Consideró que la ampliación de muelles para recibir megacruceros «es un hecho» y que la información de opositores son «especulaciones»

Este jueves 20 de enero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cerró el proceso de consulta pública en materia de impacto ambiental del proyecto «Ampliación del muelle API-BCS del puerto de Pichilingue», presentado por la empresa Aquamayan Adventures. Resta esperar la evaluación para que se emita el dictamen respectivo.

Para Arturo Musi Ganem, representante de la Asociación de Cruceros de México, tanto la consulta como la evaluación por parte de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental serían un «mero un trámite» y afirmó que la autorización del proyecto es un hecho, pues si la Semarnat plantea modificaciones al proyecto por impacto ambiental, éstas se realizarían e iniciarían el procedimiento una vez más hasta lograr la aprobación.

La otra posibilidad, según Musi Ganem, es que la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental permita la realización del proyecto. No consideró una tercera opción y descalificó la información que han estado planteando asociaciones civiles, ambientalistas y activistas, respecto a los efectos perniciosos de los cruceros en toda la zona que, según dijo, son sólo «especulaciones».

Para el representante de la Asociación de Cruceros de México la cosa está clara, y parece no tener matices:

«Hubo una convocatoria en la cual se licitaba el puerto que la Administración Portuaria Integral no tenía recursos para desarrollarla, mejorarla. La Ley prevé que en ese caso pueden licitarla. La licitaron y esta empresa del sureste participó y ganó la licitación. Ese es el primer paso. El segundo es presentar el informe de impacto ambiental […] ésta se manda a Semarnat, lo checa y si esta manifestación no va de acuerdo o es dañina o tiene algún problema, se le regresa al licitante explicando en qué está mal, en qué no se autoriza y ellos tienen la oportunidad de volver a modificar el proyecto hasta que le autoricen el impacto ambiental, ya autorizado viene la construcción del puerto».

Cabe preguntarse si pese a nuevos intentos no se autorizara el proyecto, la empresa demandaría para obtener una indemnización, ya que aun sin haber obtenido la aprobación desembolsó una cantidad de 40.5 millones a la Administración Portuaria Integral, al concretarse la firma del contrato para la cesión parcial de derechos, como cuota inicial, «garantía o guante» según las palabras del director de API-BCS, Narciso Agúndez Gómez.

Musi Ganem desestimó la información que ha estado circulando por parte de asociaciones ambientalistas y agregó que «esto no lo decide un grupo que alce la mano y diga “quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo”, ya tiene todo un proceso y muy estricto». «Las autoridades son las que determinan, los técnicos; si el impacto que tienen y si no es dañino, si no es negativo, entonces ya se les da la autorización», agregó.

Negó que la empresa Aquamayan Adventures tenga la responsabilidad de informar, sino cumplir con las normas y que sí es importante que el Gobierno y API-BCS, por interés público, «informen de qué va a constar» el proyecto. Información en la que no han sido muy despilfarradores, así como en la difusión de la consulta pública cuya realización se debe a la solicitud –precisamente– de esos grupos ambientalistas a los que el líder de la Asociación Mexicana de Cruceros se refiere.

Estas asociaciones y ambientalistas reclaman el impacto nocivo al medio ambiente detonado por las grandes embarcaciones que son los cruceros, así como por la construcción del complejo turístico planteado y además el impacto social que, según manifestaron representantes del Colectivo Torpedo «amenaza fuertemente el modo de vida en La Paz».

Por último, Musi Ganem sostuvo que no es «por su impacto mediático, sino por las autoridades ambientales» como se evalúa el impacto ambiental de la terminal de cruceros que quieren construir en Pichilingue.