Ayer atestiguamos la manera en que la presente legislatura del Congreso votó de manera unánime para aprobar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial estatal, misma que tenía que ser lanzada al pleno sí o sí por el mandato de un juez, ya que de no hacerlo, lxs diputadxs podrían incurrir en un crimen.

Quien escribe, al igual que muchas otras personas que participan en sociedad civil, partidos políticos, gobierno en diversos órdenes y representantes de sectores transportistas, estuvimos trabajando con la comisión de transporte integrada por Juan Pérez Cayetano -después relevado por Denny Guerrero- (MORENA), Luis Armando Díaz (PT) y Gaby Montoya (MORENA) en la supuesta elaboración de un proyecto de ley que le daría cumplimiento a la armonización de la Ley General, cuyo espíritu pone al centro la seguridad de las personas para reducir las muertes viales.

Después de casi un año de trabajo y más de diez mesas de deliberación extenuante, se presentó un proyecto de redacción que sólo tendría que pasar por el escritorio de “Los Divinos”, un grupo de asesores del legislativo que son quienes les dan la última revisión a todas las leyes presentadas en el pleno para que éstas sean congruentes con todas las demás vigentes en el estado. Sin embargo, la ley que éstos le regresaron a la comisión fue una que eliminó los aspectos más importantes para darle cumplimiento al propósito de salvaguardar la vida de lxs sudcalfornianxs que transiten por las calles.

El documento aprobado no es más que una simulación que tiene como propósito no meterse en problemas con las autoridades federales que obligan a los estados a promulgar una ley en cada uno, y es por ello que ante la opinión de personas expertas en todo el país existe un rechazo a la ahora aprobada en BCS.

Esto se fundamenta en la renuencia a lanzar un Sistema Estatal de Seguridad Vial -que sí están conformando otros estados-, a seguir poniendo al centro de la política a los automóviles y no a las personas, ante la negación total de asignar cualquier responsabilidad a un ente estatal -ya que la ley no menciona por ningún lado qué organismo gubernamental deberá coordinar las acciones por la seguridad vial-, y ni qué decir sobre que la movilidad no motorizada puede afectar la movilidad, seguridad vial y económica de los usuarios de las vías (Art. 35 de la aprobada ley); todo esto bajo el argumento de que la administración actual se metería en un lío presupuestario.

No sorprende la forma en que toda esta pantomima política resulta en un inservible instrumento de ley que quedará en letra muerta, sino que lo realmente importante es visibilizar cómo esta comisión del legislativo ha actuado de manera cerrada -diciendo hacia afuera que lo hace abiertamente-, sin responsabilidad con sus electores y mintiendo.
Hay que preguntarnos qué intereses son los que están llevando realmente este proceso, a quién(es) le responden estos “divinos” -que al parecer no lo hacen ni siquiera a quienes integran el pleno- y sobre todo, cuestionarnos por qué sigue esta renuencia desde el más alto liderazgo estatal a relegar la seguridad y vida de las personas a partir de acciones e infraestructura que la garantice y sólo seguir presumiendo y gastando cantidades millonarias en obras de pavimentación que sin acciones complementarias generan condiciones para sostener el aumento de muertes por choques en Baja California Sur.