El estado no cuenta con Fiscalía especializada y autónoma para llevar a cabo sus investigaciones y persecuciones
Baja California Sur presenta un avance del 52% de armonización de disposiciones jurídicas para garantizan el derecho a la protección contra la desaparición forzada. Sin embargo, no es un aumento suficiente para considerar adecuados los reglamentos y las leyes que garanticen la seguridad de la población a ese respecto, según informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe anual.
Según el informe, se requiere mejorar mecanismos administrativos y normativos de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometidas por Particulares y Delitos Vinculado, como los marcos normativos del estado, que tienen un avance menor, de 45.71%, en su adecuación respecto al derecho de las personas a la protección contra la tortura y otros tratos inhumanos.
En el informe se recomienda el enfoque para el mejoramiento a nivel político, social, económico y jurídico observando que el estado no cuenta con una Fiscalía en Delitos contra la Tortura, mucho menos con una Fiscalía especializada y plenamente autónoma, técnica y operativamente para llevar a cabo sus investigaciones y persecuciones de los delitos por los que sea requerida.
Este rezago se da en un contexto por todos conocido en la península, que aumentó desde 2018. Colectivos han estimado alrededor de 400 personas desaparecidas aunque reconocen que el número real es incalculable debido al miedo de reportar las desapariciones.