En una sesión extraordinaria, el pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó el dictamen presentado conjuntamente por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como de Asuntos Políticos. Esta aprobación implica la reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política local y la emisión de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado.

La recién aprobada Ley Electoral representa un importante avance en materia de progresividad e inclusión, al visibilizar a los grupos prioritarios y dar cumplimiento a las sentencias establecidas por mandato judicial. La normativa también busca asegurar la participación activa de estos grupos en los procesos electorales, especialmente con miras a la gubernatura del año 2027, donde se resalta la importancia de la paridad de género.

La diputada Lorena Marbella González Díaz, quien preside la Comisión Especial Plural para la Reforma Electoral, destacó en una entrevista que se ha hecho especial énfasis en el respeto a la progresividad y en la inclusión de los grupos prioritarios en la nueva ley. Se deja bajo la responsabilidad del Instituto Estatal Electoral (IEE) la implementación de acciones que fomenten y garanticen la progresividad mencionada, con el objetivo de brindar igualdad de oportunidades a todas las personas en materia de participación electoral, especialmente de cara a las elecciones del 2024.

Asimismo, todas las iniciativas presentadas tanto por diputados como por ciudadanos que participaron en las mesas de trabajo llevadas a cabo en todo el territorio estatal, han sido incluidas en el proyecto que se sometió a votación durante el período extraordinario. Previamente, se eligió la mesa directiva, resultando electas nuevamente como presidenta la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto; Secretaria Gabriela Cisneros y como prosecretaria María Luisa Trejo Piñuelas.

Con la aprobación de esta Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Congreso del Estado de Baja California Sur busca fortalecer el marco normativo en materia electoral, asegurando una mayor participación ciudadana y garantizando la inclusión y visibilización de los grupos prioritarios en el proceso democrático. La normativa se convierte así en un pilar fundamental para promover la igualdad y la representatividad en el sistema electoral del Estado.