Pese a que la autorización ambiental fue negada para la empresa Exploraciones Oceánicas, continúa el rechazo de los pescadores de Puerto Chale, ya que la empresa continúa con la concesión para dragar aproximadamente 350 millones d toneladas d arenas fosfáticas durante 50 años, con lo que producirían fertilizantes.

Este procedimiento afectaría a una variedad de especies, entre tortugas, langosta y ballenas, así como al modo de vida y sustento de los pescadores, por lo que exigen la prohibición de minería submarina en todo el país.

Tomás Camacho, integrante de la cooperativa Puerto Chale, compuesta por 200 familias, hizo hincapié en que un proyecto como ése crearía una zona de muerte en el Golfo de Ulloa y acabaría con la pesca en la zona.

El representante de la cooperativa se reunió con María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, posterior al foro celebrado en la Cámara de Diputados para reformar la Ley Minera, reformas con las que intentaría poner en el centro a los derechos humanos y la forma de vida de comunidades afectadas por este tipo de proyectos de extracción.

Tomás Camacho recordó que la Manifestación de Impacto Ambiental ha sido rechazada dos veces, pero eso no quita que la empresa siga presentando proyectos en el futuro, así sea con otros nombres.

Señaló que uno de los riesgos es que eventualmente el gobierno pueda dejarlos operar, pues la empresa Odyssey Marine Exploration demandó al Gobierno de México en 2019, por 3 mil 350 millones de dólares. Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, mantiene su negativa a que estos proyectos se realicen.

La primera vez que se percataron de la presencia de las embarcaciones mineras, cuenta Tomás Camacho, fue en 2012, encontrando especies muertas como delfines y tortugas amarillas. Para 2014 s realizó una reunión informativa por parte del proyecto de minería «Don Diego» que fue rechazada por la mayoría de uno 500 ciudadanos. Incluso se demandó al periodista Carlos Ibarra, que investigó sobre los efectos negativos del proyecto, y contra Florencio Aguilar, presuntamente por «conspirar contra el desarrollo económico de México».

María Concepción Lora, del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos y titular del Programa de Acuicultura del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste explicó las consecuencias de realizar un pryoecto así, pues afectaría a las especies tanto por el ruido, como la obstrucción de la luz solar y por el dragado –todos los días, durante 50 años.

La propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto reconoce el impacto a la generación de desechos que podrían quedar en forma permanente en el mar, lo que afectaría a toda clase de especies, donde al menos hay 29 registradas en alguna categoría de riesgo.

La empresa de minera submarina, ofrece a cambio «paradas ecológicas» para garantizar el paso de las ballenas con sus crías, y que participara Pemez Fertilizantes, a quien se le tendría como comprador permanente de los productos para crear los fertilizantes. Así mismo propuso un acuerdo para que los pescadores dejaran la pesca, a cambio de una retribución económica, quienes mostraron el rechazo y prometen seguir en pie de lucha contra el proyecto.