Sandino Gámez

La reciente publicación de la visita del empresario sudcaliforniano Luis Cano Hernández al jefe de la oficina del gobernador de Baja California Sur y el posterior relato sobre su propósito son asuntos que deben recibir la atención de todo impulsor de los principios de la cuarta transformación en Baja California Sur. También de cualquier persona que aspire a que se proteja el interés colectivo en La Paz y el resto del estado. En particular debe interesar a quien defienda que el desarrollo del pueblo sudcaliforniano se dé (como se ha dado desde hace más de un siglo) por la inversión pública en salud, educación y cultura, y no por la venta del territorio a los extranjeros.

Si bien la visita del empresario a la oficina del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío podría considerarse un asunto de carácter privado, una visita de cortesía, fue en realidad un evento público en un lugar público que involucra distintos órdenes de la vida pública de Baja California Sur, del presente, el pasado reciente y el futuro de los habitantes de esta tierra.

El profesor Omar Castro Cota, desde que es jefe de la oficina del gobernador reporta casi a diario las visitas que recibe en persona, usualmente mediante un retrato con los visitantes. Este caso no fue la excepción. Sucedió en la última semana de octubre de 2021 y fue ampliamente fotografiada. El funcionario dedicó un día posterior a mejorar y aumentar el texto en su muro personal de Facebook para especificar el propósito de la visita del empresario de la construcción y bienes raíces, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial en B.C.S. y ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Quienes hemos seguido los acontecimientos en Baja California Sur en las últimas décadas o tenemos acceso a fuentes de información a través del internet, podemos recordar a Luis Cano Hernández como el supuesto comprador de la mitad del Mogote, la que está hoy construida con edificios de doce plantas, casas de playa y campos de golf. Esa mitad privatizada era propiedad pública estatal cuando menos desde el gobierno de Ángel César Mendoza Arámburo (1975-1981) hasta que fue “vendida” a principios del gobierno de Leonel Cota Montaño (1999-2005) a Luis Cano Hernández.

Sin embargo, casi de manera inmediata a que se cerrara la “compra” este empresario hipotecó en un millón de dólares “la propiedad” a una empresa financiera estadunidense (escritura 58107, vol. 907, notario no. 7 de Baja California Sur, Héctor Castro Castro, 16 de junio de 2004). En caso de no regresar ese millón de dólares en un plazo determinado, “la propiedad” de la mitad del Mogote pasaría a esa empresa extranjera. Por notas periodísticas puede seguirse todo el proceso, porque todo fue público: toda la clase política y todos los medios de comunicación hablaban de la “llegada del progreso” y los “enormes beneficios” que la privatización de 350 hectáreas públicas acarrearía.

Hubo excepciones honrosas en los medios de prensa, como la revista Alternativa de Baja California Sur, La Tijereta y Colectivo Pericú, en donde se publicó la mayor parte de las inconsistencias del discurso oficial y las denuncias de los ciudadanos preocupados y las organizaciones de la sociedad civil, que en esa primera década del siglo veintiuno recibían a veces el título de ambientalistas, ecologistas o conservacionistas. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Ciudadanos Preocupados por El Mogote, la Sociedad de Historia Natural Niparajá y Conciencia A.C. también realizaron acciones legales que ayudaron a identificar las irregularidades de lo que entonces se llamaba “desarrollo turístico”.

No puede decirse que la desincorporación, la privatización de El Mogote, fuera algo ilegal; pero sí es posible decir que fue irregular, desastrosa para el interés público y una deshonra para la clase política que ayer y hoy detentan las decisiones sobre los bienes públicos que pertenecen a todos. El precio de “venta” fue de un dólar (doce pesos) por metro cuadrado. En total supuestamente ingresaron cuarenta millones de pesos a las arcas del estado. El entonces gobernador Cota Montaño declaró que esos millones serían utilizados para pavimentar… el acceso hacia El Mogote. Todo esto se dio bajo un paraguas de defensa conceptual mediatizada sobre lo inútil de tener predios públicos tan extensos en las cercanías de la ciudad de La Paz “sin ser aprovechados”.

A una distancia de casi veinte años el discurso de la clase política publicado a diario en los medios impresos de entonces sería una fuente casi inagotable para estudiantes del periodo neoliberal en Baja California Sur. La “izquierda” hecha gobierno aceptó y justificó todas las privatizaciones sucedidas en el periodo de Leonel Cota y luego de Narciso Agúndez Montaño (2005-2011): eran necesarias para “el desarrollo turístico”, la “vocación turística” de La Paz y Baja California Sur.

Como han demostrado muchos estudiosos nacionales y lo ha señalado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) repetidas veces, el neoliberalismo es un “capitalismo de cuates”. Es decir, la regla en la privatización de bienes públicos en las últimas décadas, además de buscar socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, es que suceda para beneficio de un grupo particular que se aprovecha de su acceso al poder político.

El beneficiario público de la privatización de El Mogote fue Luis Cano Hernández. Hoy que ha vuelto a entrar al despacho del gobierno del estado no debe ignorarse su representativo papel en este mural de la historia reciente y las consecuencias del neoliberalismo en Baja California Sur. No se trata sólo de la persona en su acción pública, sino lo que representa y, sobretodo, a quiénes representa.

Esta representativa visita de Cano en la última semana de octubre de 2021 a la oficina del gobernador y su propósito informado dos días seguidos por su titular hace fundamental recordar, volver a recuperar el tema de la propiedad pública del Mogote y, particularmente, poner la alerta sobre el papel de las instituciones culturales estatales, en especial el Museo de Arte de Baja California Sur y el Museo Regional de Historia y Antropología de Baja California Sur, desde donde se proyectan discursos visuales destinados a infantes, jóvenes y visitantes sobre el presente y el pasado del pueblo sudcaliforniano.

El jefe de la oficina del gobernador sudcaliforniano reportó en su página de Fb que Luis Cano Hernández acudió a “donar” un mural del famoso pintor Víctor Cauduro Rojas, el cual presenta de manera visual y simbólica un resumen de la historia sudcaliforniana, desde los tiempos de las pinturas rupestres hasta nuestros días. Es una obra de 12 por 3 metros y está realizada con la calidad técnica que ha hecho famosos a los hiperrealistas del estilo de los Cauduro o Carbonell. Pero es lo que dice el conjunto de la obra, sobre todo su final, en lo que hay que detenerse para ubicar con mayor precisión el propósito de la obra, su entrega “en donación” y la afirmación del maestro Omar Castro Cota sobre que habrá de exhibirse “en alguno de los museos de la Ciudad de La Paz”.

El mural está dividido en cuatro escenas. En las dos primeras se proyecta de manera visual el típico discurso en el que los pueblos originarios “existieron” en un estado primitivo hasta la llegada de los europeos (Cauduro pondera de ellos sólo la pintura rupestre) y luego fueron subyugados por “el evangelio” (“they bent the knee”). En la tercera hay un hombre sobre una carreta y corredores fantasmas (que de lejos parecen cruces blancas amontonadas como en un cementerio): ambos conjuntos se dirigen hacia la derecha, que parece ser la escena del presente. Precisamente esta última parte del mural parece mostrar la idea del pintor sobre lo que es Baja California Sur hoy. Es posible que también revele la idea que tiene Luis Cano Hernández sobre nuestro presente común y, según indica Omar Castro Cota, sería la idea promovida por la oficina del gobernador del estado para colocarse en “algún museo” de la ciudad de La Paz.

Es muy significativo que el “presente” en este mural esté separado visualmente de las tres escenas previas (“el pasado”) mediante una zanja entre la tierra y el pavimento de un pueblo costero de cemento. Las pocas personas que hay en este presente son un “local” que parece brinca de alegría frente a un carro de la Baja Mil, un gringo que golpea una pelota en un campo de golf junto a la playa, otro “local” que empuja un carrito de paletas heladas y, en el primer plano, un turista gringo y su pareja que toman fotografías hacia el pasado sudcaliforniano, lo que está más allá de la llegada del pavimento.

¡Cuánto vacío sobre lo que es Sudcalifornia hay en el pintor, su mural y quienes lo encargaron! ¿Esto es lo que el gobierno de Baja California Sur tiene en proyecto para los sudcalifornianos? Nosotros teníamos, casi tenemos todavía, una mejor impresión del gobernador y sus principales consejeros, pero con esto no podemos sino recordarles todavía unas cosas más.

Recordar la deuda histórica que tiene el actual gobernador Víctor Manuel Castro Cosío con los habitantes de La Paz precisamente con el caso de El Mogote. Pese a todos los avances en la defensa del territorio, en la planeación urbana y en la administración municipal, el ayuntamiento que presidió Castro Cosío validó la privatización irregular de un bien colectivo: el territorio más estratégico para el futuro de la bahía de La Paz. Su gobierno municipal “permutó” 27 hectáreas de El Mogote que correspondían al Ayuntamiento de La Paz por supuestas cien hectáreas en Chametla, en una acción violatoria de la ley estatal, como denunciamos en su momento.

Hoy es demostrable que no ha habido una ganancia proporcional para Baja California Sur o para La Paz en los veinte años de ese proyecto privatizador. Son casi veinte años en los que el gobierno estatal y el municipal “relanzó” tres o cuatro veces “el proyecto” de Luis Cano y presuntamente le permitió nunca entregar valores en efectivo o en propiedad raíz por los derechos legales a que está obligado cualquier proyecto inmobiliario en Baja California Sur y La Paz. También durante casi veinte años el ayuntamiento le ha subsidiado el agua y el predial, y seguramente le ha condonado el impuesto sobre adquisición de bienes y servicios (que desde 2015 es estatal). ¿Quién duda  que hay un mercado inmobiliario paralelo de suelo sudcaliforniano en medios extranjeros, libres de impuestos?

Desde el primer día de la privatización hubo y sigue habiendo un acoso por parte de los nuevos “propietarios”, casi todos extranjeros, hacia los visitantes de las playas de El Mogote. Baste recordar que una tradición fundacional de la Ciudad de La Paz, la peregrinación en lancha de los pescadores y sus familias de los barrios de El Esterito y el Manglito hacia esa barra de arena el día de San José fue suspendida desde 2005 bajo el argumento de que El Mogote no era ya de los paceños, como si no existiera la previsión de la zona federal marítimo terrestre y el derecho de vía para los caminos vecinales.

Hay que recordar por qué el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas protegió por decreto toda la península de arena para que se recuperara el ecosistema, luego de una deforestación desmedida en las décadas de 1910 y 1920. ¿En qué momento el jefe político Agustín Olachea Avilés se convirtió en dueño de la mitad de El Mogote? ¿Mientras fue jefe político? ¿Venía con el cargo? Sabemos sin dudar que el primer gobierno constitucional sudcaliforniano recibió una gran cantidad de predios costeros destinados al desarrollo cuidado, racional y propio de la capital del estado naciente. Prácticamente todos estos enormes y bellos predios fueron privatizados en el periodo 1996-2011.

Como hemos visto con esta visita pública al palacio de gobierno de la última semana de octubre de 2021: se sigue promoviendo una visión colonialista y neoliberal basada en la venta de la tierra para urbanizaciones costeras habitadas por extranjeros. Porque, insistimos: ¿qué proyecta el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío para El Mogote durante su gobierno? ¿Recuperar lo público? ¿Qué proyecta el gobierno estatal para el desarrollo cultural de los sudcalifornianos? ¿Murales ignorantes de la historia sudcaliforniana que sólo ilustran el entreguismo y subordinación de las autoridades locales hacia los empresarios extranjeros? ¿En qué se basa el jefe de la oficina del ejecutivo estatal para decidir que una obra como ésta llegará a exhibirse en uno de los dos museos bajo su administración y cuidado? ¿Por qué quieren imponer modelos agotados, fracasados y desprestigiados? ¿Son ustedes neoliberales, estimados profesores?

El intento de imposición de un discurso visual sobre la historia del estado a partir de la “gran visión” de prestadores de servicios inmobiliarios para empresas extranjeras sería no sólo patético sino una evidencia de que estamos ante una redición del “proyecto” gubernamental de 1999-2011. Pero, como dice el dicho sobre la obra de Dumas: no es lo mismo Los tres mosqueteros que Veinte años después. La historia es una espiral y puede ser un bello fractal. En todo caso, en este caso, que no sea como dijo Marx sobre el 18 brumario de L. Bonaparte. Profesores: ni tragedia ni farsa. Mejor una historia nueva. Para más señas: la verdadera. Liberen, no opriman. 

En todo caso, si no tiene “jiribilla” la donación del mural de V. Cauduro y la visita de L. Cano: su lugar no es ningún recinto público de Baja California Sur, mucho menos uno de tipo museístico o que sea frecuentado por personas en edad escolar, menos aún es apropiado para los turistas. ¿Por qué el empresario no lo coloca en una de sus grandes propiedades y luego permite el acceso público para ir a verla? Ahí en sus propiedades, como dice la ley, pueden colocar éste u otro discurso. Gracias a la generación de la Reforma y la Constitución de 1857, sin que nadie los moleste, pueden hacer un becerro de oro o de concreto, colocar un altar a la divinidad del campo de golf, un templo al hombre blanco, etc. Su muy válida explicación de propósito de mirar el pasado sudcaliforniano que más les convenga, etc. Lo que gusten. En su propiedad.

Pero en espacio público sudcaliforniano no. Ahí, en lo público, hay otro proyecto colectivo, en construcción. Lo dicen nuestros poemas. Aquí hay un pueblo, una tierra, una  promesa y un destino.

sandinogamez@gmail.com