Presenta unas cuantas modificaciones la nueva Manifestación de Impacto Ambiental de Misión Punta Norte, proyecto promovido por la empresa Sinow Century21, respecto al pasado documento, rechazado ya por SEMARNAT en 2021: pretenden construir dos plantas de tratamiento de aguas residuales y una planta desalinizadora para uso del desarrollo residencial. Y el aprovechamiento de energía solar mediante paneles.

Una cosa que salta es que esta Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) continúa apegada a las condiciones que se establecieron durante la administración de Rubén Muñoz Álvarez en el XVI Ayuntamiento de La Paz. Por lo que cabe recordar que la administración de la alcaldesa Milena Quiroga inició un proceso para anular los permisos que otorgó la administración de Rubén Muñoz de manera, aparentemente irregular.

Se le había acusado al proyecto Punta Norte de simular una concesión de un pozo de agua hecha por la Comisión Nacional del Agua, que de hecho ya había sido asignado por ésta a SAPA. A lo que contradictoriamente responde Punta Norte de que no se usaría el agua del pozo –porque no era de ellos, de hecho– y que sería más bien a través de una planta desalinizadora.

Esta nueva MIA, al parecer, presenta como novedad la desalinizadora, pero el problema es el mismo del año pasado, pues SEMARNAT comunicó que no obstante usaran una desalinizadora, ésta también debería someterse a un estudio de impacto ambiental, dado que estaría dentro de la zona de refugio del tiburón ballena. La planta se construiría a menos de un kilómetro del estero Zacatecas y a un kilómetro con cien metros del refugio del tiburón ballena.

La superficie total del desarrollo residencial sería de 1 millón 933 metros cuadrados, donde se construirían vialidades, «urbanizaría» y se introducirían servicios, que es uno de los problemas no sólo ahí, sino en la ciudad de La Paz.

Recuérdese la información sobre las carencias de colonias en las que los desarrollos inmobiliarios ofrecieron tener todos los servicios, vendieron terrenos y casas y al final de gran parte de ello tiene que hacerse cargo el ayuntamiento: municipalizando, es decir pagando con los impuestos los servicios que supuestamente otorgaría la empresa privada.

Por este detalle es pertinente recordar la advertencia de Milena Quiroga sobre comprar un terreno en el área donde quieren desarrollar Punta Norte: no tienen permisos y se ha iniciado el proceso de nulidad contra el proyecto.

Por esta advertencia que hizo Milena Quiroga a la ciudadanía, los representantes legales de Punta Norte acudieron a las oficinas de Ministerio Público para denunciarla por posible abuso de autoridad, puesto su advertencia afectaba a las ventas del desarrollo.

La nueva MIA informa sobre la necesidad de cambio de uso de suelo forestal a urbano para remover vegetación, la cual modifica también la vida de la fauna del lugar, pero con ello se construirían las plantas de tratamiento que abarcarían 2 mil 478 metros cuadrados.

Otra novedad es el cambio de modalidad de la MIA, de particular a regional, lo que significa que será dictaminado desde las oficinas de SEMARNAT en la Ciudad de México.

Al diseñar esta MIA apegándose a las polémicas condiciones facilitadas por la administración de Rubén Muñoz, Punta Norte manda el mensaje obvio de no darse por vencido ante el proceso de nulidad promovido por el Ayuntamiento que preside Milena Quiroga. Y es indudable que esta nueva MÍA es distinta a la del año pasado, pero ¿de verdad aporta alguna novedad al caso o sólo alarga un proceso?