A falta de estrategia, Felipe Prado Bautista, presidente municipal de Mulegé, volvió al “toque de queda ciudadano” el pasado 17 de julio de 2020, con la finalidad de tratar de disminuir el brote de contagios de COVID-19. Si bien la medida no se reflejó aún en las estadísticas, lo que sí creció es el número de vehículos decomisados por la Policía Municipal de Mulegé.
Tan sólo en Vizcaíno y Guerrero Negro fueron enviados al corralón cerca de 57 automotores. Francisco Javier Hernández, subdirector de la Policía Municipal de Mulegé, informó a GuerrerodeSal que después de las 10:00 de la noches nadie debe abordar las vialidades sin que se justifique su salida.
La libertad de tránsito, señalada en el artículo 11 constitucional, así como el ejercicio de otros derechos, solo puede ser limitada o restringida temporalmente por el presidente de la República, con aprobación de las dos Cámaras del Congreso, y la revisión de oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución.
Cuando el presidente municipal anunció la medida restrictiva y autoritaria, pidió a los ciudadanos a “exhibir” a toda aquella persona que no esté respetando los protocolos de COVID-19. Por supuesto, las detenciones significan dinero para el Prado Bautista, porque deberán pagar las sanciones dadas por el gobierno mulegino