«Por cierto! Que señal más inequívoca de censura y oídos sordos a todos los sectores de la sociedad, bloqueando y eliminando comentarios que expresan las razones por los que NO SON BIENVENIDOS!!! La misma puerca pero revolcada!!!», dice uno de los comentarios.

Una fotografía del sol por encima de los cerros paceños fue publicada ayer en Facebook por la Administración Portuaria Integral (API-BCS) en la cuenta de esta paraestatal. Entre el sol, los cerros y el fotógrafo, aparece interpuesto el puerto Pichilingue y el crucero «Grand Princess» flotando en calma. Sobre la imagen las palabras «Damos la bienvenida al crucero Grand Princess de la cadena Princess Cruises atracado el día de hoy en el Puerto de Pichilingue. ¡Sean todos bienvenidos a La Paz!».

Inmediatamente después, usuarios de Facebook dejaron ver su inconformidad con un ya incalculable número de comentarios respecto a los impactos negativos del arribo de cruceros a la bahía, algunos con enlaces sobre noticias de otras partes de México, sobre todo en Quintana Roo, que delataban el problema natural, social y económico que ese tipo de «desarrollo» significa. Para sorpresa de muchos, gran parte de los mensajes de inconformidad fueron borrados por API-BCS, y algunos usuarios bloqueados, lo que provocó un nuevo motivo de reclamo.

«Bienvenida la muerte ecológica a costa del enriquecimiento de unos cuantos. Mientras otras ciudades del mundo prohíben este turismo depredador, acá la API le sigue dando la bienvenida a las máquinas de muerte que va a desaparecer corales, tiburón ballena y cuanto se encuentre».

«La sociedad organizada de La Paz, la comunidad científica, junto con el gremio de capitanes y guías del sector de turismo náutico decimos NO A LOS CRUCEROS. No queremos desastre ecológico y más contaminación».

«NADIE quiere a los Cruceros aquí en La Paz!!! Víctor Manuel Castro Cosío representa a tu ciudadanía!! Milena Quiroga Romero no lo permitan… Aprendan de otros lados del mundo donde ya afectaron los cruceros! La Paz es un destino ECOTURÍSTICO!!!!».

«Por cierto! Que señal más inequívoca de censura y oídos sordos a todos los sectores de la sociedad, bloqueando y eliminando comentarios que expresan las razones por los que NO SON BIENVENIDOS!!!  La misma puerca pero revolcada!!!»

Éstos son una muestra de los comentarios. Cabe resaltar que los usuarios parecen tener una muy respetable noción de la amenaza a la que se enfrentaría la ciudad y sus habitantes en caso de ser aprobado el proyecto de Ampliación de Muelle API-BCS Pichilingue.

En la publicación se pueden identificar activistas, académicos, artistas, población en general y uno que otro periodista al que también le borraron comentarios. Respecto a esta clase de censura, el abogado Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas de Delito declaró:

«Cuando una dependencia pública bloquea de sus redes sociales a un particular o elimina sus comentarios atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información. La página oficial de una dependencia tiene como objetivo primordial informar a los usuarios en particular y al público en general sobre sus actividades en el ámbito de su competencia. Si la red social que utiliza permite la interacción, los comentarios que viertan los particulares sobre los temas expuestos no podían ser borrados ni bloqueados porque ellos significa violentar el derecho a la información y la libertad de expresión».

Agregó que «la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde marzo de 2019 estableció un criterio sobre este tema y se decantó a favor del derecho a la información y la libertad de expresión en las redes sociales, al resolver el amparo en revisión 1005 diagonal 2018. La Segunda Sala de la Suprema Corte ordenó al fiscal general de Veracruz desbloquear la cuenta de un periodista en la red social Twitter. En la resolución se sostuvo que el bloqueo corresponde a un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información».

Rubio Ruiz expresó también la importancia que subyace al criterio de la Suprema Corte, en cuanto a que el gobernado debe tener conocimiento de las actividades de la dependencia, y ésta puede ser cuestionada por el gobernado, conociendo la información oficial, así sea a través de una red social. A través del ejercicio del comentario, respuesta y observación, la dependencia puede conocer el sentir de los ciudadanos, su parecer y su percepción del desempeño que está teniendo. Es un ejercicio tal vez incómodo para la dependencia, pero saludable para la sociedad. Por lo tanto «ningún organismo público puede suprimir comentarios o bloquear a usuarios de las redes sociales oficiales».