Luego de solicitar la derogación del matrimonio igualitario al gobernador Carlos Mendoza Davis, Alma Margarita Oceguera Rodríguez solicita a las autoridades en BCS que obligue al representante de la Diócesis de La Paz a cumplir con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Alma Margarita Oceguera Rodríguez, fundadora del Centro Cultural Esperanza Rodríguez y reconocida defensora de los derechos de la Comunidad LGBTI+, exigió a la autoridades correspondientes a Baja California Sur sancionar al obispo de la Diócesis de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, por solicitar al gobernador Carlos Mendoza Davis, la derogación de la reforma aprobada al Código Civil de BCS por el Congreso del Estado y que permite el matrimonio igualitario.

“México es un país con un Estado LAICO. La Constitución y diversas leyes nacionales e internacionales lo salvaguardan. El obispo (y demás asociaciones religiosas y de culto público) requiere leer con cuidado y apegarse a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”, precisó.

Oceguera Rodríguez recordó el artículo 3º de dicha ley, en el que reafirma el carácter laico del Estado mexicano, por encima de cualquier manifestación religiosa, individual o colectiva.

En el artículo 8º, las asociaciones religiosas tendrán que respetar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y respetar a las instituciones, en este caso al Poder Legislativo.

Además, en la fracción II expresa claramente que los representantes de la iglesia deberán  “abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos; III. Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país, y IV. Propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas. […]”.

Asimismo, en el artículo 14 detalla los términos para los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio, y quieran ejercer su derecho a ser votados, pues tendrán que dejar su puesto cinco años antes. Al final se lee:

“Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna […]”.

La activista recuerda que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación el aplicar esta ley con el apoyo de las autoridades estatales y municipales.

Incluso, en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) marcada con el número OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017, expone la necesidad de que los Estados garanticen el acceso del derecho al matrimonio para asegurar la protección de los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación y con respeto.

 “Autoridades de Baja California Sur, ¿quién, cómo y cuándo le aplicarán la ley al obispo de La Paz?”, externó desde su perfil en Facebook.

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