La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efectos las acciones legales emprendidas por las diputadas del PES y el PAN, quienes rechazaban reconocer la destitución de cargos directivos dentro del Congreso de Baja California Sur (BCS).

Luego de que Morena recompuso sus fricciones internas, junto al Partido del Trabajo (PT), volvió a ser mayoría removiendo a funcionario ligados al PES, PAN, Humanista y PRI por un supuesto mal manejo de las finanzas. A Elizabeth Rocha Torres (PAN) no se le reconoció más como presidenta de la mesa directiva  y Atilio Perea de la Peña como Oficial Mayor.

Los quejosos no pudieron demostrar alguna violación a la norma constitucional, porque fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la legislatura. Por esa razón, al considerar improcedente la controversia 50/2020, no se hizo valido el nombramiento de Daniela Rubio Avilés del Humanista como presidente de la Mesa Directiva.

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Hace unos días, en un video difundido en sus redes sociales, el gobernador Carlos Mendoza Davis amenazó con no reconocer los decretos emitidos por los actuales representantes del Poder Legislativo. Pidió un arreglo entre los dos grupos en pugna por el control del recinto parlamentario o esperar el resolutivo de la SCJN.

Morena y PT han acusado al gobernador de sembrar la inestabilidad del parlamento sudcaliforniano, con la finalidad de continuar con el control financiero. De hecho, la minoría del PAN y PES retienen las cajas del Congreso del Estado, evitando que la mayoría reciba un pago por su labor. Este grupo tuvo 5 faltas por lo que fueron destituidos en este periodo.

La SCJN ordenó archivar el caso por la improcedencia del mismo.