–La fiscalía busca eliminar su inmunidad procesal del diputado federal para poder llevarlo a cuentas por el posible uso indebido de sus funciónes cuando fue presidente municipal de La Paz
–De acuerdo con un abogado integrante del FRECIUDAV, la solicitud estaría llegando al Poder Legislativo Federal en fecha próxima.

Este día trascedió que el Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur presentó una solicitud ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el fin de iniciar el procedimiento para la declaración de procedencia (desafuero) en contra del diputado federal Rubén Muñoz Álvarez, quien además es exalcalde de La Paz, Baja California Sur, y miembro del Grupo Parlamentario de MORENA. Esta solicitud tiene como objetivo retirar la inmunidad procesal (fuero) del diputado para que se le pueda enjuiciar penalmente en los tribunales del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

La información que llevó a la solicitud de desafuero fue inicialmente dada a conocer por el abogado penalista y miembro del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV), Arturo Rubio Ruiz, a través de sus redes sociales. Esta denuncia fue posteriormente respaldada por la administración municipal de La Paz. La acusación se centra en el presunto ejercicio ilícito del servicio público relacionado con la modificación del uso de suelo en el municipio de La Paz.

El hecho concreto motivo de imputación involucra a Rubén Muñoz Álvarez, quien se desempeñaba como Presidente Municipal del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en el período de 2018-2012. Además, Juan Ramón “N”, Quinto Regidor, y Pilar Eduardo “N”, Noveno Regidor, también eran miembros integrantes de la Comisión Edilicia de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito en ese período. Se les acusa de emitir de manera ilegal un dictamen el 15 de enero de 2021, que permitió el cambio de uso de suelo de un terreno con clave catastral 1-01-014-0165, sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur.

Según la investigación, estos servidores públicos, que ocupaban cargos clave en el Ayuntamiento de La Paz, tenían conocimiento de que el terreno en cuestión no podía ser urbanizable y que su modificación de uso de suelo afectaría gravemente al municipio. A pesar de este conocimiento, no informaron al Pleno del Cabildo, que finalmente votó a favor del cambio de uso de suelo en una sesión de marzo de 2021.

Este actuar supuestamente ilegal resultó en la alteración del Plan de Desarrollo Urbano sin seguir los procedimientos legales necesarios. La zona afectada se encuentra dentro del proyecto “Misión Punta Norte”, que abarca un 71% de su área como Protección Ecológica Aprovechamiento (PEA) y un 15% correspondiente a Bienes Nacionales. Dado que el terreno estaba afectado por escurrimientos, no era ni podía ser urbanizable, y se requería un dictamen de la Comisión Nacional del Agua para su delimitación.

El terreno restante se destinaba a Vivienda Residencial Turística (H6) y Corredor Urbano (CUR). Por lo tanto, el cambio de uso de suelo no cumplía con los requisitos legales y procedimentales. El entonces Presidente Municipal, Rubén Muñoz Álvarez, tenía conocimiento de esta situación y, a pesar de ello, supuestamente actuó en contra de la ley, favoreciendo a un particular.

Según el Código Penal de Baja California Sur, se están previendo las conductas antes mencionadas bajo los artículos 270 (Ejercicio ilícito del servicio público) y 279 (Coalición de servidores públicos). Estos artículos establecen sanciones para aquellos servidores públicos que abusan de su poder en beneficio propio o de terceros, y que se coaligan para cometer acciones ilegales.

La solicitud de desafuero del diputado federal Rubén Muñoz Álvarez busca llevar a cabo un proceso legal y transparente para determinar su responsabilidad en estos presuntos actos ilícitos. La ciudadanía de Baja California Sur y el Congreso de la Unión seguirán de cerca este caso, ya que refleja los esfuerzos por combatir la corrupción y garantizar el cumplimiento de la ley en el ejercicio del servicio público.