Daniela Reyes

La perspectiva de género aplicada al ámbito político, y concretamente  en el marco de las elecciones, ha sido controversial desde que se impulsaron las cuotas de género, posteriormente la paridad, y ahora con la violencia política en razón de género, ya que a pesar de que todas estas son acciones que tienen como objetivo reducir o eliminar la brecha en la participación política de hombres y mujeres en las elecciones y generar igualdad de condiciones, son herramientas que pueden ser utilizadas en sentido positivo o negativo.

Por lo tanto, la intención de esta columna es mostrar los casos de violencia política más relevantes en los que se ha emprendido un proceso de denuncia formal con diferentes intencionalidades, así como los resultados que se han obtenido de estas, todo en el marco de las elecciones en Baja California Sur 2021.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?

El 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron y adicionaron disposiciones en materia de Violencia Política hacia las Mujeres en Razón de Género, dirigidas a diversas leyes, protocolos y reglamentos con el objetivo de garantizar la representación de las mujeres y de que se respeten sus derechos humanos en el ámbito político y electoral.

De acuerdo con la Guía para Atender la Violencia Política de Género en Baja California Sur, existe este tipo de violencia cuando hay acciones u omisión, incluida la tolerancia, que están basadas en elementos del género, que puede ser ejercida en la esfera pública o privada, y que tiene por objetivo o resultado limitar, anular o menoscabar los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Esta violencia está basada en elementos de género cuando las acciones u omisiones se dirigen a una mujer por su condición de mujer, presentan concepciones basadas en estereotipos y prejuicios de lo que representa lo femenino; también cuando estas acciones u omisiones afectan de manera desproporcionada a las mujeres o tienen un impacto diferenciado en ellas.

Las víctimas directas más frecuentes son mujeres, pero también puede ser un grupo de mujeres, e incluso se pueden contemplar a víctimas indirectas o potenciales de la agresión; mientras que los agresores, pueden ser institutos, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación, y en general cualquier persona o grupo de personas.


La contemplación de la violencia política de género, se suma a otras iniciativas como la de las cuotas de género y/o la paridad y de la perspectiva de género, que contribuyen al reconocimiento y respeto de la igualdad entre mujeres y hombres, y mejorar las condiciones de la participación.

PAN, LAS MUJERES RECLAMAN JUSTICIA

El primer caso de violencia política de género tiene que ver con la denuncia de la consejera nacional en la entidad del Partido Acción Nacional (PAN),  Alicia Uribe Figueroa, en contra de la dirigencia del partido, Carlos Rochín Álvarez y de la Comisión Permanente del Consejo del PAN local, quien señaló que se violentaron sus derechos partidistas en el proceso de designación de candidaturas a diputaciones plurinominales locales, donde se asignó la primera posición a Daniela Rubio, actual diputada en el Congreso del Estado de BCS, puesto que obtuvo a través del Partido Humanista.

Uribe Figueroa, señaló que, de acuerdo con la Ley Electoral, para meritoriamente merecer ese puesto, la persona debe cumplir con la representatividad, identidad y pertenencia al partico político en cuestión y, por lo tanto, calificó a Daniela Rubio como “una mujer sin categoría y calidad de militante del PAN”.

La denuncia se dio a conocer después de que Maritza Muñoz renunciara como secretaria de Promoción Política de la Mujer en el PAN BCS, bajo el argumento de que el objetivo de su cargo era defender los espacios al interior del partido y los derechos político-electorales de las mujeres, pero esto se le había impedido, ya que se le dejó fuera de la toma de decisiones en el proceso de selección de candidatos/as.

Las dirigencias del partido atropellaron el derecho legítimo de las mujeres a ocupar los puestos que por su trayectoria y preparación les correspondía y por los que han luchado tanto al interior de sus partidos. En su lugar, las dirigencias partidistas (que en BCS son 100% masculinas) tomaron decisiones a su conveniencia a espaldas de las mujeres de su partido, y siguieron utilizando a otras para representar sus intereses en ámbitos de gran interés como el Congreso del Estado.

Por su parte, Daniela Rubio aceptó un puesto que no le correspondía, pasando por encima de otras mujeres, en un claro ejemplo de querer el poder, aunque eso represente pisotear a otras y reafirmar el pacto patriarcal para escalar. En su ascenso no reconoció a las mujeres con trayectoria y sus derechos, y sin remordimiento ni sensibilidad de género, invadió y se adueñó de esos espacios. Peor aún, todo fue por el designio de hombres que presuntamente la premiaron por representar los intereses del Gobernador panista Carlos Mendoza Davis (PAN) en el Congreso del Estado, quien con su intromisión lo tiene congelado desde el año pasado.

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO POR EL PODER

También Armida Castro Guzmán en su afán de reelegirse como presidenta municipal de Los Cabos, recurrió a denunciar al dirigente estatal de Morena, Alberto Rentería Santana, por no resultar beneficiada en el proceso de selección de candidatos/as, reclamando que se estaban violentando sus derechos político-electorales.

Castro Guzmán acusó de misógino y de obstaculizar sus aspiraciones a Rentería Santana, por lo que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) resolvió que a través de diversas manifestaciones públicas en redes sociales y entrevistas a medios de comunicación, efectivamente el acusado cometió violencia simbólica, al afirmar que la alcaldesa era una opción “poco competitiva” para contender en Los Cabos,  y debido a esto aprobaron una multa equivalente a 90 UMAS y medidas de reparación y no repetición, así como una disculpa pública y aclaración de sus expresiones.

Rentería Santana también quedará inscrito por tres años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política en Razón de Género, lo cual pone en riesgo su permanencia al frente de Morena y su posible candidatura a una diputación federal.

En respuesta a esta resolución Rentería formuló una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que fue declarada improcedente y en su lugar se ratificó la sentencia. Después de esto, Armida Castro intentó iniciar un proceso en contra del líder del Partido del Trabajo, Luis Armando Díaz, y del vocero de Morena, Pedro Magallón, por el mismo delito, sin embargo, el TEE lo declaró improcedente.

Recientemente, Castro Guzmán abandonó su batalla por la reelección en como presidenta municipal de Los Cabos por Morena y se afilió al Partido Verde Ecologista (PVE) en donde presentó su registro como candidata a la gubernatura de BCS.

MUJERES SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO

En un tercer caso tenemos la denuncia de la diputada Mercedes Maciel por el Partido del Trabajo en contra de la senadora con licencia y candidata a la presidencia municipal de Los Cabos, Guadalupe Saldaña, por violencia política en razón de género ante el IEE BCS, debido a las declaraciones hechas a los medios de comunicación que reproducía conductas discriminatorias hacia las mujeres.

Saldaña expresó que “las mujeres que no den resultados que se vayan a su casa y se dediquen a otra cosa”, por lo tanto, fueron señaladas por Maciel como discriminatorias y sexistas al reproducir estereotipos de género, sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral (TEEBCS) descartó la queja debido a que las expresiones de Guadalupe Saldaña “carecen de dos elementos: falta de componente de género y la vulneración de derechos políticos electorales de las mujeres”, y por falta de pruebas consideró inexistente de la infracción o delito.

Aunque no se acreditó esta queja, quedó en evidencia que las mujeres también deben esforzarse para renunciar al pacto patriarcal, para no seguir reproduciendo y dejar de perpetuar la violencia y la discriminación. Es muy grande el reto, y hasta este momento pocas mujeres han podido representar de verdad una forma distinta de hacer política formal más justa y democrática.

También vale la pena resaltar que este era el camino que debíamos y debemos transitar. Las mujeres no son perfectas, ni las medidas impulsadas garantizan que todas las mujeres que participen en la vida pública lo van a hacer con perspectiva de género e impulsando la agenda feminista, por lo tanto, creo que es responsabilidad también de la sociedad exigir, presionar y descartar a hombres y mujeres machistas para ocupar cargos públicos.

ESCENARIOS ADVERSOS PARA LAS MUJERES

Finalmente, el cuarto caso se trata de un grupo de mujeres militantes del Partido BCS Coherente que denunciaron al líder, Yhassir Pantoja por Violencia Política en Razón de Género, debido a acoso y presiones que las llevaron a desistir en sus aspiraciones a candidaturas y al propio partido.

Después de no recibir respuesta favorable y en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, un grupo de mujeres anunciaron que abandonaban el partido político, ya que la respuesta a la denuncia por parte del TEE fue solamente el ordenamiento de medidas cautelares a los directivos, estatales, municipales y militantes que consistían en “que se abstengan de emitir actos de molestia, acoso, hostigamiento o amenazas en contra de las promoventes (…) y abstenerse de obstaculizar el desempeño del cargo intrapartidario o el libre ejercicio de los derechos políticos electorales como militantes del partido de las promoventes”, como si esto fuera suficiente para garantizar que la violencia cesaría, incluso cuando el partido tienen un historial de más de 2 años y medio de irregularidades, incumplimientos y faltas ante el IEE, además de más de 200 juicios de militantes y afiliados/as de BCS Coherente inconformes con los incorrectos procedimientos para la integración de los órganos internos.

En esas condiciones partidistas cómo se puede garantizar un espacio libre, seguro e igualitario para las mujeres. El partido se esfuerza en ser antidemocrático y obstaculizar el ejercicio de los derechos político-electorales a sus militantes en general, mientras que a las mujeres además se les acosa y hostiga.

En estos cuatro casos, podemos apreciar como en ocasiones la violencia de género es utilizada como una estrategia para obtener el poder por el poder, sin ninguna intención por transformar la política ni mejorar las condiciones para las mujeres en estos ámbitos, sino que las mujeres parecen continuar alienadas al pacto patriarcal. Mientras que otras, sensibilizadas e informadas de sus derechos reclaman y  actúan de manera congruente con sus principios, aunque eso implique señalar a su partido y a sus dirigencias, e incluso renunciar a aspiraciones y al partido, lo cual evidencia los escenarios tan adversos y violentos que siguen enfrentando las mujeres en la política. A ellas les digo: ¡No están solas!

No basta con una mayor representación de mujeres y con las herramientas para denunciar la violencia política en razón de género, sino que estos necesitan estar acompañados por procesos culturales de mayor concientización social, de tal forma que cada vez sea más inaceptable que agresores/as detenten cargos públicos  o actúen sin perspectiva de género.

Por otra parte, la participación de las mujeres en la política debe ser consciente de que llegaron a ese puesto gracias a la historia y la lucha del movimiento feminista, gracias a la cual resultaron beneficiadas, por lo tanto, lo menos que pueden hacer es retribuir un poco impulsando la agenda feminista, incluyendo la perspectiva de género en todas sus acciones y buscar a toda costa transformar estos espacios patriarcales en otros más democráticos y justos para todos, todas y todes.

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