En una decisión que generó preocupación de defensores ambientales, el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California Sur (BCS) ha negado el amparo para la defensa ambiental contra megaproyectos cercanos a Cabo Pulmo.

A pesar de reconocer las omisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la evaluación de los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de ocho proyectos autorizados en Cabo del Este, BCS, el tribunal ha determinado que la demandante “carece de interés legítimo”.

Lo anterior trascendió através de un comunicado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), que informa de la presentación de el recurso de revisión contra la sentencia emitida el pasado 16 de junio.

La organizacion de la sociedad civil considera que el caso no fue tratado con la seriedad y la profundidad necesarias y que las pruebas presentadas por el CEMDA no fueron valoradas de manera adecuada; además consideran que la decisión del tribunal va en contra de lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo de Escazú, que exige el acceso a la justicia ambiental.

La región de Cabo del Este, ubicada en el municipio de Los Cabos, BCS, ha sufrido un acelerado crecimiento debido a la instalación de múltiples proyectos turísticos e inmobiliarios. Sin embargo, esta expansión ha tenido graves repercusiones para el medio ambiente y, en particular, para el Parque Nacional de Cabo Pulmo, considerado el arrecife más importante del Golfo de California. A pesar de las omisiones reconocidas por el juez en la evaluación de los impactos ambientales, la negación del amparo pone en riesgo la preservación de este valioso ecosistema.

El recurso de revisión presentado por el CEMDA destaca que el daño ambiental constituye una clara violación al derecho humano a un medio ambiente sano, afectando a todas las personas, sin importar si viven cerca del área afectada o no. Es fundamental garantizar que las organizaciones defensoras de derechos humanos tengan acceso a la defensa ambiental mediante el amparo, y esta negación representa un retroceso en la protección del medio ambiente en México.

Es alarmante recordar que el informe sobre la situación de personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en México registró 582 agresiones diversas cometidas en tan solo el año 2022. Estas cifras demuestran la creciente vulnerabilidad y los riesgos que enfrentan quienes se dedican a la defensa del medio ambiente en el país.

En este contexto, es imperativo resaltar el papel crucial que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la facilitación del acceso a la justicia ambiental y en la protección de las personas afectadas por daños ecológicos. Se hace un enérgico llamado al Tribunal Colegiado para que reconozca el interés legítimo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y promueva acciones legales frente a los daños ambientales. La negación del amparo no puede ser un obstáculo para la defensa del medio ambiente y la protección de nuestros recursos naturales.