La Paz, Baja California Sur – [Fecha]

En un acto protocolar, la Mesa Directiva del Congreso de Baja California Sur, encabezada por el diputado Luis Armando Díaz, presidente, y la diputada Eda Palacios Márquez, vicepresidenta, junto al presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales, Diputado Enrique Ríos Cruz, recibieron con interés el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

La Secretaria de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, entregó tanto la versión impresa como digital de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos 2024, y la ampliación del Presupuesto de Egresos 2023. Montaño destacó que el presupuesto para el próximo año alcanza los 23 mil 800 millones de pesos, representando un aumento del 12% con respecto al ejercicio fiscal anterior.

Este presupuesto, según Montaño, refleja la continuación de la administración en mantener un equilibrio financiero, respondiendo a las recomendaciones de la federación y específicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Hemos diseñado un presupuesto equilibrado, considerando indicadores como la inflación, el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio y otros elementos de análisis financiero”, explicó Montaño.

La funcionaria resaltó que el 40% del presupuesto total se destinará a la educación, subrayando la importancia de este sector para el desarrollo integral del estado. Además, se asignarán recursos significativos a áreas clave como salud, seguridad pública y obras de inversión, así como a cumplir convenios de colaboración con la federación y a proyectos de desarrollo social.

El presidente de la Mesa Directiva, Luis Armando Díaz, anunció que las propuestas del Paquete Económico se remitirán a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales, presidida por el Diputado Enrique Ríos Cruz, para su análisis detallado. Asimismo, expresó la disposición de convocar a funcionarios de la Secretaría de Finanzas para brindar explicaciones adicionales en caso de ser necesario.

Este paso marca el inicio de un proceso crucial para el destino financiero del estado, y los legisladores se comprometen a llevar a cabo una revisión exhaustiva para asegurar que los recursos se asignen de manera eficiente y beneficien a la comunidad en general.