Sandino Gámez

Entre las facultades constitucionales del gobernador del estado de Baja California Sur no es la menos importante la de comprar y vender valores, activos o inmuebles propiedad del pueblo sudcaliforniano. Es decir, el gobernador no es el propietario de los bienes públicos, pero está facultado para aumentarlos o disminuirlos. Sin embargo, estas compras y ventas, adquisiciones y enajenaciones están normadas por leyes estatales y nacionales. En todas las leyes se especifica claramente que estas acciones no serán para enriquecer a los servidores públicos responsables, sus familiares hasta el tercer grado ni a particulares, sino para cumplir un propósito público, de interés social y para el bien colectivo.

Hay que recordar esto, en primer lugar, al analizar la iniciativa del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío para privatizar el edificio de la representación del gobierno del estado en el municipio de Los Cabos (El Organismo, 051121). Este inmueble se encuentra en uno de los barrios más exclusivos de San José del Cabo, la cabecera municipal, en el corazón de la zona turística, a unos metros de la zona de playa y, significativamente al lado del panteón histórico. También sobre una avenida muy transitada por la población cabeña y por los turistas.

La propiedad está valorada en un millón y medio de dólares, es decir, unos 33 millones de pesos. El gobernador dice que el monto de la venta de esa propiedad del pueblo sudcaliforniano se utilizará para pavimentar la avenida Nicolás Tamaral, una de las más importantes de Cabo San Lucas. Hay que decir que la calle Tamaral es una de las vías principales de Cabo San Lucas y ya está en un programa federal de pavimentación de la SEDATU. También que a los precios actuales la privatización de este inmueble público estatal, de realizarse según los deseos del gobernador, alcanzarían para poco menos que un kilómetro de “pavimento”.

¿Qué sucederá con el inmueble una vez privatizado? Ya no será asunto público, sino privado. Pero es una propiedad raíz que, como sucede en Los Cabos, sólo aumentará su valor y precio de mercado. Quien compre esta propiedad al pueblo de Baja California Sur resultará muy beneficiado de manera exclusivamente particular.

¿Cómo entender la lógica del gobernador para vender una propiedad raíz de alto valor comercial y ubicación estratégica en uno de los principales fraccionamientos de lujo del principal destino turístico de México en el occidente, y luego utilizar el producto de la venta en la pavimentación de una avenida?

Esto ya sucedió en el caso de la privatización de El Mogote: intercambiar territorio para pavimentar una avenida. El gobierno de Leonel Cota Montaño supuestamente utilizó el ingreso por la venta de 350 hectáreas en El Mogote para pavimentar unos pocos kilómetros de calle. También ya contamos con estudios académicos que investigan, describen y explican este fenómeno del pensamiento cochista (o centrado en el uso de vehículos particulares) de los gobernantes mexicanos en los últimos tiempos (recomiendo el fabuloso resumen que hace de esto Frank Aguirre R. en La calle es nuestra, AE, 2017). El gobernante favorece el uso de automóvil particular y genera obras innecesarias pero vistosas para sus usuarios ignorando otros tipos de movilidad humana.

También alguien podría señalar que la acción del gobernador Castro Cosío se da desde un  discurso populista de izquierdas: en esta lógica, el gobernante en funciones considera que es agradable para el pueblo sudcaliforniano castigar el derroche del anterior gobernante.  El edificio de la representación del gobierno del estado en Los Cabos es una mansión, pequeña para la opulencia del barrio residencial donde se encuentra, pero ominosa para una población cabeña que en su mayoría carece de vivienda propia. Incluso en los medios se habla de “la mansión que se mandó construir Carlos Mendoza Davis en Los Cabos”, como si la persona del ex gobernador fuera propietario de ella. El castigo: el escarnio mediático y la venta de la mansión de lujo.

Siguiendo esta lógica del actual mandatario sudcaliforniano para esta propiedad pública en San José del Cabo también habría que vender la casa de El Caimancito en La Paz, la otrora mansión donde residían los gobernantes sudcalifornianos y sus familias, y donde se recibía a visitantes distinguidos. Pero sobre El Caimancito dijo primero que pondría su uso a consulta (El Independiente, 161021) y luego que se rentaría el predio a una cadena de hoteles de lujo (El Sudcaliforniano, 071121). Es decir, no se venderá, pero ya no será para el uso del pueblo sudcaliforniano y la ganancia durante su operación será para un particular. Eso sí, indica el mandatario sudcaliforniano, la renta del inmueble no irá a pavimentación sino a “deporte y cultura”.

No podemos olvidar que durante la campaña electoral, en cada acto público, en los debates y declaraciones prometió que en cuanto comenzara su administración, a “deporte y cultura” iría el total del gasto de imagen publicitaria ejercido por el anterior gobernador. ¿Rentando El Caimancito a una trasnacional hotelera beneficiará con servicios culturales y deportivos a los sudcalifornianos durante su gobierno? ¿Por qué no lo hace al revés: cumplir lo que prometió en campaña y rentar el inmueble para pagar lo que antes se catalogaba como “difusión de la imagen del gobernador?

Es muy lamentable que una de las propiedades más históricas de Baja California Sur, núcleo y reducto final de una enorme reserva territorial privatizada en los gobiernos neoliberales sudcalifornianos, termine convertida en un hotel de lujo para los altos funcionarios o para personas particulares que lo puedan pagar. ¿Acaso no hay más posibilidades que la renta-privatización del histórico predio e inmueble? El gobernador mencionó que ya se intentó hacer un acuario ahí y fue un fracaso, pero no ha explicado por qué fracasó. Fue durante el gobierno de Narciso Agúndez Montaño y claramente era una buena idea convertida luego en un negocio de particulares, como el Pabellón Cultural de la República de Cabo San Lucas, o como los Centros de Convenciones de La Paz y Los Cabos. Es decir, fracasaron por la corrupción en la acción gubernamental, no porque hubiera una maldición esotérica que impidiera un uso público que dé orgullo de lo público al pueblo que es su propietario.

Tal vez el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío no es un neoliberal en su propia concepción de sí mismo. Pero si su gobierno comienza vendiendo o rentando propiedades públicas “para pavimentar” o para torcer el cumplimiento de una de sus principales promesa de campaña, no importa que no lo sea o diga que no lo es: sus acciones sí lo son. Muy neoliberales.

Escuchamos atentamente sus discursos antes, durante y después de la campaña que lo llevó a la gubernatura y siempre sus palabras han estado con el bien común, con el humanismo y con el interés social. Pero quienes siguen al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocen de ciencia política, historia o lingüística, o miraron el decir y actuar de los gobiernos neoliberales mexicanos de las últimas cuatro décadas pueden identificar fácilmente la diferencia entre el discurso político y la práctica o realidad política.

Así, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío podrá tener un discurso diametralmente diferente al mandatario anterior, Carlos Mendoza Davis. Pero sus acciones en cuanto a privatización de bienes públicos se refiere son las mismas. El gobernador sudcaliforniano también podrá tener un discurso similar al presidente AMLO, pero sus acciones son diametralmente diferentes. Lo demuestran estos casos de la privatización del edificio de la representación del gobierno del estado en Los Cabos y la posible renta de El Caimancito.

¿El gobernador quiere beneficiar al pueblo cabeño y sudcaliforniano? No privatice espacios o inmuebles públicos, gobernador. Si no sabe qué hacer puede recurrir al ejemplo de AMLO y del pasado peninsular. ¿Se imagina que el presidente López Obrador, apenas entrado a su histórico gobierno en 2018, hubiera puesto a la venta o renta la casa presidencial de Los Pinos, por ser una representación del derroche de los gobiernos del periodo neoliberal? Al contrario, está transformando Los Pinos en un centro cultural y ambiental que será puente de conexión física, social y cultural entre las zonas más ricas y las más pobres del occidente de la Ciudad de México.

El presidente AMLO, tal como prometió en campaña, vendió o intentó vender bienes muebles, todos de lujo, como el avión presidencial, los vehículos blindados, etc. Pero no inmuebles. Porque los inmuebles aumentan su valor con el tiempo y volver a comprar o recuperar mediante expropiación predios necesarios para el desarrollo de las comunidades es después muy caro, como sabe cualquier planeador de cualquier instancia pública. Si esta comparación sólo parece válida para el caso de El Caimancito ─pues fue el equivalente estatal de Los Pinos desde su construcción en 1948 hasta 1999─, y el edificio de la representación del gobierno del estado en Los Cabos tiene algún estigma por su uso profano: ahí está el caso del Casino Aguacaliente de Tijuana: de prostíbulo de lujo, luego de su expropiación fue convertido en una ciudad del conocimiento: un proyecto que hizo nacer las instituciones educativas y culturales más importantes de Baja California y todo noroeste de México.

¿Por qué el actual gobierno no devuelve estos inmuebles a su función pública, para el bienestar colectivo y desarrollo del pueblo sudcaliforniano mediante la educación y la cultura, para la integración familiar y comunitaria, para generar vínculos entre los distintos sectores de la  sociedad, para garantizar el acceso a la playa a los paceños, en fin, para obtener beneficios económicos, sociales, culturales y políticos de largo plazo? 

Pongo aquí de ejemplo un uso público, de tipo social, educativo, cultural, turístico y de generación de empleos e ingresos propios para el edificio de la representación del gobierno de estado en Los Cabos: su conversión en Casa del Libro Sudcaliforniano, como la que existe ya en La Paz. Un recinto público bajo la administración del instituto estatal de cultura en el que se muestra la riqueza cultural sudcaliforniana desde la cultura escrita y las artes visuales que se producen en el estado. Los componentes de librería, galería de arte, sala de lectura, cafetería y foro público de una Casa del Libro Sudcaliforniano caben perfectamente en las instalaciones que el anterior gobernador Mendoza mandó construir y que el actual gobernador Castro Cosío quiere vender. Una Casa del Libro Sudcaliforniano en el corazón de la zona turística de la capital cabeña serviría de puente cultural de la población local con los visitantes. Sería también un espacio público de interés social, de acceso libre, con una oferta multicultural y de reconocimiento de lo mexicano y lo sudcaliforniano para que la gran cantidad de trabajadores mexicanos que tienen sus centros de trabajo en esa zona turística.  Serviría también para que los turistas aprecien desde el arte y la cultura a la población sudcaliforniana, y conozcan más a profundidad la tierra que visitan.

Para las instalaciones propiedad del pueblo sudcaliforniano en El Caimancito en La Paz el gobernador podría recurrir a diversas instancias públicas estatales y federales para encontrar un proyecto público sustentable y generador de mayores ingresos directos mediante la cultura, el arte y el deporte. En El Caimancito caben usos de centro cultural estatal o federal, escuelas de navegación a remo o vela, extensiones universitarias o centros de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad Autónoma de Baja California Sur, un museo de la ciudad de La Paz como el planteado por Gilberto “Tito” Piñeda, una escuela de artes y oficios del Instituto Nacional de Bellas Artes, o el museo del mar (pero bien hecho). Cabe incluso un balneario público administrado por API al modo de El Coromuel.

Es posible que no se recupere en dinero de manera directa lo que se invirtió de recursos públicos en su reconstrucción durante el gobierno de Marcos Covarrubias o su acondicionamiento de lujo con Carlos Mendoza. Pero estos proyectos evitarían la privatización de su uso y su usufructo. Por el contrario, generarían mayor valor a todos los fraccionamientos adyacentes, vincularía esa zona de la ciudad con la población paceña que no vive ahí pero acude a disfrutar de sus playas, áreas de recreo y deporte. También contribuiría a acercar a los vecinos residentes, extranjeros o nacionales, con las distintas y ricas expresiones de la cultura estatal.

Porque sólo entregar en renta a particulares el usufructo de ese recinto histórico tan caro (en todos los sentidos) al pueblo de Baja California Sur coloca a Víctor Manuel Castro Cosío como un continuador de la obra del anterior gobernador panista. ¿Acaso el actual gobernador en campaña no criticó la enorme inversión pública estatal en instalaciones deportivas de La Paz que luego fueron usufructuadas como negocio por empresas privadas? ¿Qué diferencia tendría en este sentido el gobernador Castro con el gobernador Mendoza al poner a la renta El Caimancito?

Por último, pero no menos importante: hay que recordar que es facultad legal del gobernador sudcaliforniano iniciar la desincorporación de bienes públicos a su libre albedrío, cierto, pero también es una desincorporación que, indican las leyes estatales, debe ser aprobada por el Congreso del Estado de Baja California Sur. ¿Validarán las diputadas y diputados de MORENA y PT la privatización de inmueble estatal en San José del Cabo y la conversión en hotel privado de El Caimancito? ¿Apoyarán las fracciones legislativas opositoras esta iniciativa? ¿Qué pensarán los cabeños de este giro mercantil con lo que fue una propiedad donada para fines públicos estatales? ¿Qué ayuntamiento querrá donar inmuebles al gobierno estatal en el futuro si estos después pueden terminar en manos de particulares?

Trabajamos porque un día el pueblo sudcaliforniano, en plebiscito o referéndum vinculantes y de cumplimiento obligatorio, puedan decidir sobre el uso y usufructo de sus bienes muebles e inmuebles. Por ahora, les solicitamos, para éste y otros casos: aténganse a lo que dicen las leyes, gobernador, diputadas, diputados y otros servidores públicos involucrados: el interés colectivo por encima del interés privado. Dejen de socializar las pérdidas para privatizar las ganancias. Demuestren con hechos que son seguidores de la cuarta transformación de México por la que llegaron a sus cargos en el servicio público sudcaliforniano.

sandinogamez@gmail.com