Luego que el gobernador Carlos Mendoza Davis saliera a celebrar, de nueva cuenta, la supuesta vinculaciòn a proceso de Edith “N” por el delito de maltrato animal de la perrita Luna, algunos expertos han desmontado lo dicho por el representante del Poder Ejecutivo.
El caso tomó fuerza por el empuje que le dio el polèmico y criticado actor y conductor Arturo Islas Allende que ocasionó entre sus seguidores una marcha en la capital. Entonces, el mandatario estatal presumió la eficacia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cosa que no fue bien recibida por familiares de personas desaparecidas quienes, en muchos casos, aún no ha sido resuelto el caso.
Experto en la materia explicaron que, luego de haber tomado las redes sociales para decir que no habría impunidad en el caso, la realidad es que la ya tradicional simulación de la administración saliente se volvió a evidenciar cuando las acciones legales emprendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado en este caso se quedaron en meras acusaciones sin fundamento legal.
De acuerdo con la información de estrados, la juez a cargo del caso de Luna negó por infundada la petición de prisión preventiva contra la acusada de maltrato animal. La dueña del cánido asistió a una audiencia y se retiró en plena y absoluta libertad y no se le sujetó a ninguna medida cautelar.
El Ministerio Público fue incapaz de acreditar el daño a reparar y lo único que significa el “auto de vinculación” es que le dieron dos meses más para seguir investigando al agente a cargo. Con ello se logra extender el plazo del juicio que expertos en derecho penal consideran llegaría a un resolutivo después de las elecciones del seis de junio.
Se sabe que en este caso ni en cualquier otro relativo al maltrato, los agentes investigadores y jueces no pueden generar procesos que lleven a condena mientras no se armonicen el código penal y la ley contra el maltrato en vigor.
Sin tipificar en el código penal la impunidad en los casos de maltrato animal seguirá dándose en Baja California Sur por lo que los mensajes que emplea Carlos Mendoza Davis para brillar en redes sociales sobre el caso de Luna parecen mero relumbrón político.
“Compartimos la indignación de la sociedad por este lamentable caso. Que no quepa la menor duda: prevalecerá la justicia y el Estado de derecho en BCS, en este caso, y en todos en los que se requiera la aplicación de la ley” expresó el gobernador Carlos Mendoza Davis en el contexto de una manifestación multitudinaria ante la PGJE exigiendo justicia por la perra Luna luego de que un influences viralizó el caso de maltrato en el que un funcionaria pública se ve involucrada luego de golpear y enterrar viva a su mascota.
Luego que el gobernador Carlos Mendoza Davis saliera a celebrar, de nueva cuenta, la supuesta vinculaciòn a proceso de Edith “N” por el delito de maltrato animal de la perrita Luna, algunos expertos han desmontado lo dicho por el representante del Poder Ejecutivo.
El caso tomó fuerza por el empuje que le dio el polèmico y criticado actor y conductor Arturo Islas Allende que ocasionó entre sus seguidores una marcha en la capital. Entonces, el mandatario estatal presumió la eficacia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cosa que no fue bien recibida por familiares de personas desaparecidas quienes, en muchos casos, aún no ha sido resuelto el caso.
Experto en la materia explicaron que, luego de haber tomado las redes sociales para decir que no habría impunidad en el caso, la realidad es que la ya tradicional simulación de la administración saliente se volvió a evidenciar cuando las acciones legales emprendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado en este caso se quedaron en meras acusaciones sin fundamento legal.
De acuerdo con la información de estrados, la juez a cargo del caso de Luna negó por infundada la petición de prisión preventiva contra la acusada de maltrato animal. La dueña del cánido asistió a una audiencia y se retiró en plena y absoluta libertad y no se le sujetó a ninguna medida cautelar.
El Ministerio Público fue incapaz de acreditar el daño a reparar y lo único que significa el “auto de vinculación” es que le dieron dos meses más para seguir investigando al agente a cargo. Con ello se logra extender el plazo del juicio que expertos en derecho penal consideran llegaría a un resolutivo después de las elecciones del seis de junio.
Se sabe que en este caso ni en cualquier otro relativo al maltrato, los agentes investigadores y jueces no pueden generar procesos que lleven a condena mientras no se armonicen el código penal y la ley contra el maltrato en vigor.
Sin tipificar en el código penal la impunidad en los casos de maltrato animal seguirá dándose en Baja California Sur por lo que los mensajes que emplea Carlos Mendoza Davis para brillar en redes sociales sobre el caso de Luna parecen mero relumbrón político.
“Compartimos la indignación de la sociedad por este lamentable caso. Que no quepa la menor duda: prevalecerá la justicia y el Estado de derecho en BCS, en este caso, y en todos en los que se requiera la aplicación de la ley” expresó el gobernador Carlos Mendoza Davis en el contexto de una manifestación multitudinaria ante la PGJE exigiendo justicia por la perra Luna luego de que un influences viralizó el caso de maltrato en el que un funcionaria pública se ve involucrada luego de golpear y enterrar viva a su mascota.
Luego que el gobernador Carlos Mendoza Davis saliera a celebrar, de nueva cuenta, la supuesta vinculación a proceso de Edith “N” por el delito de maltrato animal de la perrita Luna, algunos expertos han desmontado lo dicho por el representante del Poder Ejecutivo.
El caso tomó fuerza por el empuje que le dio el polémico y criticado actor y conductor Arturo Islas Allende que ocasionó entre sus seguidores una marcha en la capital. Entonces, el mandatario estatal presumió la eficacia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cosa que no fue bien recibida por familiares de personas desaparecidas quienes, en muchos casos, aún no ha sido resuelto el caso.
Expertos en la materia explicaron que, luego de haber tomado las redes sociales para decir que no habría impunidad en el caso, la realidad es que la ya tradicional simulación de la administración saliente se volvió a evidenciar cuando las acciones legales emprendidas por la procuraduría en este caso se quedaron en meras acusaciones sin fundamento legal.
De acuerdo con la información de estrados, la juez a cargo del caso de Luna negó por infundada la petición de prisión preventiva contra la acusada de maltrato animal. La dueña del cánido asistió a una audiencia y se retiró en plena y absoluta libertad y no se le sujetó a ninguna medida cautelar.
El Ministerio Público fue incapaz de acreditar el daño a reparar y lo único que significa el “auto de vinculación” es que le dieron dos meses más para seguir investigando al agente a cargo. Con ello se logra extender el plazo del juicio que expertos en derecho penal consideran llegaría a un resolutivo después de las elecciones del seis de junio.
Se sabe que en este caso ni en cualquier otro relativo al maltrato, los agentes investigadores y jueces no pueden generar procesos que lleven a condena mientras no se armonicen el código penal y la ley contra el maltrato en vigor.
Sin tipificar en el código penal la impunidad en los casos de maltrato animal seguirá dándose en Baja California Sur por lo que los mensajes que emplea Carlos Mendoza Davis para brillar en redes sociales sobre el caso de Luna parecen mero relumbrón político.
“Compartimos la indignación de la sociedad por este lamentable caso. Que no quepa la menor duda: prevalecerá la justicia y el Estado de derecho en BCS, en este caso, y en todos en los que se requiera la aplicación de la ley” expresó el gobernador Carlos Mendoza Davis en el contexto de una manifestación multitudinaria ante la PGJE exigiendo justicia por la perra Luna luego de que un influencer viralizó el caso de maltrato en el que un funcionaria pública se ve involucrada luego de golpear y enterrar viva a su mascota.