En una sesión amañada, el Congreso de Baja California Sur dio un golpe parlamentario y evitó que Morena retome el control de la XV Legislatura.

En las pancartas se leía “golpe parlamentario”. Pese a los manifestantes, todo corrió conforme al plan. La nueva bancada consumó una de las estrategias más sucias que se tengan memoria en la historia de la política sudcaliforniana. Desde temprano, un impresionante operativo con policía estatal con vallas, como antes, se desplegó por órdenes del grupo de diputadas y diputados sin partido, así como del PAN-PRD-PRS-Humanista y tres más de Morena, que gracias a ellos el Poder Ejecutivo consiguió el control de Congreso de Baja California Sur.

La mesa directiva convocó al XV Legislatura a Periodo Extraordinario de Sesiones, este 11 de julio de 2019, para modificar la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de BCS. Era la fase dos de la ejecución de un plan que, sin duda, beneficiará al gobernador Carlos Mendoza Davis, porque no quiera problemas a la hora de analizar las cuentas de la administración estatal y, además, con sus diputados podrá asignarse el presupuesto necesario para operar.

Gracias a Ramiro Ruíz y a su principal asesor Juan Carlos González Bareño (exsecretario general del gobierno municipal de La Paz con el panista Armando Martínez) consiguieron desestabilizar el parlamento legislativo. Su éxito fue dividir. Con ello, lograron que sólo en dos días se diera la votación de una iniciativa creada al vapor.

Como en el pasado: a espaldas de la ciudadanía.

La sesión amañada

 “Puro billete”, gritaban a los legisladores mientras continuaban con la farsa. Una escenificación que comenzó con la reforma dictaminada por Perla Flores Leyva, recién nombrada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia. Su ambición de encabezar la Junta de Gobierno y Coordinación Política y con esto revivir a la fracción del desaparecido Partido Encuentro Social, el cual, perdió su registro, además de regresar al disminuido Acción Nacional.

 Sólo dos días necesitó la diputada Flores Leyva para dar primera lectura a su proyecto de decreto presentado también por la perredista Maricela Pineda García, Lorenia Lineth Montaño Ruíz y Rigoberto Murillo Aguilar. Un endeble documento de apenas 12 cuartillas con el que buscaban reformas a los artículos 50, en su fracción II, 64, 67 y 73 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de BCS.

Luego de la intervención de la legisladora de la ultraderecha cristiana, intervino Esteban Ojeda de Morena. Se dirigió a la improvisada presidenta que, de vez en vez, amenazaba a la gente con realizar la sesión a puertas cerradas si no se callaban. A ella, dijo el profesor jubilado, la juzgaría la historia y que de ella dependía si aprobaba un dictamen ilegal e inconstitucional. La acusó de llamar a un periodo extraordinario con un asunto “no urgente”.

Después de los posicionamientos de la fracción parlamentaria de Morena, continuó la votación que resultó con un empate técnico de 10 a favor y 10 en contra. Sin embargo, Pineda García quien es parte del equipo de Rosa Delia Cota Montaño, hermana del exgobernador Leonel Cota Montaño, leyó un artículo que uno de sus asesores cuchicheaba para destrabar la situación: Ella dio su voto de calidad a su propia iniciativa por ser presidenta de la mesa directiva. Así fue votada en lo general. No aceptaron ni una modificación propuesta por Morena. En lo particular, con el recinto solo, Rigoberto Murillo enumeró 19 votos y solamente uno en contra. Ante las irregularidades, el Partido del Trabajo (PT), Maciel Ortiz, advirtió que se promoverá un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los contrapesos al gobernador

La estrategia legislativa contribuyó a que aquellos que habían sido incómodos en el pasado periodo, todos ellos de Morena, fueran vetados para no ocupar la presidencia de la Junta de Gobierno de la XV Legislación. El PES y PAN dirigirán la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el 2020 y 2021.

Yeudiel Campos de Wikipolítica lamentó lo sucedido en la cámara local de diputados. Lo calificó como un acto muy grave.

“Primero las y los diputados del PAN; PRI; Humanista; PRS; el extinto PES y algunos de MORENA remueven de todos los controles administrativos y financieros del Congreso a quienes servían de contrapesos al Poder Ejecutivo de Baja California Sur (Gobierno del Estado y Ayuntamientos) para poner a gente afín que no haga observaciones a las cuentas públicas de BCS”, explicó.

Precisamente, las adecuaciones hechas al reglamento interno imposibilitan que los presidentes de las comisiones, ocupadas por la fracción opositora a Morena, pueda renunciar a no sea que se trate de una renuncia de manera voluntaria. Milena Quiroga criticó la medida. Ella consideró un retroceso democrático que deja sin credibilidad al Poder Legislativo.

Para entonces, Ramiro Ruíz se veía algo incómodo. Se agarraba las manos y se tallaba la cara. Hablaba con los legisladores en ambos lados y una pequeña sonrisa se le escapaba de vez en cuando como un niño que hizo una fechoría. Ignoró a quienes protestaban: lo llamaron traidor junto con Perla Flores. Ambos llegaron al poder gracias a la coalición Juntos Haremos Historia.

“En pocas palabras, están postrando al Poder Legislativo de Baja California Sur a los caprichos y corruptelas del Ejecutivo, están sometiendo un poder soberano que debe servir de contrapeso sólo para tener beneficio político personal”, comentó el integrante de Wikipolítica.

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