarle su despido.
La ex diputada local panista, Susana Rubio Lucero, quien entró en sustitución de Víctor Martínez, les comentó a los trabajadores despedidos que en este enero entraría una nueva empresa, la cual decidiría a quien recontratar.
Los regidores informaron que darán vista a la Contraloría General del Estado, a la Auditoria Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaria de la Función Pública y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).