La Diputada Eda Palacios propuso una iniciativa para reformar el Código Penal estatal con el objetivo de fortalecer el tipo penal de feminicidio y de lesiones cometidas contra la mujer. La propuesta incluye la adición de 12 nuevas hipótesis que encuadran como feminicidio, así como agravantes en casos de mujeres en condición vulnerable.

En una emotiva presentación en el Congreso de Baja California Sur, la Diputada Eda Palacios, oriunda del municipio de Los Cabos, dio a conocer una iniciativa de reforma y adiciones a los artículos 389 y 390 Ter del Código Penal estatal, con la intención de fortalecer la legislación en torno al feminicidio y las lesiones cometidas contra mujeres.

La propuesta de la Diputada Palacios busca ampliar el alcance del tipo penal de feminicidio, actualmente compuesto por ocho hipótesis, añadiendo 12 nuevas situaciones que se encuadrarán en este delito. Entre las novedades, destaca la inclusión del feminicidio por causas políticas, cuando una mujer es privada de la vida con el fin de impedir su participación en procesos electorales. Esto surge en respuesta a los alarmantes 21 asesinatos de mujeres candidatas que ocurrieron en el proceso electoral de 2021 en todo el país. La propuesta también aborda la violencia política de género, que incluye lenguaje sexista, insultos, minimización, discriminación y amenazas hacia las mujeres que participan en política.

Las nuevas hipótesis incluyen el feminicidio por razones de honor, creencias religiosas o conciencia; rituales ceremoniales o linchamientos; motivado por el embarazo de la víctima; la ocupación en el trabajo sexual o víctima de trata o explotación sexual; profesiones estigmatizadas o relacionadas con la propia imagen; en situaciones donde la víctima se interponga o sea testigo de un intento de agresión a otra mujer, o cuando la víctima ejerza su derecho al trabajo y reciba una remuneración superior a la del agresor, sintiéndose amenazado o desplazado por el empoderamiento de la mujer, entre otras circunstancias.

Además, la iniciativa propone que el perpetrador de un feminicidio, además de perder los derechos sucesorios, pierda todo derecho con relación a los hijos de la víctima, si es que los tuviera, garantizando el interés superior de la niñez. Se ordenaría a las autoridades competentes proporcionar protección, asistencia, atención y reparación integral del daño a los niños y adolescentes que quedaran en situación de orfandad o hubieran presenciado el feminicidio.

El delito de feminicidio actualmente conlleva una pena de 30 a 60 años de prisión, pero esta pena podría aumentar hasta 80 años en casos con agravantes. La propuesta también busca agravar la pena en un tercio adicional cuando la víctima sea una mujer menor de edad, adulta mayor, indígena, afromexicana, migrante, refugiada, en desplazamiento forzado, embarazada o discapacitada, o se encuentre en una situación socioeconómica desfavorable, afectada por situaciones de violencia política, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación laboral, explotación sexual o desastres naturales, o cualquier otra condición especial.

En lo que respecta al delito de lesiones cometidas en contra de la mujer en razón de su género, la propuesta incorpora una nueva agravante: el uso de ácidos, sustancias corrosivas, caústicas, irritantes, tóxicas o inflamables con el fin de dejar huellas indelebles que recuerden a la víctima las razones de su agresión. El delito simple de lesiones agravadas tiene actualmente una pena de 7 a 14 años, que se incrementa a 9 a 18 años si el perpetrador es conocido de la víctima, y aún más si se utilizan sustancias que dejen marcas permanentes y mutilen órganos genitales.

La iniciativa también establece la obligación del personal de instituciones de salud públicas y privadas de informar al Ministerio Público sobre todos los casos de lesiones provocadas por agentes químicos, con el fin de garantizar una sanción efectiva para esta conducta.

La propuesta de la Diputada Eda Palacios ha sido enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y discusión en el Congreso de Baja California Sur. Su objetivo es brindar una mayor protección a las mujeres y castigar de manera ejemplar las conductas violentas que atentan contra su vida e integridad.