Con pancartas en mano, miembros de la comunidad afromexicana e indígena en Baja California Sur (BCS) se presentaron en el Congreso del Estado para solicitar a los diputados intervenir ante la demora del Poder Ejecutivo en la promulgación de la Ley de los Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicana, acción que consideran discriminatoria.
Luis Morales, miembro de la comunidad afromexicana asentada en Los Cabos, consideró que “el gobernador no ha querido” publicar la ley, por lo que anticipan mayores manifestaciones, ahora en actos públicos del Gobierno del Estado: “si es necesario”, advirtió, “lo haríamos, pero pacíficamente, con el respeto que todos nos merecemos”.
“Nuestros derechos también valen, y si usted no publica la ley, señor gobernador”, se dirigió a Carlos Mendoza Davis, “eso es una discriminación hacia el pueblo indígena y afromexicano […] Señor gobernador, publique nuestra ley, nosotros estamos en contra de la discriminación […] El pueblo de México le debe mucho a los indígenas y a los afromexicanos, por la simple y sencilla razón de que nosotros, como afromexicanos e indígenas, somos iniciadores de la independencia de México, sólo que no se ha publicado en los libros de texto de las escuelas, no se ha mencionado esa parte”.
De acuerdo con Luis Morales, la diputada María Petra Juárez Maceda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, le ha comunicado a la comunidad indígena y afromexicana que el gobernador Mendoza Davis tiene la intención de publicar la ley en el año 2020. Morales se pregunta “¿por qué la ley de los gays, con todo respeto, se aprobó al siguiente día que se aprobó? Entonces, ¿para nosotros por qué razón no la ha publicado? […] Cuando se apruebe la ley, la verdad que sí vamos a tener más derechos, como todos los sudcalifornianos […] Existe mucha discriminación, existe mucha exclusión por parte las autoridades aquí en Baja California Sur”.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su encuesta Intercensal 2015, Baja California Sur (BCS) cuenta con una población aproximada de 712 mil 29 personas. De ésta, 103 mil 244 habitantes se reconocen como indígenas, lo que significa el 14.47 por ciento de la población total del estado. Asimismo, 11 mil 36 personas se reconocen como afromexicanas, lo que es igual al el 1.55 por ciento de la población.
En el municipio de La Paz la población indígena representa el 12.43 por ciento, mientras que la afromexicana el 0.44 por ciento. En Los Cabos, la población indígena representa el 16.24 por ciento y la afromexicana el 1.15. Por otro lado, en el municipio de Comondú, la población indígena representa 22.3 por ciento y la afromexicana el 0.15 por ciento. En Mulegé, la población indígena representa el 15.63 por ciento de la población, y la afromexicana asciende al 10.6 por ciento. En el municipio de Loreto, el Inegi no publica datos para la población indígena, pero sí para la afromexicana, representando el 0.12 por ciento de la población municipal.
La nueva ley, protege las normas de organización interna de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas asentados en el territorio del estado, tanto en sus relaciones familiares, vida civil y comunitaria. Por lo tanto, reconoce la existencia de estructuras sociopolíticas y sistemas normativos internos de las comunidades indígenas y afromexicanas, basados en sus usos y costumbres; así como sus procesos de adaptación a la institucionalidad, que se han trasmitido oralmente por generaciones y se han aplicado en su ámbito territorial. De la misma manera, respeta la prevención y resolución de conflictos propuestas por las mismas comunidades, siempre y cuando se sujeten a los principios generales de la constitución federal, los tratados internacionales, la constitución local, respetando los derechos humanos y de manera relevante la integridad y dignidad de las mujeres.
Además, establece que ninguna persona indígena o afromexicana será discriminada en razón de su condición u origen. La ley sanciona cualquier acción o práctica tendiente a denigrar a los integrantes de dichos pueblos y comunidades. De la misma manera, queda prohibido todo acto material que implique reacomodos o desplazamientos forzados, con excepción de aquellos que por motivos de emergencia, caso fortuito y desastre natural, sean determinados por la autoridad competente con la finalidad de salvaguardar la salud y el bienestar social.
Entre otras tantas obligaciones, con la nueva ley nuevo se instruye al Gobierno del Estado que cree e instale la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Baja California Sur, un organismo paraestatal subordinado a la Secretaría General de Gobierno. Igualmente, se deberá crear el Consejo Estatal Indígena y Afromexicano, como instancia de consulta y participación de los sectores públicos estatales, con los representantes de las comunidades. El objetivo, dice la ley, es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos.
En un término de 120 días naturales contados a partir de la instalación del Consejo Estatal Indígena y Afromexicano, se dispondrá que la ley se divulgue en las 3 principales lenguas indígenas que se hablen en el territorio estatal. En ese mismo plazo, el gobernador del estado deberá crear la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En lo referente a temas presupuestales y administrativos, la Secretaría de Finanzas y Administración deberá realizar los ajustes y traspasos presupuestales correspondientes. Una vez expedida la ley, el gobernador deberá enviar al Congreso del Estado la respectiva iniciativa de ampliación y modificación al presupuesto de egresos vigente en el presente ejercicio fiscal.